Wanda Vázquez Garced dijo que, en la extraordinaria, también se evaluarán 28 nombramientos a jueces. (David Villafane/Staff)

Al menos 25 medidas fueron incluidas hoy, martes, por la gobernadora Wanda Vázquez Garced en su convocatoria a la sexta sesión extraordinaria del cuatrienio, entre las que destacan varios proyectos dirigidos a combatir la corrupción pública, una práctica que describió como “terrible”.

En la extraordinaria, pautada para iniciar mañana, miércoles, a la 1:00 p.m., y que se extenderá hasta el 5 de octubre, también se atenderán proyectos –de administración y que quedaron pendientes en otras sesiones– sobre salud, seguridad, educación y ambiente, entre otros temas.

“Estamos anunciando la convocatoria a la sexta sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa para poder continuar trabajando en beneficio de nuestro pueblo”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa desde el Salón de Espejos de La Fortaleza.

Según Vázquez Garced, las medidas de “mayor interés” en la convocatoria son las anticorrupción. Específicamente, las piezas atienden tres problemas: la creación de compañías a inicios de cada cuatrienio y que, con poca o ninguna experiencia, “se llevan jugosos contratos en beneficio de personas allegadas a la nueva administración”; la subcontratación de servicios a espaldas del gobierno; y la aprobación de enmiendas o cambios contractuales que exceden la cantidad original de los acuerdos.

“Queremos asegurar que, en los futuros gobiernos, se venga a servir y no a ser servido”, acotó.

A esos efectos, Vázquez Garced propuso enmendar la Ley 237-2004, mejor conocida como Ley para Establecer Parámetros Uniformes en los Procesos de Contratación de Servicios Profesionales y Consultivos para las Agencias y Entidades Gubernamentales, para, entre otras cosas, definir el término “subcontratista” y desincentivar dicha práctica.

“Un subcontratista es la persona que brinda servicios y que, de manera directa o indirecta, sean para beneficio de una entidad gubernamental. Las enmiendas que estamos sometiendo disponen que no se favorece la subcontratación en los servicios profesionales o consultivos. De ser necesario, el contratista original deberá informarlo al momento de la contratación o cuando lo necesite, y (el subcontratista) tiene que cumplir con los mismos requisitos que el contratista original”, dijo la primera ejecutiva.

Dichos requisitos incluyen, entre otros, no tener antecedentes penales ni deudas con el Departamento de Hacienda y la Administración para el Sustento de Menores (Asume).

Por otro lado, una enmienda a la Ley 18-1975, también conocida como Ley de Registro de Contratos, obligaría a que los contratos de los subcontratistas sean publicados en el registro de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, para que “tanto el contralor como el jefe de la agencia tengan visibilidad”, expresó Vázquez. También, la facturación de los subcontratistas “deberá ser expresa y detallada”.

En adelante, si se aprueban las enmiendas propuestas, todos los contratos de servicios profesionales o consultivos en el gobierno deberán incluir una cláusula –bajo juramento– en la que se especifique que ningún familiar de la entidad ni de la agencia se beneficia.

En cuanto a los cambios contractuales, se propone que no podrán excederse del 40% del valor original del acuerdo y tendrán que ser aprobados –por escrito– por el jefe de agencia. “De esta manera, tenemos control de los fondos públicos, y el gobierno tendrá visibilidad de las personas que tienen acceso al servicio público”, señaló.

Otra medida incluida en la convocatoria enmendaría la Ley 73-2019, mejor conocida como Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno, para establecer que las agencias deberán notificar y fundamentar las enmiendas a las órdenes de compra y contratos.

Sobre la contratación de compañías de reciente creación, dijo que se está proponiendo que toda empresa interesada en pactar con el gobierno deberá tener, al menos, un año de experiencia en el trabajo o servicio requerido.

Otras medidas

Otra medida propuesta por Vázquez Garced pretende establecer que el incentivo económico de no menos de $1,000 para los profesionales de la salud, en medio de la pandemia del COVID-19, se sufrague con los fondos de la Reserva de Emergencia establecida en el Plan Fiscal y el Presupuesto Certificado o cualquier otra partida estatal o federal.

Además, se incluyeron medidas para establecer la política pública en cuanto a la reglamentación de la seguridad marítima, así como para autorizar a Hacienda al establecimiento –mediante escritura pública– del “Fideicomiso Independiente de Becas de la Universidad de Puerto Rico”.

Según la gobernadora, la creación del fideicomiso va dirigida a garantizar que la distribución de ayudas económicas se realice de manera independiente y conforme a los “criterios objetivos” del Plan Fiscal.

La agenda de la extraordinaria también incluye proyectos para estipular los requisitos que debe completar un aspirante a ejercer la quiropráctica en Puerto Rico; autorizar la expedición y uso de las licencias de conducir virtuales; y aumentar de seis a ocho años el término de renovación.

Por otro lado, se atenderá el proyecto que busca convertir en delito menos grave incumplir con el uso de mascarillas o cubrebocas luego de decretarse una emergencia salubrista. De acuerdo con Vázquez Garced, esta medida trasciende la actual pandemia del COVID-19.

Otro proyecto en la lista ordenaría al Departamento de Educación a crear un programa piloto de escuela primaria y secundaria que incluya materias de temas de uso y manejo responsable de la tecnología, y de materias relacionadas con el diseño y creación de programación de computadoras y videojuegos.

“También está el proyecto para otorgar inmunidad a los profesionales de salud que prestan servicios en centros de trauma, la medida que peticionó a la Junta de Control Fiscal sobre WIPR, y una medida que autoriza a Hacienda a proveer asistencia, en forma de préstamos, a entidades gubernamentales para la respuesta al COVID-19”, añadió.

A preguntas sobre su postura frente la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), dijo que favorece que la titularidad de la estación siga siendo del gobierno y que su administración sea delegada a un ente privado.

La gobernadora sometió, por último, el proyecto que busca fusionar la Administración de Seguros de Salud (ASES) al Departamento de Salud; enmiendas a la Ley de Armas y para “unificar las funciones” de los agentes del orden público; y para “brindar mayores herramientas” al Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático.

En la extraordinaria, también se evaluarán 28 nombramientos a jueces superiores, municipales y del Tribunal de Apelaciones, así como 38 designaciones de fiscales. Todos tienen que ser aprobados por el Senado.

El nombramiento del secretario de Estado designado, Raúl Márquez Hernández, no fue incluido en la convocatoria.