Ana Escobar Pabón precisó que, en lo que va de año, se han registrado 27 muertes de confinados en las instituciones penales, dos a consecuencia del COVID-19. (Vanessa Serra Díaz)

La nominada secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana I. Escobar Pabón, prometió mejorar las condiciones salariales de los empleados de la agencia, en particular, un plan de clasificación por rangos para los oficiales de custodia, pero reconoció que la asignación de fondos está en manos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

En su comparecencia ayer ante la Comisión de Nombramientos del Senado, Escobar Pabón se comprometió con establecer un proyecto piloto de drones para atajar, por aire, el contrabando en las instituciones penales del país, además, de tener en servicio las 24 horas a la Unidad Canina.

Dijo que el gobernador Pedro Pierluisi asignó una partida de $15 millones en el presupuesto del próximo año fiscal para el reclutamiento de técnicos sociopenales y cubrir los aumentos salariales, pero no pudo precisar si los fondos ya fueron incluidos en el documento final que sometió la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para ser aprobado por la JSF.

“No tengo la certeza, no tengo el conocimiento de si finalmente ya está incluido en el documento final. No solamente es para los técnicos sociopenales, incluye también técnicos de récords, evaluadores de remedios administrativos, supervisores de servicios de alimentos, el aumento a los empleados y el reclutamiento de cadetes correccionales”, dijo la nominada a preguntas de la senadora Gretchen Hau, presidenta de la Comisión de lo Jurídico.

La senadora le preguntó por el reclutamiento de oficiales sociopenales, pues actualmente, cada sociopenal maneja más de 100 casos, lo que incumple con las disposiciones del caso Morales-Feliciano que requiere que cada técnico sociopenal no maneje más de 50 casos.

Temo que el gobernador no tenga la misma prioridad como lo ha demostrado relocalizando $1.8 millones para la elección de unos cabilderos de la estadidad en Washington D. C. y no precisamente para estas necesidades urgentes”, indicó Hau, del Partido Popular Democrático (PPD).

A preguntas de la vicepresidenta del Senado, Marially González, Escobar Pabón precisó que el salario básico de un cadete en el DCR es de $1,603.

“Siempre he levantado la voz de que se tiene que realizar justicia salarial para nuestros compañeros de trabajo. Es imposible que una persona con un salario de $1,603 continúa esforzándose por llegar a su área de trabajo desde el área este o sur para viajar todos los días al área metropolitana a ejercer sus funciones. Es necesario tener ese conocimiento de lo que pasan nuestros compañeros de trabajo”, sostuvo Escobar Pabón.

“Necesitamos la colaboración y el apoyo tanto de esta Legislatura como de la JSF para que ese presupuesto que nosotros hemos recomendado, incluso esos $15 millones que nos asignó el gobernador para el aumento a nuestros compañeros de trabajo, se apruebe”, expresó la designada.

Detalló que en el DCR, hay 4,199 oficiales de custodia y anualmente se van unos 250 oficiales, por lo que tienen que estar “en un reclutamiento continuo”.

La población penal, detalló, se compone en la actualidad de 7,075 personas, de las cuales 214 son mujeres y 43 jóvenes adultos. Sostuvo que la edad promedio de los confinados fluctúa entre 25 a 29 años y la de las confinadas entre 35 a 39 años. En ambos casos, la mayoría son residentes de San Juan.

Indicó también que en los Centros de Tratamiento Social de Villalba y Ponce (instituciones juveniles) hay 69 menores.

Escobar Pabón reclamó que desde el 1992 el DCR “no cuenta con hacinamiento en sus instituciones correccionales”.

Escobar Pabón precisó que un confinado le cuesta al DCR unos $134 diarios, mientras, en los casos de los menores recluidos en instituciones juveniles, el costo es más de cinco veces mayor, $780.

Atribuyó la diferencia en el costo a requerimientos de un caso federal que está vigente desde 1994 que exige servicios a la población penal juvenil. “Hay unos requerimientos con relación a la cantidad de oficiales de servicios juveniles que van a estar custodiando a estos jóvenes. Por ejemplo, en el caso de los adultos, se puede tener un oficial correccional con una población de 80 a 200 confinados en un edificio, pero en el caso de menores, se requiere tener un oficial de servicios juveniles por cada ocho jóvenes o menores”, explicó.

La vicepresidenta del Senado también le preguntó a la nominada si la agencia ha investigado las muertes de confinados por sobredosis de drogas, que este año suman cinco.

Hemos iniciado un proceso de investigación en cada uno de esos cinco fallecimientos, pero no solamente en esos, estamos mejorando la unidad de inteligencia del DCR para poder tener información confidencial y que se pueda corroborar de aquellos empleados y contratistas o visitantes para que la Policía pueda hacer sus investigaciones y la radicación de cargos criminales contra las personas que violentan la confianza del uniforme que portan y de las funciones que realizan y se prestan para entrar cualquier sustancia controlada en las instituciones”, indicó.

“Queremos erradicar este mal. No podemos aceptar que tengamos un solo compañero que se preste para que esto ocurra. La gran mayoría, más del 98 o 99 por ciento de nuestros compañeros son personas sacrificadas que dan el máximo aun con el salario que devengan y que son personas íntegras y sacrificadas, pero siempre hay alguien que se deja manipular por la población correccional y accede. Así que tenemos que evitarlo a toda costa”, agregó Escobar Pabón, quien tiene 34 años de experiencia en el sistema correccional, un bachillerato en criminología y una maestría en Justicia Criminal de la Universidad Interamericana.

Precisó que en lo que va de año se han registrado un total de 27 muertes en las instituciones penales, dos a consecuencia del COVID-19.

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