Líderes feministas, así como expertas y expertos en el tema, combatieron las cuatro medidas legislativas que buscaban limitar el derecho al aborto en Puerto Rico.
Líderes feministas, así como expertas y expertos en el tema, combatieron las cuatro medidas legislativas que buscaban limitar el derecho al aborto en Puerto Rico. (Rebecca Blackwell)

Tras la derrota de los proyectos sobre el aborto en la Comisión cameral de lo Jurídico, representantes de diferentes partidos opinaron ayer que el estado de derecho vigente no debe ser modificado para prohibir o restringir más las terminaciones de embarazos en Puerto Rico, como pretendían cuatro de cinco medidas presentadas.

“La decisión fue parte de un análisis jurídico y salubrista en el sentido de que ya Puerto Rico tiene un estado de derecho vigente. Según las vistas públicas y los expertos médicos, no hace falta ningún tipo de cambio. El estado derecho vigente no se debe cambiar”, sostuvo Héctor Ferrer Santiago, representante por acumulación del Partido Popular Democrático (PPD).

Del mismo modo, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, compartió los resultados del referéndum, que se celebró la noche del martes, en medio de un mensaje a la prensa en el que reconoció las disposiciones constitucionales sobre el derecho a la intimidad.

“En la Cámara de Representantes, cumplimos nuestro compromiso de liderar un proceso de vistas públicas amplio, inclusivo y participativo, en el que escuchamos a todos los sectores, y el resultado final de este esfuerzo es uno que honra el derecho constitucional a la dignidad humana y la intimidad, según dispuesto en nuestra Carta Magna”, expresó Hernández Montañez en declaraciones escritas.

Mientras tanto, activistas feministas celebraron como una victoria la caída de los cuatro proyectos antiaborto y señalaron como correcta la decisión de la Comisión de lo Jurídico.

El aborto está cobijado por el derecho constitucional a la dignidad y a la intimidad, y eso no se revoca porque se revoque la jurisprudencia federal.

Tania Rosario Méndez, directora ejecutiva de Taller Salud

Además, explicó que la amplia discusión permitió desmentir el discurso de “falta de regulación, de que no existen datos y que se practican abortos hasta el día antes de nacer... todo ese tipo de mentiras que se estaban utilizando para construir una narrativa inflamatoria y polarizada”.

“Una parte es la legitimación legislativa y otra parte es la legitimación social; que podamos hablar en el espacio de consideración de los proyectos permitió a las defensoras, pacientes, médicas y médicos, abogadas y abogados hablar a profundidad de cuáles son los marcos regulatorios existentes en Puerto Rico para la práctica de terminación de embarazos”, expresó la salubrista.

La licenciada Frances Collazo Cáceres, de la Asociación Puertorriqueña Pro-Bienestar de las Familias (Profamilias), opinó que las expresiones del presidente de la Cámara fueron “acertadas”.

“Fue un proceso que da pie a una postura sensata, basada en evidencia y en la práctica real de un servicio de salud en Puerto Rico, y de no dejarse influenciar por argumentos sectarios que tienden a la desinformación, que se basan también en acercamientos violentos hacia quienes defienden los derechos reproductivos de las mujeres”, dijo Collazo Cáceres.

Votación sobre informes

Cada informe negativo contó con un mínimo de 10 votos de representantes que avalaron colgar las medidas: el Proyecto del Senado (PS) 693, que buscaba restringir el aborto a partir de las 22 semanas de gestación; el Proyecto de la Cámara (PC) 715, para tipificar como asesinato la muerte violenta de una embarazada y definir el concepto de concebido; PC1084, para prohibirlo desde el latido del corazón; PC1403, para afirmar y ampliar el acceso al derecho al aborto; y el PC1410, para que el pueblo se expresara a través de un referéndum.

El PS693, medida tripartita y aprobada en junio pasado en el Senado, fue rechazada por 10 votos, ocho de la delegación del PPD, uno de Mariana Nogales Molinelli, de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), y otro de Denis Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

La comisión reconoció el derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su cuerpo.

Denis Márquez Lebrón, legislador independentista

“Se escuchó a la comunidad científica, y hubo consenso entre los juristas sobre los aspectos legislativos y de derechos humanos sobre este tema. Me parece una acción correcta de la Cámara de Representantes”, agregó.

El legislador independentista opinó que hubiera querido que se le diera continuidad al 1403, de su autoría junto a Nogales Molinelli.

Por su parte, tres representantes Partido Nuevo Progresista (PNP) favorecieron el PS693 rechazando el informe y uno se abstuvo. Además, la legisladora de Proyecto Dignidad en la Cámara, Lisie Burgos Muñiz, se abstuvo del proyecto 693, el cual es uno de la autoría de su homóloga en el Senado, Joanne Rodríguez Veve.

“Todos los proyectos ‘provida’ fueron derrotados en una alianza entre representantes del Partido Popular, el Partido Independentista y Victoria Ciudadana. El haber derrotado estos proyectos implica que las cosas se quedarán cómo están”, dijo Rodríguez Veve en sus redes sociales, al opinar que el proceso fue una “barbarie”.

Burgos Muñiz también se abstuvo en los proyectos 715 y 1410. Este medio solicitó una reacción de la representante, pero no recibió respuesta.

Los legisladores novoprogresistas José Meléndez, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, Gabriel Rodríguez Aguiló y José Aponte Hernández avalaron el PC1084, medida del latido fetal y de la coautoría de Burgos Muñiz y Wanda del Valle, también del PNP.

Choques por trámite legislativo

Las cinco medidas fueron ampliamente discutidas en ocho vistas públicas, dirigidas por el entonces presidente de la Comisión de lo Jurídico, Orlando Aponte Rosario, quien no compartió cómo hubiera votado por las medidas.

El legislador popular indicó a este medio que fue relevado del puesto por unas “diferencias” en el proceso para evaluar los proyectos del aborto, ya que él favorecía que todas las medidas bajaran al pleno la semana pasada.

“Más allá del asunto jurídico, creía que era responsabilidad de todos expresarnos. Este tema atiende asuntos de derechos de las mujeres, asuntos religiosos, de salud… y no está enmarcado solamente en nuestra Comisión. Entendía que era bueno e importante que todos los legisladores se expresaran y tuvieran la oportunidad de participar”, opinó Aponte Rosario.

La decisión que tomó el presidente de la Cámara de atender los proyectos en comisión fue una decidida por el caucus popular en agosto pasado, al cual no asistió Aponte Rosario.

“El presidente tenía el respaldo de los compañeros (de la delegación del PPD) y determinaron que se tenían que atender los proyectos y, de hecho, derrotar, en la Comisión. (…) No prevalecí, y ellos determinaron que el último día de la sesión (el martes) iban a atenderlo”, explicó Aponte Rosario.

A pesar de que Hernández Montañez anunció en el pleno el relevo del presidente de la Comisión de lo Jurídico, Aponte Rosario indicó que fue una determinación que tenía solo efectos sobre el trámite de estas medidas, por lo que entiende que sigue en el puesto.

Mientras tanto, el Senado tiene ante su consideración el PS 929, de la autoría de ocho senadores del MVC, el PPD y el PIP. La medida busca crear la “Ley para la Protección de los Derechos Reproductivos de las Mujeres y de las Personas Gestantes”.

Próximos pasos

“Para nosotras, el próximo paso es un proyecto de ley que busque codificar lo que actualmente está establecido en nuestra Constitución y en nuestra jurisprudencia… Un proyecto de ley que establezca una política pública de garantizar el acceso a servicios seguros de aborto, a servicios, seguros de salud reproductiva para las mujeres y todas las personas gestantes en Puerto Rico”, expresó Rosario Méndez.

En este momento, el Senado tiene ante su consideración el PS 929, de la autoría de los senadores Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkohl, de MVC; María de Lourdes Santiago Negrón, del PIP; Migdalia González Arroyo, Elizabeth Rosa Vélez y Rosamar Trujillo Plumey y Juan Zaragoza Gómez, del (PPD); y el legislador independiente José Vargas Vidot. El proyecto busca crear la “Ley para la Protección de los Derechos Reproductivos de las Mujeres y de las Personas Gestantes”.

Collazo Cáceres abogó también por legislación para tener más claro el estado de derecho, “más allá de tener que usar de referencia un caso del Tribunal Supremo (Pueblo v. Duarte), el Código Civil, el Código Penal o el reglamento de los centros de terminación de embarazo.

La próxima sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa inicia el lunes 9 de enero.

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