La gobernadora Jenniffer González aseveró el jueves que, pese al reclamo de la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Mary Carmen Zapata, para que todos los participantes del programa de medición neta estén sujetos a cargos fijos en sus facturas, su política pública procura proteger el mecanismo vigente de compensación a los llamados “prosumidores”.

“Estoy en récord; desde que soy comisionada residente he estado hablando en contra del impuesto al sol y a favor de la medición neta. La medición neta no es otra cosa que un incentivo para que la gente utilice (…) en este caso, las placas solares, para ayudar al sistema en momentos en que no están consumiendo del ‘grid’ (red), sino que están produciendo su propia energía. Esa es la política pública del gobierno de Puerto Rico. Que la AEE quiera revisar o recomendar… pero yo estoy en el récord en contra de que se le cobre a una persona por conectarse”, dijo González.

Más temprano esta semana, Zapata expresó que los prosumidores, al igual que los clientes regulares, utilizan la red de transmisión y distribución, por lo que deben cobrársele cargos fijos correspondientes a esos componentes, y adelantó que, como parte del proceso de revisión de la tarifa base, la AEE recomendará ajustes en esa dirección.

En ese aspecto, la funcionaria se alineó con el reclamo que ha hecho la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que, desde julio de 2024, mantiene un litigio contra el gobierno con miras a anular la Ley 10 de ese año, que extendió hasta 2031 la compensación vigente del programa de medición neta.

En el pasado, el zar de Energía, Josué Colón, también se ha expresado a favor de revisar la compensación a la que tienen derecho los prosumidores, pero el jueves, en la rueda de prensa junto a la primera ejecutiva, habló en tono distinto.

“La política pública en el gobierno de Puerto Rico la establece la gobernadora en todos los temas”, dijo Colón, añadiendo que la JSF “no es el gobierno electo de Puerto Rico”.

González, de otra parte, responsabilizó a la JSF de obligar a la AEE a solicitar un aumento provisional a la tarifa para recaudar los fondos para cubrir el sistema de pensiones, señalando que fue un requisito del organismo para autorizar que, hasta septiembre, los beneficios sean sufragados mediante otro préstamo del Fondo General. De concretarse el aumento tarifario asociado a las pensiones, los consumidores pagarían 1.88 centavos adicionales por kilovatio hora.