El juez Anthony Cuevas Ramos se reservó esta mañana su fallo tras atender una petición de mandamus presentada contra el Senado de Puerto Rico que solicita información del salario de los empleados del cuerpo legislativo por los pasados ocho años.

El recurso legal fue presentado por Eva L. Prados Rodríguez, candidata a la Cámara de Representantes por el Movimiento Victoria Ciudadana. En la vista, Cuevas Ramos descartó varios argumentos levantados por el Senado, como uno que establecía que la revelación de los salarios de los empleados pone en peligro su seguridad.

El Juez recordó que otros salarios públicos son regulados por ley, por lo que se conocen sus cuantías y esa realidad no necesariamente ha dado paso a ataques a la seguridad personal de figuras como jueces y legisladores. Incluso los maestros y los policías están sujetos a escalas salariales, recordó.

Cuevas Ramos dio a entender que ve con buenos ojos la petición de la demandante y básicamente echó al zafacón otro de los reparos presentados por la defensa del Senado, cuyos abogados, encabezados por Sheila Torres Delgado, plantearon que Prados Rodríguez no es periodista y tampoco precisó para qué quería la información.

“Da igual”, sostuvo Cuevas Ramos. “Vamos a descartar quién es la persona que solicita y por qué razón la solicita”.

Al oponerse a la petición de desestimación presentada por el Senado, Prados Rodríguez incluyó en un recurso radicado esta mañana las razones que tiene para solicitar la información: la existencia en la Legislatura de casos de kickbacks entre empleados y legisladores, la necesidad de identificar casos de nepotismo y la necesidad de corroborar información pública sobre salarios inflados en oficinas legislativas.

Cuevas Ramos manifestó que si hay o no investigaciones en curso sobre el pago de empleados de la Legislatura “no le resta méritos” al reclamo y llegó a indicar, citando expresiones de un colega juez, que la postura del Senado en cuanto a ese asunto de las intenciones de Prados Rodríguez constituye una “falta de respeto”.

“Solicita la información pública simple y sencillamente porque es una ciudadana del país y tiene derecho a saber qué se hace con el dinero que se paga con el pago de las contribuciones”, dijo Cuevas Ramos.

Según el Senado, a través de Torres Delgado, no existe jurisprudencia clara sobre si la información sobre el salario de estos empleados es pública, pero sí está meridianamente claro que la información contenida en expedientes de personal es confidencial. Insistió en que no hay una sola ley que declare pública los salarios de los empleados del gobierno.

Por lo tanto, según el Senado, el acceso a información pública no es ilimitado y puede ser limitado para proteger los “derechos fundamentales de terceros”.

El cuerpo legislativo cuenta con alrededor de 300 empleados administrativos y 250 empleados de oficinas legislativas y comisiones.

Al defender la expedición del recurso de mandamus, el abogado Luis Torres Asencio, representación legal de Prados Rodríguez, argumentó que resulta irrelevante las intenciones de su clienta para solicitar su información, pero si lo fuera, insistió en que resulta pertinente conocer, además de las razones ya esbozadas en escritos legales, si en el cuerpo legislativo se cumple con normas de igual paga por igual trabajo o paridad salarial.

“Y por supuesto… entendemos que el Senado viene obligado a divulgar la información pública porque es información que está atada al expendio de fondos públicos y el uso de fondos públicos para pagar el salario de estos servidores públicos… tenemos un derecho a acceder esa información”, dijo Torres Asencio.

El abogado argumentó que sí existen caso resueltos a nivel del Tribunal de Apelaciones en que se declaran los salarios de los empleados información pública.

“El interés público de los ciudadanos en acceder a esta información prevalece por mucho sobre el interés privado que pretende reinvindicar el Senado, que quiere mantener confidencial la información de los salarios”, dijo Torres Asencio.

El letrado aclaró que la demandante no está cuestionando el derecho que pueda tener un legislador de fijar los salarios en su oficina, pero insistió en que los empleados del Senado, particularmente los que ocupan puestos de confianza, no gozan de la confidencialidad que reclama el Senado. “El pueblo de Puerto Rio debe tener la oportunidad y la posibilidad de pasar juicio sobre si la compensación de los empleados públicos es razonable”, dijo.

“Los empleados públicos no deben temer a la rendición de cuentas a nuestro pueblo”, insistió. “Puerto Rico se ha preciado de tener un derecho constitucional de derecho a la información. Sin embargo, en este tema, en el tema de la publicación de los salarios de empleados públicos, Puerto Rico está a la cola de muchas jurisdicciones que no reconocen un derecho constitucional a la información, pero reconocen que los ciudadanos deben tener acceso a la compensación de todos los empleados públicos”, finalizó Torres Asencio.