Tras casi tres horas de discusión, la Cámara de Representantes detuvo este martes la aprobación del presupuesto del gobierno para el próximo año fiscal 2025-2026, ascendente a $13,095, ante la posibilidad de nuevas enmiendas.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Eddie Charbonier, dijo que, como resultado de una reunión entre los alcaldes y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), celebrada en horas de la tarde, el plan de gastos será ajustado para reasignar unas partidas presupuestarias a los municipios. El representante no dio detalles sobre la cuantía.

“Una vez tengamos esas enmiendas, que las va a presentar la Junta, se van a incorporar para luego votar sobre ellas”, explicó, al anticipar la aprobación del documento el jueves.

El presupuesto consolidado del gobierno totaliza $32,609 millones.

“Este presupuesto se queda corto en poder atender las verdaderas necesidades indicadas por las agencias, y estamos seguras provocará que nuestro pueblo siga careciendo de los servicios”, expuso, por su parte, la representante Nelie Lebrón Robles, del Partido Independentista Puertorriqueño, durante la discusión legislativa.

La propuesta, contenida en la Resolución Conjunta de la Cámara 136, fue cuestionada por las minorías legislativas, que señalaron la ausencia de partidas para atender posibles recortes en fondos federales, incluido Medicaid, y la incertidumbre que prevalece sobre los reclamos de los municipios.

Al presentar la medida, Charbonier explicó que el presupuesto del Departamento de Educación con cargo al Fondo General asciende a $3,044 millones; mientras la asignación a la Universidad de Puerto Rico (UPR) totaliza $561 millones. La Rama Legislativa y la Rama Judicial reciben, cada una, $549 millones.

De los $561 millones asignados a la UPR, $502.2 millones son para gastos operacionales, $9.5 millones para el programa de becas y ayudas educativas, $20.9 millones para costear el salario de los médicos residentes y $2.5 millones para el Centro de Traumas y el Departamento de Cirugía. Unos $25 millones restantes serán caen bajo el renglón de otros programas.

Para los municipios, al momento, hay incluida una partida de $373.1 millones. De estos, $51.8 corresponden al Fondo de Financiamiento Extraordinario (Ley 53-2021), $35 millones para la Reforma de Servicios Municipales, $15 millones para el programa de Amas de Llave, $30 millones para servicios esenciales y $9 millones para el pago del tercer turno de los paramédicos.

Asimismo, se les asignó a los municipios una partida de $97 millones para gastos de transportación escolar, $67.9 millones para el Fondo de Desarrollo Municipales y otros $67.9 millones para el Fondo de Redención Municipal.

El presupuesto sugerido incluiría, también, fondos para diversas iniciativas, como la remodelación de las salas de operaciones y habitaciones del Hospital Universitario Doctor Ramón Ruiz Arnau ($12.3. millones), la compra de equipo médico ($3 millones) y la adquisición equipo especializado y máquina MRI para el Centro Comprensivo de Cáncer ($5.1 millones).

A la Autoridad de Carreteras y Transportación se le asignaron $10 millones para atender proyectos de mitigación y deslizamientos de tierra en 583 localizaciones que el gobierno identificó.

Durante la presentación, Charbonier consignó para récord que lograron atender el descuadre de $109 millones en el presupuesto de la Administración de Seguros de Salud y el déficit de casi $200 millones en Educación debido a la pérdida de fondos federales. Ambas partidas se atendieron con las reservas y fondos estatales del gobierno.

“El problema va más allá de asignar fondos; es la ejecución, el uso responsable de los fondos y la coordinación de todas las partes envueltas”, subrayó, en tanto, la portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos.

La semana pasada, la Cámara aprobó la Resolución Conjunta del Senado 37, que aumentó en $766 millones el presupuesto vigente del gobierno para atender las reclamaciones de los municipios, el pago de horas extras a los policías y cumplir con las pensiones de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Charbonier indicó que, como parte de este nuevo ajuste, le solicitaron a la JSF extender hasta el 20 de junio la fecha límite para la aprobación del presupuesto por ambas cámaras. “Esta Comisión y la Cámara va a descargar su responsabilidad y cada tres meses vamos a citar a las agencias y revisar sus presupuestos para ver cómo van durante el año”, anticipó.