El representante Jesús Santa confirmó que el proyecto de ley que encaminaría la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica no será vista hoy ante la ausencia de José “Conny” Varela y Luis Raúl Torres. (Archivo / GFR Media)
Jesús Santa, representante.

La Comisión de Hacienda de la Cámara, en conversaciones con la Oficina de Gerencia y Presupuesto decidió reasignar $90 millones del presupuesto para atender la nómina de una cantidad incierta de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que decidieron mantenerse trabajando en el gobierno y no entrar a las filas de LUMA Energy, explicó esta mañana el representante Jesús Santa Rodríguez.

La versión de la Cámara de la Resolución Conjunta del Senado 144, que recoge el presupuesto del próximo año fiscal, fue aprobada esta mañana en una vista de consideración final con 10 votos a favor. Se opusieron Mariana Nogales y Denis Márquez y se abstuvieron los legisladores del Partido Nuevo Progresista Luis Pérez Ortiz, Juan Oscar Morales y Lourdes Ramos al sostener que no tuvieron tiempo suficiente para evaluar los cambios a la pieza legislativa.

Nogales y Márquez indicaron que se opusieron por tratarse de un presupuesto impuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y, también, por la tardanza en la entrega de la versión final de la resolución.

“Hemos constatado, consistentemente, que no hay los recursos para operar las agencias, las corporaciones y la UPR. A pesar de que el proceso (legislativo) ha sido magnífico, los empleados de la comisión han trabajado bien, si no podemos lograr los resultados que necesita el país por falta de fondos y la imposición de la JSF, definitivamente no tendremos un buen presupuesto por más conversaciones que hayamos tenido”, dijo Nogales.

“Este es el presupuesto impuesto por la JSF. La Ley Promesa establece que se aprobará el presupuesto de acuerdo a los mandatos de la JSF… aquí se planteó en los tribunales por la Asamblea Legislativa que era un poder inherente de este cuerpo aprobar el presupuesto y la realidad colonial les dio en la cara”, dijo Márquez. “No es posible que la Asamblea Legislativa apruebe una resolución de la Cámara que sea ordenada, impuesta por la Junta de Control Fiscal y que, a todas luces, con las enmiendas y cambios en el presupuesto, no refleja la realidad económica y social del país por las políticas de austeridad y draconianas de la JCF que se reflejan en este presupuesto”.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, justificó la entrega a pocos minutos del inicio de la vista pública de la versión enmendada al señalar que, hasta esta mañana, estuvo en conversaciones con Juan Carlos Blanco, director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto sobre el tema de LUMA Energy. Indicó, de otra parte que, si bien hay buena comunicación con el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, siempre hay la posibilidad de que se introduzcan cambios en la Cámara Alta, donde se espera que se apruebe el presupuesto el 17 o el 18 de junio.

“El presupuesto que se está aprobando no es el de la Junta, es el nuestro. Es muy distinto. No es perfecto, pero es mejor que el que recibimos y si votan en contra, están votando a favor del presupuesto de la JSF”, dijo Santa Rodríguez.

El dinero a ser destinado a empleados que no formaron parte de la plantilla de LUMA Energy es producto de recortes a partidas de mejoras capitales de diversas agencias y será ubicado en una partida nueva bajo el control del Departamento de Hacienda. Sin embargo, Santa Rodríguez argumentó a la prensa que el dinero necesario para que las agencias puedan realizar esas mejoras saldrá de fondos federales.

Todavía se desconoce a ciencia cierta la cantidad de empleados de la AEE que pasaron a trabajar en agencias del gobierno. De hecho, la JSF le dio un ultimátum a la Oficina para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos hasta hoy para que revelara la cifra de empleados y el impacto fiscal que eso supone sobre el Fondo General.

A pesar de que la Universidad de Puerto Rico (UPR) enfrentará un recorte, impuesto por la JSF, en su presupuesto para el próximo año fiscal de $94 millones, la Comisión de Hacienda identificó $163 millones adicionales y la movida fue aceptada por el organismo creado por el Congreso.

“Son cuentas que tiene Hacienda y una de ella es para cubrir deudas de la Autoridad de Carreteras. En total son como doscientos y pico de millones. En negociaciones con la JSF, aceptaron sacar $116 millones para la UPR y se queda el resto del dinero para la ACT”, explicó Santa Rodríguez. La otra asignación a la UPR es de $47 millones para nutrir el Fondo Dotal y es dinero que tiene Hacienda destinado para la UPR, aunque la entidad educativa no ha tenido acceso. “Se podrá utilizar en becas, infraestructura, investigación u otros gastos”, señaló Santa Rodríguez.

También se identificaron $3.5 millones para la contratación de personal clínico para 14 salas de operaciones nuevas y cuatro existentes manejadas por la Administración de Servicios Médicos (ASEM). Otros $5 millones fueron repartidos entre la contratación de 13 neurocirujanos, especialistas en el área neuro intensiva y médicos residentes.

La Cámara está asignando fondos para el reclutamiento de 400 nuevos cadetes con dinero dejado sin utilizar de pasados presupuestos, precisamente para reclutamiento. La Policía también tendrá dinero para compra de equipo.

“Ese dinero está allí. Ese dinero está en la Policía y es dinero que no han utilizado”, dijo Santa Rodríguez. “Hay $21 millones para equipo y eso da pena porque la falta de equipo es una queja constante”, señaló.

El Departamento de Justicia recibirá $3.8 millones, autorizados por la JSF, para el reclutamiento de abogados, agentes y transcriptores para atender requerimientos de la Orden Ejecutiva que declara un Estado de Emergencia para Combatir la Violencia de Género .

Se asignan un total de $15.2 millones al Recinto de Ciencias Médicas (RCM) para médicos residentes. Esa asignación proviene de $8.3 millones en recortes a la partida de servicios profesionales de ASEM y $6.9 millones de la nómina del Departamento de Salud, también destinados a servicios profesionales. En ambas partidas, según Santa Rodríguez, Salud no se afectará ya que tiene dinero para cubrir ambas necesidades debido a sobrantes de pasados presupuestos.

“Es dinero no utilizado, que está ahí”, dijo Santa Rodríguez.

Los $15.2 millones adicionales al RCM se dividen, entre otras cosas, entre $3.9 millones para el Programa de Neurocirugía, $625,715 para el Programa de Cirugía Ortopédica, $600,000 para el Programa de Cirugía, $2.3 millones para el Programa de Medicina Interna, $6.9 millones en servicio directo a pacientes, entre otros gastos.

Aunque no se atendió directamente el recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación de los municipios, Santa Rodríguez sostiene que el dinero comoquiera llegará a los ayuntamientos, incluso superando la cifra del recorte a través de los tres proyectos que permiten que los gobiernos municipales puedan contratar con el Gobierno para el mantenimiento de escuelas, carreteras secundarias y terciarias e instalaciones deportivas. Se estima que serán $70 millones adicionales a los gobiernos municipales, de los cuales $11.4 millones serían en mantenimiento de escuelas y $36.2 en transportación escolar.

“Es una manera de mitigar la reducción de $44 millones en los municipios”, dijo Santa Rodríguez.

En cuanto al presupuesto de la Asamblea Legislativa, el legislador indicó que se identificó el dinero para las liquidaciones pendientes en Senado, Cámara y la Superintendencia del Capitolio que totalizan $4 millones. El dinero disponible para el pago de energía eléctrica y agua potable subió de $826,000 a $2.5 millones.

El presupuesto que será llevado a votación mañana en la Cámara no atiende ciertas necesidades consignadas en el presupuesto del gobernador Pedro Pierluisi. Por ejemplo, $3.3 millones para el reclutamiento de personal, como trabajadores sociales en el Departamento de la Familia. Asimismo, no contempla los $10 millones para el desarrollo del Fondo de Incentivos Económicos, no se identificaron $10 millones para un fondo de oportunidades de empleo para jóvenes graduados, $10 millones para que el Departamento de Salud cumpla con servicios a la población con discapacidad intelectual, $1.2 millones para la contratación de un cirujano carditorácico, $15 millones para el aumento salarial de los oficiales correccionales, $1.25 millones necesario para los salarios de los delegados congresionales y $5 millones para nómina del Departamento de Salud.

Todos estos gastos, menos el salario de la delegación congresional que la Cámara no atendería, podrían recibir fondos dependiendo de la asignación que el Congreso apruebe en septiembre para los fondos Medicaid de Puerto Rico.

Es irresponsable asignar ese dinero y no saber de dónde va a salir”, dijo Santa Rodríguez.

El representante explicó que la postura de la JSF en cuanto a incrementos salariales sigue siendo que no se autorizarán hasta que el gobierno apruebe e implemente tanto el Plan de Clasificación y Retribución como el Plan de Evaluación de Empleados.

“Hay un dinero disponible, pero no lo van a soltar”, dijo Santa Rodríguez.

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