Representante Denis Márquez. (JUAN LUIS MARTINEZ)

Los esfuerzos investigativos a nivel estatal y federal en torno a la compra de pruebas  de COVID-19 no han cesado y el jueves le tocó al representante independentista Denis Márquez atender a agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), que realizan la pesquisa para el Departamento de Justicia local. 

La pesquisa es dirigida por la fiscal Phoebe Isales, directora de la División de Integridad Pública.

“Ellos fundamentalmente querían que les explicara mi informe, mis hallazgos, el señalamiento al doctor Segundo Rodríguez por perjurio y el delito de conspiración entre todos los componentes que participaron en la transacción de $38 millones”, dijo Márquez al aludir a la visita de hora y media de duración con los agentes Edna Cruz y Florencio Vélez. 

La investigación de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes reflejó cómo la combinación de presuntos actos de negligencia gubernamental y un supuesto intento de fraude de parte de figuras privadas como Juan Maldonado, Robert Rodríguez López y Ricardo Vázquez colocó al gobierno en la posición de malversar hasta $41.6 millones.

Esta cifra se divide entre los $38 millones de la compra a Apex General Contractors y la compra de 101,500 pruebas a la empresa 313 LLC. por $3.6 millones. La compra a 313 LLC. incluyó el desembolso completo y se espera una larga batalla legal entre la compañía y el gobierno, que intenta recuperar el dinero.

Márquez discutió con los agentes el primer informe parcial que rindiera como miembro de la Comisión de Salud y dijo que espera rendir el segundo informe la semana que viene. Una de sus conclusiones apunta a que el doctor Rodríguez pudo haber cometido perjurio ante la Comisión de Salud al no decir toda la verdad sobre el verdadero poder que tenía como coordinador del “task force” médico de La Fortaleza. 

“Segundo mintió ante la Comisión cuando señaló que no tomaba decisiones y dijo que no era el responsable de tomar determinaciones, de aprobar las transacciones y surge que sí lo era”, dijo Márquez.

El legislador de minoría dijo estar confiado en que la pesquisa que realiza Justicia y el NIE rendirá frutos.

“Estuve en el 100% de las vistas, estudié cientos de documentos de este tema y, como he dicho antes, me importa poco la batalla primarista en el PNP (Partido Nuevo Progresista), pero fue una investigación amplia y con mucha información… en el futuro se verán las consecuencias y la responsabilidad de cada cual”, dijo al sostener que está convencido de que se cometieron delitos en el contexto de la aprobación de las transacciones.

“Le corresponde al poder Ejecutivo, con su poder de investigación y búsqueda de prueba, determinar si los puede presentar y esperaría que sí”, dijo al referirse a la posible radicación de cargos. “De lo que estoy convencido es que en Apex y en 313 hubo un gran chanchullo y no una mera negligencia en las agencias de gobierno en el proceso. Se pusieron de acuerdo gracias al clientelismo político para beneficiar a dos empresas irresponsables sin vínculos de salud en Puerto Rico y generarles ganancias millonarias”.

No es la primera vez que un legislador de minoría es entrevistado en relación a las compras de COVID-19. El 22 de mayo, el portavoz de la minoría popular en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, también fue entrevistado por los agentes Cruz y Vélez.

Hernández Montañez había hecho un referido a Justicia incluyendo expresiones públicas de la exsecretaria de Salud, Concepción Quiñones de Longo, que luego compartió en una vista a puerta cerrada de la Comisión de Salud, sobre la participación de Mabel Cabeza en transacciones, los intercambios de Quiñones de Longo con la subsecretaria de la Gobernación, Lilian Sánchez y cómo la exsecretaria de Administración de Salud, Adil Rosa, fue quien comunicó al gerente del laboratorio Quest, Miguel Ribas, para que entregara unas pruebas de COVID-19 en la sede del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración y Desastres y no en Salud, que había sido la orden de Quiñones de Longo.

Excepto Ribas, todas estas figuras, incluyendo a la propia Quiñones de Longo, han sido referidas por la Comisión de Salud a diversas instituciones de ley y orden.

Hernández Montañez también conversó con los agentes sobre los testimonios del abogado Juan Maldonado y el dueño de Apex General Contractors, Robert Rodríguez López.

El presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales, dijo que no recuerda la última vez que fue entrevistado por agentes del NIE, pero sí dijo que le consta que la pesquisa está en todo su apogeo.

“He sabido de personas que han ido a testificar ante el NIE”, dijo.

Morales entregó a las autoridades federales el audio de la vista ejecutiva en que participó Quiñones de Longo.

Preguntado si entiende que la pesquisa que realizó culminará con cargos criminales, Morales dijo que no tiene manera de anticipar el futuro.

“Pero cumplimos con nuestra responsabilidad de hacer nuestro trabajo y que tenía que rendir un informe. Ahora les corresponde a las autoridades evaluar y determinar si amerita la radicación de cargos. Espero que haya consecuencia porque, delo contrario, estaríamos nuevamente donde estamos ahora y por eso es que Puerto Rico está como está, porque los actos irresponsables no tienen consecuencias”, dijo Morales

Uno de los hallazgos de la pesquisa de la Comisión de Salud gira en torno a cómo Cabeza, ex jefa de personal en el Departamento de Salud, presuntamente utilizó su poder para que su hermana, Lumary Cabeza, se beneficiara de un aumento de salario de $50 la hora a $85 la hora cuando presuntamente no procedía “por ser contrario al contrato existente entre Manpower y el Departamento de Salud”, lee el informe firmado por Morales.

El Nuevo Día supo que Luz “Nildy” Cruz Romero, directora del programa de Medicaid en el Departamento de Salud ha sido entrevistada por las autoridades locales y federales en torno a ese aumento salarial que finalmente fuera desautorizado luego de que ella notificara al entonces secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, quien alegadamente desconocía del incremento.

La Junta de Supervisión Fiscal también ha mostrado interés en el tema e incluso demandó al gobierno de Puerto Rico para tener acceso a ciertos documentos relacionados a las compras en el contexto del COVID-19. El ente fiscal logró obtener ciertos documentos a través de la Cámara e investiga, por ejemplo, las circunstancias en que se otorgaron contratos en exceso de $10,000 sin que se consultara al ente fiscal.

El pasado 23 de abril el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano confirmó que agentes del NIE visitaron las oficinas centrales para buscar información sobre Cabeza, Rosa, el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón y la subsecretaria de la Gobernación, Lilian Sánchez.