En la continuación de las vistas públicas que lleva la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes sobre las violaciones ambientales en la Reserva Estuarina Bahía Jobos, en Salinas, se reveló hoy, miércoles, que miembros del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) llegaron a multar a los presuntos invasores por $250,000.

No obstante, la División Legal de la propia agencia terminó negociando las multas por $3,000 con los abogados de los invasores del Camino del Indio.

Ángel Colón Colón, quien funge como sargento del Cuerpo de Vigilantes y depuso en la vista de la Comisión de Recursos Naturales, aseguró que “es frustrante que se haga el trabajo de multar y luego de negocie por esas cantidades”.

Señaló que la rebaja de multas fue durante la administración de la exsecretaria del DRNA Tania Vázquez.

El presidente de la Comisión, el representante Edgardo Feliciano, señaló al inicio de la vista que tanto Vázquez como Rafael Machargo están citados para acudir mañana, jueves, a vista pública.

El caso corresponde al que presentó el DRNA contra Guillermo Godreau Veguilla.

Colón Colón, quien trabaja para el DRNA desde 1994 y quien dijo que sus compañeros de trabajo han sido atacados injustamente por supuestamente no hacer su trabajo, indicó que él y el biólogo Milton Muñoz dieron el primer cese y desista “verbal” a empleados que trabajaban en la propiedad de Godreau Veguilla el 22 de julio de 2015, cuando notaron que se estaba haciendo una construcción legal en el área que consistió, finalmente, en la construcción de un muelle y se rellenó terreno.

A pesar de la notificación verbal, los trabajos continuaron cuando ambos regresaron al lugar el 24 de julio de 2015, cuando se dio un segundo cese y desista “verbal”.

Tras esa gestión, se solicitó a las oficinas centrales del DRNA, que entonces era dirigido por Carmen Guerrero, que se formalizara un cese y desista formal, que fue diligenciado el 29 de julio del 2015.

“Hay cosas que desmoralizan a los trabajadores y a los oficiales de ley y orden. Si el cese y desista tenía multas por $250,000... ¿cómo después de dos a tres años baja una resolución bajando la multa a $3,000? ¿Cómo nos sentimos los oficiales? Eso fue un balde de agua fría”, indicó Colón Colón, quien opinó que las multas deben ser más severas o que no puedan ser rebajadas.

Al finalizar la vista, Colón Colón fue cuestionado por la prensa sobre si la falta de diligencia de múltiples agencias locales y federales provocó el escenario que hoy se vive en la zona. El oficial atribuyó los múltiples casos referidos por irregularidades a la División Legal del DRNA, incluyó las invasiones de pasados años, como reflejo de falta de personal y no necesariamente falta de voluntad.

Solo hay ocho vigilantes asignados al distrito de Guayama, que se extiende por el este hasta Maunabo. La División Legal del DRNA, según indicaron, la componen tres personas: dos abogados y un agrimensor.

Colón Colón precisó que el problema de las construcciones ilegales data desde por lo menos 1981, cuando se declaró la reserva.

“Hay muchas agencias que arrastraron los pies con esto. Nosotros culminamos nuestro trabajo y le tocaba darle seguimiento al Cuerpo de Ingenieros. En el Camino del Indio había un injunction del Cuerpo de Ingenieros”, dijo Colón Colón.

El funcionario se refirió a una orden judicial de 1981 que, según un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo, le dio la razón al Cuerpo de Ingenieros en un intento por remover a unas 12 personas de la zona de la reserva. La agencia federal supuestamente no hizo valer esa determinación judicial.

“El Cuerpo de Ingenieros fue llevado al lugar de los hechos (de la invasión) en el 2016 y 2017. Trajeron abogados... nos reunimos con la jefa del Caribe y les entregamos todos los casos que habían y toda la situación en Camino del Indio y quedaron en hacer un nuevo injunction y nunca pasó”, dijo Colón Colón.

El vigilante Jorge Luis Santiago Serrano señaló que el Cuerpo de Vigilantes hacía intervenciones por construcciones ilegales y poda de mangle, “y cuando ibas al otro día había luz, al otro día había contadores de agua y uno decía: ¿cómo es esto? ¿Es ilegal esto?”.

Talan sobre 700 de árboles

Por otro lado, el biólogo Milton Muñoz, del DRNA, señaló que la tala de árboles en la zona fue tan masiva que se estimó en 732 ejemplares talados durante los pasados años.

Muñoz entregó a la comisión cameral una cronología de eventos que detalla cómo el 30 de noviembre de 2018 la abogada que llevaba el caso en el DRNA, Claribel Díaz, indicó en una reunión que era mejor transar el caso de Godreau Veguilla, quien según los vigilantes, continuó con las obras en la propiedad mientras continuaba el caso administrativo.

“La licenciada Díaz argumenta que este caso no se puede ganar porque no hubo testigos que vieran a los imputados cortar el mangle ni hacer los rellenos ni remover la corteza terrestre, que únicamente los observamos construir una verja en esos terrenos. Se acordó con la oficial administradora que en 10 días el abogado de la parte querellada iba a someter un documento de acuerdo y que la licenciada Claribel Díaz lo evaluaría y que la vista final del caso se vería para el 31 de enero de 2019 y 1 de febrero de 2019″, lee la cronología.

La resolución final cerrando del caso fue autorizada por el exsecretario Machargo.

Muñoz contó cómo, desde que entró al DRNA en el 2015 para trabajar en la reserva, fue precisamente para realizar unas evaluaciones técnicas en la zona por apropiación ilegal de terrenos. Para ese entonces, al llegar la zona observó mangle talado y depósito de terreno a modo de relleno.

“Las personas que estuvieron antes en la reserva habían trabajado casos de invasión o apropiaciones ilegales de tierras desde el 2002 o ante”, dijo Muñoz. “Desde que se creó la reserva siempre ha habido esa controversia sobre el Camino del Indio”.