La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara de Representantes anunció este jueves que “pronto” le presentará al país una propuesta legislativa que permitiría el “rescate” del sistema energético y que su administración regrese a manos públicas.

“Puerto Rico se merece algo mejor que esté basado en tres elementos: que la energía es un derecho humano, que tenemos que encaminarnos a la energía renovable y que es para proteger los principios de una entidad pública bien administrada, bien auditada y bien fiscalizada”, expuso el portavoz del PIP en la Cámara, Denis Márquez.

Esos “elementos”, precisamente, estarán recogidos en la propuesta, señaló el representante, al sostener que sugieren un modelo administrativo que tenga como prioridad la integración de energía renovable y el desarrollo de una política pública “comunitaria” de microrredes. Este último paso, dijo, debe iniciar en las zonas más vulnerables del país.

“Como lo hizo la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) cuando era la Autoridad de Fuentes Fluviales, que le llevó energía a todos los pobres del país”, recordó. Asimismo, puntualizó, debe ser una dependencia libre del “clientelismo político” que “arropó” a la AEE.

Las expresiones de la delegación del PIP surgen en momentos en que la cancelación del contrato de LUMA Energy, para la administración del sistema de transmisión y distribución, parecería estar más cerca, luego que este miércoles el zar de Energía, Josué Colón, asegurara que, antes que culmine este año, procederán con la solicitud para ello.

“El bipartidismo nos vendió la privatización como que iba a ser esa vara mágica que iba a solucionar los problemas energéticos del país, pero la historia y los hechos más recientes nos han demostrado todo lo contrario. Hoy día, tenemos una compañía privada a cargo de nuestro sistema energético, cuya consecuencia ha sido un sistema más inefectivo”, expuso, por su parte, la representante pipiola Adriana Gutiérrez.

Ante cuestionamientos sobre si el gobierno tiene los fondos necesarios para retomar las riendas del servicio energético, Márquez sostuvo que una corporación pública bien administrada, como lo podría ser la AEE, generaría “mucho dinero”. Pero, afirmó, no se podría dejar fuera de la ecuación la integración de energía renovable y el desarrollo de un plan de ejecución. “Dinero hay, estamos convencidos de que hay”, subrayó.

“Desde el PIP, el reclamo ha sido el regreso de nuestro sistema eléctrico al servicio de pueblo. Eso, verdad, bajo el reconocimiento de que la energía y la electricidad es un derecho humano fundamental y un servicio esencial en la vida de los y las puertorriqueñas”, apuntó Márquez.

Por otro lado, los legisladores emplazaron al liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara a darle paso a la evaluación de un proyecto de la delegación de PIP que, sostuvieron, representa una “alternativa real” a la crisis costera del país.

“Es inaceptable que, mientras enfrentamos una crisis climática que amenaza directamente nuestras costas y calidad de vida, esta administración insista en adelantar proyectos que buscan legalizar crímenes ambientales para proteger a los suyos”, dijo Márquez, en referencia al Proyecto de la Cámara (PC) 25, cuya evaluación en vistas públicas inició esta semana.

Dicha medida, del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, redefine la zona marítima terrestre (ZMT). Para Gutiérrez, la legislación carece de disposiciones que redunden en una política pública coherente y cónsona con la protección de los recursos costeros. “Lejos de aclarar la definición de la ZMT, o redefinir la misma tomando en consideración la crisis climática y la realidad natural de nuestras costas, la definición propuesta busca reducir la ZMT a saber para qué fines”, alertó.

El PC 188, que conforma la propuesta legislativa del PIP, también redefine la ZMT, pero de manera “más completa” y “acorde” con la realidad geográfica y climática del país, según la delegación, y establece una nueva ley de la zona costanera.

“No podemos quedarnos en el tema del PC 25 que, obviamente, va a tener la consecuencia de permitir más construcciones en las costas de Puerto Rico, de permitir que los grandes intereses se apoderen de las costas”, alegó Márquez.