El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) no podrá usar el dispositivo de contención corporal llamado WRAP, según un nuevo proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes el miércoles.

La “Ley de Prohibición de Dispositivos de Contención Corporal”, impulsada por la representante estadounidense Delia Ramírez, demócrata por Illinois, prohibiría la compra futura del dispositivo y establecería requisitos de supervisión e informes.

Al anunciar la legislación, Ramírez citó una investigación de Associated Press que reveló varios ejemplos de uso del dispositivo por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), parte del DHS, en personas, a veces durante horas, en vuelos de deportación, desde 2020.

El WRAP “alimenta la destrucción en nuestras comunidades y el sufrimiento humano. Esta legislación es un paso más para poner fin al dolor y la violencia causados por el DHS”, declaró Ramírez en un comunicado.

Fabricado por Safe Restraints Inc., con sede en California, el WRAP ha sido objeto de varias demandas federales que vinculan su uso incorrecto con castigos e incluso torturas. Defensores de derechos humanos han expresado su preocupación por el hecho de que el ICE no esté monitoreando el uso del WRAP, como lo exige la ley federal, cuando los agentes emplean la fuerza, lo que dificulta determinar con exactitud cuántas personas están siendo sometidas a estas restricciones.

Además de informar sobre el uso del dispositivo por parte del ICE, AP identificó una docena de casos mortales en la última década en los que la policía local o los carceleros de todo Estados Unidos utilizaron el WRAP y las autopsias determinaron que la “restricción” influyó en la muerte.

El DHS no ha respondido a las preguntas detalladas de AP sobre el uso del WRAP ni a una solicitud de comentarios sobre el proyecto de ley.

AP concluyó que el ICE ha utilizado el dispositivo a pesar de las preocupaciones internas expresadas en un informe de 2023 de la división de derechos civiles del DHS, en parte debido a los informes de muertes relacionadas con el uso del WRAP por parte de las fuerzas del orden locales.

Ramírez también citó un informe de Bloomberg Law sobre el WRAP. Los registros federales de compras muestran que el DHS pagó a Safe Restraints Inc. $268,523 desde que comenzó a comprar los dispositivos a finales de 2015, durante la administración Obama, hasta junio de 2025. Los registros gubernamentales de compras muestran que las dos administraciones Trump han sido responsables de aproximadamente el 91% de ese gasto.

Charles Hammond, director ejecutivo de la compañía, declaró que el WRAP fue diseñado para brindar una “alternativa más segura, humana e indolora a otros métodos de contención”.

“Eliminar el WRAP de estas situaciones no conduciría a resultados más seguros; obligaría a volver a métodos de contención alternativos y tácticas que han demostrado causar dolor, lesiones e incluso la muerte”, afirmó Hammond.

La compañía fabricó una versión modificada del dispositivo para el ICE, explicó Hammond. La versión del ICE incluía cambios para permitir que las personas permanecieran en él durante vuelos y viajes largos en autobús.

Aun así, los funcionarios del ICE tienen un umbral mucho más bajo para implementar el WRAP de lo que recomienda el fabricante, según descubrió AP. Los detenidos entrevistados por AP afirmaron que los agentes del ICE les aplicaron las restricciones después de haber sido encadenados. Afirmaron que esto se hizo para intimidarlos o castigarlos por solicitar hablar con sus abogados o expresar temor a ser deportados, a menudo a lugares de los que huyeron debido a la violencia y la tortura.

Hammond declaró a AP que, si bien es cierto que algunas personas no estaban siendo violentas y simplemente protestaban verbalmente, colocarlas en el WRAP podría ser un uso indebido.

Tras la investigación de AP en octubre, un grupo de 11 senadores demócratas estadounidenses escribió una carta a altos funcionarios de inmigración citando la investigación de AP y afirmando que el uso de restricciones corporales completas por parte del ICE a bordo de vuelos de deportación plantea “serias preocupaciones en materia de derechos humanos”.