Defensores de la Reserva Natural de La Parguera denunciaron la intención de la Cámara de Representantes de llevar a votación esta semana una versión enmendada de la medida que busca implementar un plan piloto de control de contaminación por ruido en esa área, y que ahora aplicaría a “balnearios, playas y reservas naturales” protegidas por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

“El proyecto, en su origen, era realizable, no había que extenderlo a toda la isla”, opinó José Molina Dapena, portavoz del grupo Cero Ruidos en los Cayos.

Se trata del Proyecto de la Cámara 576, de los representantes Orlando Aponte Rosario, Joel Franqui Atiles y Edgardo Feliciano Sánchez. La medida original había sido avalada por la Legislatura en 2020, pero la entonces gobernadora, Wanda Vázquez Garced, impartió un veto de bolsillo.

La idea inicial era aplicar la propuesta únicamente a la zona de los cayos y Playita Rosada de la reserva natural, como un plan piloto de cinco años. Pero, según Aponte Rosario, la decisión de no limitar su alcance a La Parguera responde –entre otras cosas– a que varios legisladores condicionaron su voto a que se ampliara a las áreas mencionadas en toda la isla.

Uno de los cuestionamientos giran en torno a la siguiente enmienda: “El nivel máximo de ruido será de 70 decibeles (dBA). La medición de ruido se hará utilizando un Sonómetro”. Molina Dapena alertó que este equipo especial requiere ser operado por una persona adiestrada, y que no se asigna dinero para el equipo ni para el entrenamiento del operador.

Por otro lado, dijo que el proyecto enmendado brinda “una oportunidad para que se corrija la situación” de ruido excesivo antes de multar al ofensor.

En cartas enviadas al liderato cameral, incluido el presidente Rafael “Tatito” Hernández, vecinos, comerciantes y organizaciones defensoras de La Parguera solicitaron vistas públicas para discutir sus preocupaciones sobre la medida. Sin embargo, Aponte Rosario sostuvo que ya era tarde para citar vistas, y recomendó a los ciudadanos pedir que ese proceso se lleve a cabo en el Senado.

“Estamos cansados de estar sujetos a la voluntad de una persona que quiere poner su música alta y causar ruido. El problema no es contenido (de la música), el problema es volumen”, dijo Molina Dapena, al exhortar al Senado a que “traiga la medida a discusión pública”.