San Francisco— un tribunal de apelaciones se negó el viernes a congelar la orden de un juez con sede en california que impide a la administración de Donald Trump reducir la fuerza laboral federal, lo que significa que los recortes liderados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) permanecen en pausa por ahora.

Un panel dividido de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos determinó que la reducción podría tener efectos significativos en todo, desde el sistema de seguridad alimentaria del país hasta la atención médica de los veteranos, y debería suspenderse mientras se desarrolla una demanda.

Sin embargo, el juez que disintió dijo que el presidente probablemente tiene la autoridad legal para reducir el poder ejecutivo y que existe un proceso separado para que los trabajadores apelen.

La administración republicana había solicitado una suspensión de emergencia de una orden judicial emitida por la jueza de Estados Unidos Susan Illston de San Francisco en una demanda presentada por sindicatos y ciudades, incluidas San Francisco y Chicago, y el grupo Democracy Forward.

El Departamento de Justicia también apeló previamente su fallo ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, una de una serie de apelaciones de emergencia que argumentan que los jueces federales se excedieron en su autoridad.

La orden del juez cuestionó si la administración de Trump estaba actuando legalmente al tratar de reducir la fuerza laboral federal.

El presidente ha dicho repetidamente que los votantes le dieron un mandato para rehacer el gobierno federal, y recurrió al multimillonario Elon Musk para liderar la carga a través del DOGE.

Decenas de miles de trabajadores federales han sido despedidos, han dejado sus trabajos a través de programas de renuncia diferida o han sido puestos en licencia. No existe una cifra oficial para los recortes de empleos, pero al menos 75,000 empleados federales tomaron la renuncia diferida y miles de trabajadores en período de prueba ya han sido despedidos.

La orden de Illston ordena a numerosas agencias federales que dejen de actuar sobre la orden ejecutiva de la fuerza laboral del presidente firmada en febrero y un memorando posterior emitido por DOGE y la oficina de administración de personal.

Illston, quien fue nominada al tribunal por el expresidente Bill Clinton, demócrata, escribió en su fallo que los presidentes pueden realizar revisiones a gran escala de las agencias federales, pero solo con la cooperación del congreso.

Los abogados del gobierno dicen que la orden ejecutiva y el memorando que piden reducciones de personal a gran escala y planes de reorganización proporcionaron solo principios generales que las agencias deben seguir al ejercer su propio proceso de toma de decisiones.