Después de que fuera referida por la entonces secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, la gobernadora Wanda Vázquez se defendió durante una conferencia de prensa en la Fortaleza, asegurando que no temía a la pesquisa y ordenó que se completara la entrega de los documentos al PFEI. (Ramón "Tonito" Zayas)

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) concedió una prórroga de 45 días para la investigación contra la gobernadora Wanda Vázquez y otras cinco personas en relación a la distribución de suministros después de los terremotos de principios de este año.

La entidad había asignado como Fiscal Especial Independiente (FEI) a Leticia Pabón y Miguel Colón Ortiz. Tras una prórroga, ambos tenían hasta el lunes, 19 de octubre, para completar la investigación a fondo, pero el pasado 9 de octubre sometieron otra “Solicitud de Extensión de Término Investigativo”.

Según la resolución emitida por el PFEI, ambos fiscales informaron que “debido al cúmulo de trabajo, así como la complejidad y naturaleza de la investigación, no les ha sido posible culminar la misma”, por lo que solicitaron 50 días adicionales.

El PFEI informó en la resolución que determinaron concederles 45 días a partir del lunes 19 de octubre. El nuevo término vence el 3 de diciembre, según la resolución.

Además de la gobernadora, los otros cinco investigados son la senadora Evelyn Vázquez, el secretario de la gobernación Antonio Pabón Batlle; la exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Surima Quiñones Suárez; el exsubadministrador de la mencionada agencia, José Galarza Vargas; y la ayudante especial de la Oficina de la Administradora de Adsef, María Teresa Zayas Gierbolini.

En julio pasado, el PFEI encontró causa para asignar fiscales a investigar el referido de la exsecretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones.

El informe de investigación preliminar de Justicia giró en torno a irregularidades en la distribución de los suministros del almacén de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) a los damnificados por los sismos en el sur de Puerto Rico, en enero de este año.

El Departamento de la Familia, al cual está adscrita la Adsef, había realizado una investigación interna, que resultó en el despido de Suárez Quiñones en abril, luego de que encontraron que se habían cometido irregularidades en la distribución de alimentos comprados con fondos federales del programa de Asistencia de Alimentos de Emergencia (TEFAP, por sus siglas en inglés).

Aunque los investigadores no encontraron pruebas de que Quiñones Suárez impartiera instrucciones para retener los suministros para ser distribuidos por figuras del Partido Nuevo Progresista (PNP), sí indicaron que la senadora Evelyn Vázquez tuvo “pleno conocimiento” de la logística y “aparentaba tener la autoridad para dar instrucciones”.

“Se puede concluir que la Lcda. Quiñones Suárez permitió la intervención de la senadora Vázquez en la forma y manera en que llevaría la distribución de alimentos”, lee el informe interno.

La investigación de Justicia comenzó tras recibir una querella del portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, y el representante José “Conny” Varela Fernández, por denuncias de que se estaban usando los recursos federales para beneficio político partidista.

Esta querella trajo ante la atención de las autoridades las expresiones públicas que hizo la exsecretaria de la Familia, Glorimar Andújar, quien alegó que su despido se tomó como represalia por haber suspendido a Quiñones Suárez y ordenado una investigación del supuesto mal manejo en su agencia.

Tras la suspensión de Quiñones Suárez, el secretario de la Gobernación le escribió un correo electrónico a Andújar en el que le cuestionaba sus acciones y le solicitaba que revirtiera la determinación.

La querella investigada advierte de posible aprovechamiento ilícito e influencia indebida en la conducta de un funcionario en el ejercicio de sus funciones.

El informe de Justicia, que acogió el PFEI, fue suscrito por Longo Quiñones, la directora de la División de Integridad Pública, Phoebe Isales Forsythe y el fiscal auxiliar Pedro Tomás Berríos Lara.