Arecibo - La gobernadora Jenniffer González volvió a insinuar este miércoles que podría impulsar enmiendas al funcionamiento del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), sobre todo para corregir lo que considera son dilaciones en la aprobación de conversiones de unidades de generación para la quema de gas natural, un reclamo que ha planteado previamente sin que se haya tomado acción.

En una rueda de prensa desde la central Cambalache, en Arecibo –una de las que Genera PR propuso modificar para dejar de usar diésel–, González planteó que, “si hay que enmendar la ley, la vamos a enmendar”.

Afirmó que el NEPR se ha tomado más de “año y medio” en evaluar las gasificaciones de nueve unidades de generación en Cambalache y las centrales de Palo Seco (Toa Baja) y Mayagüez, una medida que promueve para lograr economías en el renglón de producción eléctrica al sustituir el uso del diésel, que es el combustible más caro de la flota.

En cambio, tan reciente como la semana pasada, los cinco comisionados del NEPR puntualizaron, durante una vista senatorial, que el examen sobre la conveniencia de las gasificaciones se atrasó inicialmente como consecuencia de las deficiencias en las solicitudes de Genera PR y que, desde enero de este año, otorgaron una aprobación condicionada a que la empresa realice un proceso de adquisición de combustible que no fomente un monopolio, transacción que todavía no se ha completado.

El representante Víctor Parés Otero, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara baja y quien estuvo presente en la rueda de prensa, sugirió que una alternativa sería conceder al NEPR límites de tiempo para emitir determinaciones finales ante solicitudes como las de Genera PR.

“Creo que los procedimientos del NEPR son anacrónicos, se quedaron en el pasado. Trabajan como si estuvieran un tribunal y Puerto Rico necesita más que eso. Quizás, ellos deben evaluar su función dentro de la situación crítica que tenemos en nuestro sistema eléctrico”, aseveró, por su parte, Iván Báez, vicepresidente de Asuntos Públicos y Gubernamentales de Genera PR.

De otra parte, Parés Otero señaló que, de legislarse ajustes a la Ley 57-2014, que creó el NEPR, podrían incluirse uno o más representantes de los consumidores en el organismo regulador, como en su momento ocurrió en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hace unas semanas, el representante propuso que el NEPR reserva una silla para la persona que ocupe la secretaría del Departamento de Asuntos del Consumidor.

Igualmente, propuso que el NEPR, además de recibir los datos financieros del sistema eléctrico por parte de los operadores, tome en consideración otros “elementos” al ajustar las tarifas, como argumentos presentados por el sector comercial.

En Cambalache, comenzó la demolición de un espacio de almacén para dar paso a la construcción de un banco de baterías que se espera que, desde finales de 2026, pueda aportar hasta 52 megavatios (MW) de energía para estabilizar la red en momentos críticos.

El banco de Cambalache es el primero de seis que Genera PR espera completar en los próximos dos años, junto a los que se localizarán en las plantas de Vega Baja, Palo Seco, Yabucoa, Aguirre y Costa Sur, totalizando 430 MW que podrán despacharse por un máximo de cuatro horas.

El zar de Energía, Josué Colón, puntualizó que, además de asistir en los picos de demanda y ante salidas forzadas de unidades de generación, las baterías estabilizarán las fluctuaciones en la red asociadas a la integración de energía fotovoltaica. Jesús Cintrón, director de Fondos Federales de Genera PR, acentuó que las baterías se recargarán en los horarios de menor demanda, disminuyendo el impacto económico sobre el sistema de generación, al tiempo que, al despacharse, sustituirán la producción de las plantas más costosas.

González detalló, en tanto, que la adquisición e instalación de las baterías tendrá un costo total de $758 millones, sufragado en 90% por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, suplementado por el pareo de 10% en partidas de la Subvención en Bloque para Desarrollo Comunitario tras Desastres, canalizadas a través del Departamento de la Vivienda.