La gobernadora Jenniffer González derogó, mediante orden ejecutiva, el Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico que había creado su predecesor, Pedro Pierluisi, para, en su lugar, establecer el Comité de Reconstrucción del Gobierno de Puerto Rico, un organismo que cuenta esencialmente con los mismos objetivos y funcionarios designados que el cuerpo anterior.

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La Orden Ejecutiva (OE) 2025-034, que González promulgó el 25 de junio, subraya que “es indispensable medir el progreso de la reconstrucción más allá de por los fondos asignados u obligados, y comenzar a evaluarlo por proyectos completados, la obra ejecutada y el impacto real en la calidad de vida de nuestra gente”.

Según el portal de la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés), a Puerto Rico se le han asignado casi $91,500 millones para obras a raíz de los desastres de los pasados años, de los cuales $84,600 millones se han comprometido u obligado para proyectos específicos. No obstante, los desembolsos de fondos, a casi ocho años del huracán María, apenas superan los $40,000 millones, es decir, que hay más de $50,000 millones disponibles que no se han traducido en proyectos de infraestructura.

El grueso de los fondos se concentra en las partidas asignadas por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), que totalizan $54,920 millones, incluyendo $51,803 millones obligados. La porción de desembolsos, no obstante, tampoco alcanza la mitad, rondando al presente los $25,250 millones.

La dilación en el caso del dinero tramitado a través del Departamento de la Vivienda por medio de su contraparte federal es aún más marcada, toda vez que, de $20,444 millones disponibles, se han desembolsado $4,453 millones, poco más de una quinta parte.

El Comité de Reconstrucción creado por la gobernadora contará con 12 integrantes: los jefes de Vivienda, COR3, Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Transportación y Obras Públicas, Desarrollo Económico y Comercio, Recursos Naturales y Ambientales, Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Junta de Planificación, Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y el zar de Energía, así como cualquier funcionario adicional que la primera ejecutiva designe.

De las 12 agencias representadas, ocho ya formaban parte del Concilio de Reconstrucción que había conformado Pierluisi en 2021, a los que González agregó a los titulares de OGP, OGPe, la Junta de Planificación y al zar de Energía, Josué Colón, una oficina que la mandataria creó este año mediante otra orden ejecutiva.

“La inacción o la demora injustificada representan una pérdida irreparable de oportunidades para el desarrollo económico, la creación de empleos, el fortalecimiento de la infraestructura de la isla y propicia el riesgo de inflación”, esboza el decreto de González.

En un lenguaje similar a la orden ejecutiva de Pierluisi, González encomendó al grupo de trabajo “identificar proyectos críticos detenidos o con retrasos significativos, y proponer soluciones correctivas inmediatas”, así como “coordinar acciones dirigidas a remover obstáculos operacionales, regulatorios o administrativos que retrasen la ejecución de los proyectos”.

Entre los mandatos contenidos en la OE-2025-034, figura “identificar” posibles cambios a leyes u otras regulaciones estatales “que afecten la reconstrucción de Puerto Rico”.

Además de agilizar los proyectos federales, la orden ejecutiva delega en los integrantes del Comité de Reconstrucción dar seguimiento a obras de reconstrucción financiadas con fondos estatales o privados.

Tanto en campaña como a inicios de su mandato, González ha prometido, sin que se materialice, la eliminación del COR3 como entidad a cargo de administrar los fondos de FEMA, una función que ha sugerido que puede traspasarse a la AFI. FEMA, en cambio, ha advertido que, independientemente del futuro del COR3, el gobierno estatal debe mantener un “ente” que supervise el uso de los fondos destinados a la reconstrucción.