A raíz de la reducción en matrícula, el Departamento de Educación ordenó el cierre de 59 escuelas públicas este verano.
Al menos unos $650 millones en fondos federales asignados el año pasado para el sistema público de enseñanza de Puerto Rico están congelados, a la espera de la contratación del agente fiduciario. (GFR Media)

El Departamento de Educación prevé completar en las próximas semanas la contratación de la empresa de consultoría que se encargará de la supervisión del uso de fondos federales en la agencia, una negociación que se había previsto que se completaría hacía meses.

El subsecretario asociado de Educación, Eleuterio Álamo, indicó que las negociaciones entre la firma de consultoría Alvarez & Marsal (A&M) y la agencia ya están en su etapa final.

“Ya está en la última parte de la revisión legal, entendemos que no debe pasar de este mes”, sostuvo Álamo.

Educación anunció en abril que había seleccionado a A&M para el monitoreo de los fondos federales que recibe la agencia, luego que el Departamento federal de Educación requiriera la contratación de un ente externo independiente (“third party fiduciary”) como condición para utilizar millones de dólares en asignaciones para el sistema educativo.

Tras la directriz del gobierno federal, en junio de 2019, unos $650 millones en fondos federales asignados a Educación han estado congelados. Asimismo, a Puerto Rico se le impusieron condiciones adicionales para el uso de los fondos asignados mediante la ley federal de estímulo económico para atender la pandemia, conocida como la ley Cares, para los sistemas educativos de la isla.

La búsqueda del síndico comenzó en octubre del año pasado con la publicación de una solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) y los planes iniciales de la agencia era completar la contratación para febrero de 2020. El proceso se extendió incluso más allá del 30 de julio, otro de los términos que había pautado la agencia como fecha tentativa para completar la negociación.

El secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, ha justificado las dilaciones al destacar que se trata de un contrato que se estima ascenderá a unos $45 millones. Asimismo, este ente externo monitoreará los fondos federales hasta tanto lo decida el Departamento de Educación federal y en otras jurisdicciones, como Guam o las Islas Vírgenes estadounidenses, su presencia se ha extendido hasta por más de una década.

Álamo reconoció que la congelación de fondos federales y la espera por la llegada del síndico ya ha impactado el inicio del nuevo año escolar. Por ejemplo, indicó que ha habido atrasos en la distribución de los presupuestos asignados a cada escuela pública.

“En las próximas semanas, los directores podrán ver sus presupuestos en el sistema. Estamos en el proceso del ‘third party fiduciary’ y se han tenido que hacer unos ajustes en términos del acceso que hay sobre los fondos como tal por las restricciones que hay”, señaló Álamo.