El proyecto que busca elevar a rango de ley la prohibición del uso de celulares para los estudiantes hasta octavo grado en las escuelas públicas ha generado una “conversación” y reflexión sobre las responsabilidades de los padres, que ha propiciado que el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, apoye la legislación.

“Prácticamente, los celulares están prohibidos en las escuelas. Nuestra reglamentación prohíbe el uso de los celulares a menos que medie un plan educativo de por medio”, planteó este domingo Ramos Parés, en respuesta a El Nuevo Día, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

“Estoy de acuerdo con la medida”, afirmó el secretario, al sostener que, pese a que ya existe reglamentación sobre este asunto y considerar que no todo requiere legislación, el Proyecto de la Cámara (PC) 179 generó “una conversación que había que tener como pueblo, levantar las responsabilidades de papá y mamá sobre el uso de estos artefactos, e igualmente la responsabilidad de nuestros funcionarios en las escuelas”.

La Cámara de Representantes aprobó el jueves el proyecto que prohibiría el uso de celulares hasta octavo grado en las escuelas públicas. Sin embargo, Ramos Parés alertó que “a nivel secundario es donde más retos hay, sin duda alguna”.

La prohibición propuesta aplicaría a teléfonos inteligentes, tabletas, relojes digitales, computadoras portátiles y equipo de juegos electrónicos.

Durante la discusión de la medida -que ya pasó a consideración del Senado-, Educación la favoreció y recomendó ampliar la restricción a nivel secundario. Mientras, la Federación de Maestros se opuso, por entender que las restricciones ya se contemplan en el Reglamento General de Estudiantes y Asistencia Obligatoria del Departamento de Educación.

Si bien apoyó el proyecto de ley, Ramos Parés recalcó que “las herramientas de control están ahí”, aunque la agencia no ha ejecutado de manera consistente la prohibición.

“Estoy convencido de que el celular en la escuela, y el uso del celular en la escuela, no es sano, no es bueno para ese estudiante y el desarrollo de ese estudiante”, manifestó el secretario.

La medida fue aprobada con 40 votos a favor y ocho en contra, incluyendo seis miembros de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) y a Nelie Lebrón y Denis Márquez, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Es una medida que responde con responsabilidad y sensibilidad al llamado urgente de proteger los centros educativos en Puerto Rico, ante los retos que plantea el uso inadecuado de los dispositivos electrónicos por parte de los estudiantes en nuestras escuelas”, señaló entonces el autor del proyecto, el representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez, del Partido Nuevo Progresista.

El PC 179 –que tiene como coautor a Héctor Ferrer Santiago, del PPD– busca prohibir, por ley, el uso de dispositivos electrónicos personales por parte de los estudiantes hasta octavo grado. Contempla tres excepciones: cuando el dispositivo se utilice para fines educativos, para comunicarse con sus padres por una emergencia o en casos de acomodo razonable.

“Hoy día, un padre o una madre desconoce el efecto que tienen los teléfonos móviles en la socialización y el desarrollo cognitivo de los niños y niñas. Las escuelas se han convertido en un escenario donde el aprendizaje compite contra las notificaciones de redes sociales, los juegos en línea y el contenido inapropiado”, expuso Navarro Suárez, durante la sesión.