Una jueza federal en Miami ha rechazado suspender su orden que exige el desmantelamiento del centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida, conocido como “Alcatraz de los Caimanes”, al tiempo que el gobierno federal apela su fallo.

Los abogados del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos indicaron en su solicitud de suspensión que la orden emitida la semana pasada por la jueza federal de distrito Kathleen Williams afectará la capacidad del gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración. La jueza negó su solicitud.

Grupos ambientalistas y la Tribu Miccosukee, cuya demanda llevó al fallo de la jueza, se habían opuesto a la solicitud de suspensión.

La jueza señaló en la orden de la semana pasada que esperaba que la población de la instalación disminuyera dentro de 60 días mediante la transferencia de los detenidos a otras instalaciones, y una vez que eso ocurra, se deberán retirar las cercas, la iluminación y los generadores. Escribió que los demandados estatales y federales no pueden trasladar a nadie más que a aquellos que ya se encuentran detenidos en la instalación a la propiedad.

Grupos ambientalistas y la Tribu Miccosukee habían argumentado que se debía detener la construcción y las operaciones hasta que las autoridades federales y estatales cumplan con las leyes ambientales federales. Su demanda afirmaba que la instalación amenazaba humedales ambientalmente sensibles que son hogar de plantas y animales protegidos y revertirá miles de millones de dólares invertidos durante décadas en la restauración ambiental.

El centro de detención se construyó rápidamente hace dos meses en un aeropuerto de entrenamiento de una sola pista y poco utilizado en medio de los Everglades. Las autoridades estatales firmaron más de 245 millones de dólares en contratos para construir y operar la instalación, que se inauguró oficialmente el 1 de julio.

El presidente Donald Trump recorrió la instalación el mes pasado y sugirió que podría ser un modelo para futuros centros de detención en todo el país al tiempo que su gobierno se apresura a expandir la infraestructura necesaria para aumentar las deportaciones.

El mes pasado, grupos en defensa de los derechos civiles también presentaron una segunda demanda contra los gobiernos estatal y federal por prácticas en la instalación de los Everglades, alegando que a los detenidos se les negaba el acceso al sistema legal. La semana pasada, otro juez federal en Miami desestimó partes de la demanda que se había presentado en el distrito sur de Florida y luego trasladó los cargos restantes contra el estado de Florida al distrito medio vecino.

El viernes pasado, grupos de derechos civiles presentaron una tercera demanda sobre prácticas en la instalación en un tribunal federal en Fort Myers, solicitando una orden de restricción y una orden judicial temporal que prohibiera a las agencias de Florida y sus contratistas mantener detenidos en “Alcatraz de los Caimanes”. Describieron “problemas graves” en la instalación que eran “previamente desconocidos en el sistema de inmigración”. Los detenidos estaban siendo retenidos durante semanas sin cargos, habían desaparecido del localizador de detenidos en línea del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y nadie en la instalación estaba tomando decisiones iniciales de custodia o fianza, de acuerdo con los grupos de derechos civiles.

La inmigración es un asunto federal, y las agencias de Florida y los contratos privados contratados por el estado no tienen autoridad para operar la instalación, argumentaron los grupos de derechos civiles al solicitar que su demanda se certifique como una demanda colectiva.

El gobierno estatal del republicano de Florida, Ron DeSantis, se está preparando para abrir una segunda instalación de detención de inmigrantes apodada “Depósito de Deportación” en una prisión estatal en el norte de Florida.