Los Ángeles— El enfrentamiento sobre la decisión del presidente Donald Trump de enviar tropas a Los Ángeles para sofocar las protestas de inmigración se llevará a cabo en una audiencia judicial el jueves. El gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ambos demócratas, se oponen a la presencia militar y dicen que Trump ha abusado de su autoridad.

Trump ha ordenado el despliegue de aproximadamente 4,000 elementos de la Guardia Nacional y 700 marines en Los Ángeles tras las protestas por su intensificación de la aplicación de las leyes de inmigración.

La policía efectuó 81 arrestos el miércoles, la mayoría por no dispersarse en la segunda noche de toque de queda en el centro de Los Ángeles. Casi 470 manifestantes han sido detenidos o arrestados en Los Ángeles desde el sábado, según la policía.

Las protestas se intensificaron luego que Trump envió a los miembros de la Guardia y desde entonces se han extendido a otras ciudades, entre ellas Boston, Chicago y Seattle. Y se han programado más para este fin de semana al tiempo que Trump organiza un desfile militar en Washington.

A continuación, algunas cosas que debe saber sobre las protestas:

La guerra de palabras sobre el uso de tropas por parte de Trump para ayudar a llevar a cabo redadas de inmigración intensificadas se trasladará de las redes sociales a un tribunal federal en California el jueves por la tarde.

Newsom pedirá al juez que ordene una suspensión de emergencia del despliegue de tropas de Trump para proteger a los agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que realizan arrestos en Los Ángeles. Dice que la presencia de tropas en las redadas ha exacerbado las tensiones.

El gobierno de Trump calificó el miércoles la demanda como un “burdo truco político que pone en peligro vidas estadounidenses” y se dijo dispuesto a enviar tropas a otras ciudades para ayudar con la aplicación de la ley de inmigración y el control de disturbios. Está en línea con lo que Trump prometió durante la campaña de 2024.

En un documento judicial antes de la audiencia del jueves en San Francisco, ocho ex altos funcionarios militares dijeron que los despliegues representan “múltiples riesgos para la misión central de la Guardia Nacional y los marines, y para el bienestar de las tropas”.

Los otros 22 gobernadores demócratas están de acuerdo, calificándolo de “un alarmante abuso de poder”.

Por el lado republicano, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha desplegado más de 5.000 soldados de la Guardia Nacional de Texas y más de 2,000 policías estatales para ayudar a las fuerzas del orden locales a gestionar las protestas. La mayoría de los otros gobernadores republicanos no han dicho si harán lo mismo.

Las órdenes de Trump acercan a las tropas a participar en operativos de aplicación de la ley, incluidas deportaciones, como el presidente ha prometido como parte de su represión. La Guardia puede detener temporalmente a personas que ataquen a los agentes, pero cualquier arresto deberá ser realizado por las fuerzas del orden.

Unos 2,000 soldados de la Guardia Nacional ya están entrenados y muchos han desempeñado labores de seguridad en las protestas, y se espera que otros 2,000 se unan más tarde.

El mayor general Scott Sherman, que supervisa el despliegue de tropas de Trump, afirmó que los 700 marines desplegados en la ciudad estaban recibiendo entrenamiento en desobediencia civil en una instalación de la Armada en el condado Orange y podrían estar en las calles tan pronto a partir del jueves por la noche.

Alrededor de 500 efectivos de la Guardia Nacional desplegadas en las protestas han sido formados para acompañar a los agentes en operaciones de inmigración, apuntó.

El ICE dijo en un comunicado que los soldados estaban proporcionando seguridad en instalaciones federales y protegiendo a los agentes federales.

La policía intervino con rapidez antes de la entrada en vigor de la segunda noche del toque de queda para apartar a los inconformes de un edificio federal. Los agentes también dispararon proyectiles de control de multitudes.

El toque de queda, en vigor entre las 8:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana, se aplica en una zona de alrededor de una milla cuadrada de la extensa ciudad de unos cuatro millones de habitantes.

Casi 400 manifestantes han sido detenidos o arrestados en Los Ángeles desde el sábado. La policía dice que realizó un puñado de arrestos el miércoles por la noche, y las autoridades federales informaron del arresto de un hombre sospechoso de distribuir protectores faciales a los manifestantes.

Las protestas han surgido en más de una docena de ciudades importantes en otros estados, entre ellas Nueva York. El miércoles, la policía en Seattle arrojó gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes y los policías usaron humo y aerosol irritante para controlar a una multitud en Denver.

Para el sábado hay previstas movilizaciones en todo el país bajo el lema “No Kings” (“No a los reyes”), coincidiendo con el desfile militar programado por el presidente en Washington.

Las protestas, que comenzaron el viernes en el centro de Los Ángeles antes de extenderse a las ciudades vecinas de Compton y Paramount al día siguiente, han sido impulsadas por el malestar por la intensificación de la aplicación de las leyes migratorias por parte de Trump.

La zona es un objetivo propicio para las redadas, ya que se estima que el 10% de los residentes del condado Los Ángeles no tienen la documentación en regla para estar en el país.

Stephen Miller, jefe adjunto de despacho de la Casa Blanca y principal arquitecto de la política migratoria del presidente, dijo a finales del mes pasado que el ICE debería realizar al menos 3,000 arrestos al día. Esto supondría un aumento drástico con respecto al periodo entre el 20 de enero y el 19 de mayo, cuando la agencia realizó un promedio de 656 detenciones diarias.

Los gobernadores demócratas llamados ante el Congreso el jueves prometieron cumplir la ley en lo que respecta a la inmigración, pero insistieron en que la Casa Blanca haga lo mismo.

“Mientras hablamos, una ciudad estadounidense ha sido militarizada a pesar de las objeciones de su gobernador”, subrayó la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes. “Esto es un flagrante abuso de poder y nada menos que un ataque a nuestros valores estadounidenses”.