Tal y como ocurrió en el Senado, la Cámara de Representantes aprobó este martes -sin vistas públicas y por descargue- el proyecto de administración que enmienda el Código Penal para tipificar como asesinato la muerte de un concebido no nacido.

“Aquí estamos, nuevamente, aprobando... una medida que atenta contra los principios de intimidad del ser humano, particularmente de las mujeres, que puede tener unas consecuencias terribles”, subrayó la representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adriana Gutiérrez Colón.

“¿Cuál es el miedo de realizar vistas públicas, de tener discusiones responsables con proyectos que inciden en la vida de los seres humanos?“, cuestionó Gutiérrez, al denunciar, como han hecho expertas en derechos reproductivos, que la medida es un paso hacia la eventual prohibición del aborto.

El Proyecto del Senado (PS) 923 recibió 33 votos a favor y 10 en contra. La medida recibió el rechazo de la delegación del PIP, integrada por Gutiérrez, Denis Márquez y Nelie Lebrón; y los representantes del Partido Popular Democrático (PPD) Ramón Torres Cruz, Domingo Torres, Estrella Martínez, José “Cony” Varela y Héctor Ferrer Santiago.

También emitieron votos en contra los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) Roberto López Román y José “Che” Pérez Cordero. Este último solicitó abstenerse, pero la petición le fue denegada por el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez.

“Lo descargamos con convicción y con conocimiento pleno de lo que estamos haciendo porque estamos cumpliendo con el contrato que contrajimos con el pueblo de Puerto Rico de que íbamos a aprobar leyes que fueran para defender la vida y los intereses de los puertorriqueños y las puertorriqueñas por nacer”, argumentó Méndez.

Al defender la medida, el líder cameral rechazó que fuera una invasión a la intimidad, y alegó que busca proteger la vida de la mujer y “la criatura que está dentro del útero de la mujer”.

Según la exposición de motivos del PS 923, la inclusión de la nueva disposición en el Artículo 92 del Código Penal –que define asesinato como “dar muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o temerariamente”– es necesaria “para mantener coherencia entre las disposiciones civiles y penales” promulgadas recientemente.

Ante el reclamo de la delegación del PIP, así como de representantes de la sociedad civil por una discusión amplia, la portavoz de Proyecto Dignidad en la Cámara, Lisie Burgos, argumentó que el pasado cuatrienio se celebraron una “infinidad” de vistas púbicas sobre el asunto. “Este proyecto pone de forma expresa lo que ya está de forma implícita”, expuso.

A la legislación, se le incluyó una enmienda para disponer o aclarar que, para propósito de los incisos (G) y (H) del Artículo 93 del Código Penal (Ley 146-2012), ser humano incluirá “al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno”.

“La enmienda lo que te dice es que la conducta que estamos tratando de tipificar implica dos asesinatos, la muerte de la dama en estado de gestación y del feto al que se le concede personalidad jurídica”, argumentó el portavoz del PNP en la Cámara, José “Pichy” Torres Zamora, al plantear que el ajuste corrige el problema de interpretación de la medida.

Estos incisos fueron los que se le incluyeron al Código Penal a través de la Ley 166-2025, conocida como la “Ley Keishla Madlane”, que tipifica como asesinato en primer grado cuando se da muerte a propósito y con conocimiento a una mujer embarazada, resultando, además, en la muerte del concebido en cualquier etapa de gestación.

Junto a la Ley 166-2025, fue aprobada el año pasado la Ley 183-2025, que enmendó el Artículo 67 del Código Civil para reconocer al concebido en cualquier etapa de gestación como persona natural. El estatuto recibió el rechazo de médicos y profesionales del derecho, que advirtieron que no solo representa un “ataque directo” contra las mujeres y personas con capacidad de gestar, sino que pone en riesgo la práctica médica.

Tras presentar el PS 923 a principios de esta sesión, la gobernadora dijo que solicitaría su retiro por entenderlo innecesario, ya que lo contemplado en la legislación estaba incluido en la Ley 166-2025. Horas después, sin embargo, desistió y manifestó que dejaría que siguiera el trámite legislativo.

“Estamos hablando de derechos y de criminalizar a una mujer”, aseveró la representante Martínez.

Horas antes que se considerara la legislación en la sesión de la Cámara, la organización Aborto Libre se manifestó en los predios del Capitolio en oposición a la medida y para denunciar el impacto que tiene su aprobación sobre los derechos y la salud de las personas gestantes.

“Nuestro derecho constitucional a la intimidad y a la dignidad humana va por encima de cualquier intento de la Legislatura de erosionar nuestros derechos y nuestras acciones”, declaró Yanira Reyes Gil, abogada y profesora de derecho.

Al sostener que el aborto sigue siendo legal en Puerto Rico, Reyes Gil denunció que la intención al ratificar el proyecto es crear un estado de confusión que afecta los derechos de las personas embarazadas.

“La aprobación de leyes que perjudican nuestros derechos y acceso a la salud por maniobras político-partidistas y sin participación ciudadana es una afrenta a la democracia”, denunció, de otra parte, la abogada Rosa Seguí.

La directora ejecutiva de Taller Salud, Tania Rosario, repudió la acción legislativa, al sostener que la medida “abre la puerta a la criminalización del aborto, crea incertidumbre legal para profesionales de la salud, y pone en riesgo la vida, la salud y la autonomía” de las personas gestantes.

“Esta acción...ignora la evidencia científica, las realidades sociales y las recomendaciones de sectores médicos y de derechos humanos. Representa un grave retroceso que profundiza la desigualdad y la violencia estructural contra las mujeres”, apuntó Rosario. “La política pública no puede construirse desde el castigo ni el control de los cuerpos, sino desde un enfoque centrado en la salud pública, la dignidad humana y el acceso a servicios de salud seguros”, afirmó.