Elías Sánchez Sifonte,  representante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). (Archivo/ GFR Media)
Elías Sánchez Sifonte. (Archivo)

A un año del llamado “Verano del 19”, los fiscales especiales independientes Leticia Pabón y Miguel Colón condujeron entrevistas, a mediados de la semana pasada, para repasar las presiones que el cabildero Elías Sánchez Sifonte ejerció sobre funcionarios de la Rama Ejecutiva a favor de sus clientes, en aparente aprovechamiento de su conocida amistad con el ahora exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.

El Nuevo Día supo que entre los entrevistados estuvo el exsecretario de la Vivienda Fernando Gil Enseñat, quien repasó, entre otros asuntos, la visita que presuntamente recibió de Sánchez Sifonte en diciembre de 2017 reclamándole por qué la agencia no adjudicó un contrato del programa Tu Hogar Renace a favor de la empresa AECOM a la que prestaba sus servicios.

El interrogatorio se hizo como parte de la pesquisa que continúan los fiscales especiales independientes sobre el escandaloso chat de Telegram en el que Rosselló Nevares y algunos de sus más cercanos colaboradores insultaron, amenazaron figuras públicas, se burlaron, y, armados con un ejército de trolls, conspiraron para manipular la opinión pública, hostigar adversarios y mancillar reputaciones. La publicación de este chat hace un año intensificó las protestas que obligaron la renuncia de Rosselló Nevares.

Durante las protestas, varios abogados estimaron que el contenido del chat daba pie a la posible comisión de delitos.

La pesquisa se vio afectada en un inicio por la negativa de algunos de los implicados en proveer sus teléfonos inteligentes al Departamento de Justicia y, más recientemente, por la pandemia del COVID-19, que obligó que se detuviera la investigación.

Los fiscales especiales independientes tienen hasta el 25 de agosto para completar el caso en el que, además de Rosselló Nevares y Sánchez Sifonte, figuran como sospechosos los abogados Ramón Rosario Cortés, Christian Sobrino Vega, Alfonso Orona y el publicista Edwin Miranda. Contra el resto de los incluidos en el chat, el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) no asignó fiscales especiales independientes por entender que no cometieron delitos.

“Preguntaron mucho sobre lo que pasó después de la visita de Sánchez a Vivienda y cuándo se le informa lo que estaba pasando al gobernador”, dijo una de las fuentes consultadas por El Nuevo Día.

Gil Enseñat había relatado públicamente este episodio. El exfuncionario estimó la visita de Sanchez Sifonte como indebida y le informó el asunto al entonces gobernador. AECOM retó sin éxito, en los foros administrativos y judicial, la subasta que fue adjudicada a la firma Adjusters International.

“Gran parte (de la entrevista de los fiscales con Gil Enseñat) fue para repasar lo que declaró la primera vez (ante Justicia)”, sostuvo la fuente.

La presidenta del PFEI, Nydia Cotto Vives, afirmó que la investigación contra los implicados en el chat de Telegram sigue activa, aunque no sabe si los fiscales han encontrado delitos que puedan probar más allá de duda razonable.

Por su parte, la fiscal Pabón afirmó recientemente que han hecho requerimientos de información a varias agencias que no han contestado la peticiones, asunto que, según dijo, “no depende de nosotros”. De ordinario, los fiscales especiales tienen los mismos poderes investigativos que los fiscales de Justicia para acudir a los tribunales y exigir la entrega de alguna evidencia en manos del gobierno.

Ya el gobierno perdió una batalla en cierto modo similar a esta. Cuando la investigación estaba en el Departamento de Justicia, y la jefa de la agencia era la hoy gobernadora Wanda Vázquez Garced, los fiscales del área de integridad pública solicitaron la entrega de los teléfonos de los implicados, asunto que les concedió el Tribunal de Primera Instancia.

Miranda y Sánchez Sifonte rehusaron entregar sus aparatos móviles alegando que el Departamento de Justicia erró en el proceso de solicitar sus teléfonos. El Tribunal de Apelaciones les dio la razón porque Justicia falló en procurar una orden de allanamiento y registro contra ellos. El gobierno alegó que no pudo diligenciar los allanamientos contra Sánchez Sifonte y Miranda porque desconocían su paradero en el momento que tenían que hacerlo.

La sustituta de Vázquez Garced en Justicia, Dennise Longo Quiñones, dejó la posibilidad de una apelación ante el Tribunal Supremo en manos de los fiscales especiales independientes. A mediados de febrero, el PFEI informó que no apelaría la decisión del Tribunal de Apelaciones porque el trámite podría retrasar la pesquisa al punto de incidir sobre el término que tienen para presentar cargos criminales.

Hasta ahora, las consecuencias del chat de Telegram han sido principalmente políticas, con la renuncia del gobernador Rosselló Nevares el 24 de julio y la renuncia, en distintos momentos, de todos los implicados en el chat. La renuncia del gobernador se produjo 11 días después de publicado el chat. Mañana se cumple un año de la publicación del escandaloso documento.

Políticos y analistas consultados sobre la trascendencia de la crisis política que se vivió hace un año, cuando el pueblo leyó de primera mano los intercambios del entonces mandatario con sus más cercanos colaboradores, coincidieron en que la situación marcó un quiebre particular de un buen sector de la sociedad con las instituciones partidistas.

“La controversia laceró las instituciones políticas y ese será uno de los temas grandes de la campaña: cómo convencer a la ciudadanía que ya no se identifica con los partidos, de que no va a pasar lo mismo que antes. Eso es un reto grande institucional”, reconoció Rafael “Tatito” Hernández, portavoz de la oposición del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes. “La desconfianza, ahora mismo, es con todas las instituciones”.

“Creo que el precedente ya se estableció. El recuerdo del ‘Verano del 19’ debe llevar a los gobernantes a saber que el país le respira en la nuca, velando sus gestiones y, de acuerdo con eso, deben conducir su gestión”, dijo, por su parte, el senador independentista Juan Dalmau.

“Puerto Rico cambió mucho porque la gente empezó a definitivamente separarse de los partidos. Creo que los que más van a sentir esa separación son el PPD y el PNP. Por eso, la importancia de que los candidatos de esos dos partidos sean personas que atraigan al voto flotante, que no sean irritantes a esa masa. Ahora mismo la gente está mirando con desconfianza a todo el liderato del país. A todos”, dijo, entretanto, el abogado estadista Domingo Emanuelli.

Indicó que la indignación que generó el chat se acumuló con otras frustraciones colectivas como la depresión económica que se vive desde 2006, los miles de decesos tras el azote del huracán María, los quebrantos sociales y familiares de la emigración, la corrupción gubernamental, la pobreza y la desigualdad social, entre otros. Por eso, la intensidad de las manifestaciones principalmente frente a La Fortaleza.

“Ese chat es el agente catalítico para que todo el dolor que había en el pueblo saliera a flote”, dijo el también analista político.

“Creo que, debido a la magnitud de los eventos que produjeron la salida del gobernador a mitad de término, el país esperaba que las agencias investigativas fueran más rápidas y diligentes en el proceso investigativo”, dijo Dalmau.

Hernández estimó que, en términos prácticos, la situación no generó cambios en el gobierno para evitar que conductas como la incurrida por Rosselló Nevares y sus aliados no se repita. No se generaron mayores reformas y el deterioro de la gestión pública continuó hasta llegar al punto que actualmente el PFEI evalúa referidos del Departamento de Justicia contra la sustituta de Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garced, por su nexo en un esquema en el que se repartían suministros a los damnificados de los terremotos de enero siguiendo criterios electorales y partidistas.

“Son los mismos (líderes) en las agencias. Es el mismo gobierno. No ha cambiado mucho ahí”, dijo.

Vázquez Garced ha estimado la pesquisa en su contra como “amañada” y políticamente motivada.