La autorización de Hacienda permitiría que unas 147 cooperativas, cerca de un centenar de bancos y aquellos municipios autorizados a vender sellos y comprobantes digitales liberen a los ciudadanos de las largas filas de las colecturías. (GFR Media)
Según la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), unos 17,000 empleados públicos podrían acogerse al retiro temprano a través de la Ley 80 de 2020. En la foto, tomada antes de la pandemia, una de las colecturías del Departamento de Hacienda.

Para evitar que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tomara la decisión de anular las Leyes 80, 81 y 82, el gobierno decidió posponer la implementación de estos estatutos que habrían facilitado el retiro temprano de miles de empleados públicos.

En una carta enviada hoy a la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, informó este viernes que el gobierno no continuará el proceso de implementación de las controversiales leyes con la expectativa de que pueda llegarse a un entendido entre las partes.

Marrero, quien actúa como representante del gobierno ante la JSF, confirmó la postura asumida por la administración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced al tiempo que aseguró que la administración buscará la forma de implementar un estatuto que le haría justicia a miles de empleados públicos, quienes se encuentran en la última parte de su vida productiva y su carrera en el servicio público y que al jubilarse, toman una decisión que impactará considerablemente su situación de vida y financiera.

Las leyes 80, 81 y 82 permiten el retiro anticipado, ofrecen el recibo de una pensión reducida a ciertos trabajadores como los miembros de la Uniformada, así como una aportación de $100 al seguro médico. En el caso de los maestros, la Ley 82 permite incluir la licencia de enfermedad acumulada para computar los años de servicio y la elegibilidad de retiro.

La decisión del gobierno se dio a conocer durante la vigésimo segunda reunión pública de la JSF, cónclave que nuevamente se llevó a cabo por la vía virtual como resultado de la pandemia del coronavirus.

En el encuentro, Jaresko se proponía solicitar autorización a los directivos del organismo para tomar acciones adicionales con las Leyes 80, 81 y 82. Ello, ante la insistencia del gobierno de continuar adelante con los estatutos a pesar de que, según la JSF, no se cumplió con los requisitos de certificación de las leyes con el plan fiscal.

Anteriormente, la JSF solicitó y consiguió en el tribunal anular la Ley 29 de 2019, que libraba a los municipios del pago de las aportaciones que deben hacer para pagar las pensiones de sus empleados jubilados.

Según la JSF, al menos 17,000 empleados públicos podrían ser elegibles para el retiro temprano, una decisión que podría costarle al fisco unos $8,300 millones adicionales por las próximas dos décadas. Ello, justo cuando el gobierno todavía no ha llegado a un acuerdo con los bonistas y crece la incertidumbre en torno a la estabilidad de las finanzas públicas como resultado del coronavirus.

El pasado 27 de octubre, una vez, el gobierno informó a la JSF que procedería con la implementación de las Leyes 80, 81 y 82, Jaresko instó a los servidores públicos que podrían ser elegibles para el retiro temprano que no hicieran ningún trámite al respecto hasta que no se aclarara la situación.

Marrero indicó que el gobierno continuará auscultando el interés de los servidores públicos en acogerse a las nuevas disposiciones aprobadas. Sin embargo, el funcionario subrayó que lo legislado no supone beneficios adicionales y se mostró confiado en que el gobierno y el ente fiscal lleguen a un acuerdo que permita dar marcha al programa, que el gobierno vislumbró como una medida para reducir la plantilla gubernamental, una de las exigencias en el plan fiscal certificado.