Con 33 votos a favor y 17 en contra, la Cámara de Representantes dio paso este martes a un proyecto de ley que tipifica como delito menos grave la obstrucción a vías públicas.

Previo a la votación del Proyecto de la Cámara (PC) 271, su autor y portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en ese cuerpo, José “Pichy” Torres Zamora, negó que intervenga con el derecho a libre expresión.

“Esto no se opone, de ninguna manera, a las marchas, a las protestas, al derecho a la libre expresión”, arguyó el representante, quien indicó que la propuesta surge en respuesta a una manifestación ocurrida el cuatrienio pasado, en la que un ciudadano ubicó un carretón en medio del Expreso Las Américas (PR-18), deteniendo el tránsito.

El cuatrienio pasado, de hecho, Torres Zamora intentó aprobar una legislación similar.

“El que quiere protestar con las debidas autorizaciones, coordinando con la Policía, como se hace, y en cumplimiento con la ley y el orden... puede hacerlo. ¿Por qué no podemos tipificar que una persona que venga indebidamente, porque le da la gana, porque quiere, porque se levantó con ganas de... tirar un carretón?”, abundó.

Según el PC 271, la definición de “obstrucción a vías públicas que afecten el orden público” aplicaría a toda persona que, “sin autoridad en ley, intencional y deliberadamente, obstruya o impida, de manera temporal o permanente, el tránsito vehicular o el movimiento de transeúntes por las vías públicas, y con ello afecte el orden público, incurrirá en delito menos grave”.

A pesar de que el Código Penal, en su Artículo 247, tipifica como delito menos grave la acción de obstruir, sin autoridad legal, el acceso a la prestación de servicios, no aborda “de manera integral” la obstrucción deliberada de vías públicas en el contexto de manifestaciones o protestas, recoge el informe de la Comisión cameral de lo Jurídico en torno al PC 271.

“El análisis de la medida demuestra que la penalización de la obstrucción de vías públicas es una práctica común y razonable en diversas jurisdicciones de Estados Unidos. Esto valida la pertinencia de la propuesta para Puerto Rico”, dispone el informe, firmado por el representante José “Che” Pérez, presidente de la Comisión.

Por otro lado, la Cámara también aprobó este martes un proyecto para disponer que los asistentes de servicios al estudiante (T1 y T2), adscritos a la Secretaría Asociada de Educación Especial del Departamento de Educación, tendrán derecho a devengar el salario mínimo, en vías a garantizarles una compensación junta.

Aunque, en un inicio, se había eliminado de la legislación el derecho de estos trabajadores a disfrutar de las licencias por vacaciones y enfermedad, finalmente, como parte de negociaciones con la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), se retuvo el lenguaje.

“Logramos que se devolvieran los elementos respecto a los derechos a las licencias de vacaciones y enfermedad, y que no se interpretara que el salario mínimo fuera un obstáculo para que posteriormente puedan mejorar su compensación, sino que sea una base para que estén mejor”, indicó el portavoz del PIP en la Cámara, Denis Márquez.

El PC 389 fue aprobado de forma unánime, al recibir 50 votos.

“Con este proyecto, lo que buscamos es garantizar y, sobre todo, hacerles justicia salarial a nuestros hombres y mujeres en las escuelas públicas, a las personas encargadas de nuestros niños y nuestras niñas”, apuntó el representante Joe Colón Rodríguez, autor de la medida.

En abril, 5,024 asistentes de servicios al estudiante de Educación Especial recibieron un aumento salarial a $11 la hora, cónsono con la legislación que busca que alzas futuras no estén sujetas a interpretaciones externas.