El Colegio de Abogados y Abogadas y la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) rechazaron este miércoles dos propuestas legislativas que modifican la “Ley de Menores de Puerto Rico” (Ley 88-1986) por entender perpetúan una visión punitiva y de encarcelamiento prolongado en el sistema de justicia juvenil.

“Estas medidas conducirían a una regresión de las garantías reforzadas que corresponden a nuestros niños y niñas y adolescentes bajo el derecho vigente. Los proyectos desplazan el enfoque educativo y restaurativo que guía el sistema juvenil sustituyéndolo por respuestas punitivas”, advirtió la presidenta del Colegio, la licenciada Vivian Godineaux.

El Proyecto del Senado 38 propone ampliar la categoría de “Falta Clase III”, según la Ley 88, para incluir bajo la categoría de delito grave conductas como violaciones a la Ley Armas y distribución de sustancias controladas, y obligaría al procurador de Menores a solicitar la renuncia de jurisdicción en múltiples faltas, lo que “limitaría la discreción judicial”. Entre las faltas por las que se solicitaría la renuncia, están el escalamiento agravado, agresión grave, agresión sexual, violación, robo, incendio agravado y secuestro, entre otras.

Mientras, el Proyecto de la Cámara (PC) 807 eliminaría el requisito de agotamiento de remedios administrativos en los casos de faltas ocurridas en escuelas.

“Resulta prudente y continuamos avalando que dichos procedimientos se hayan agotado previo a que se acuda al foro judicial”, dijo, por su parte, la licenciada Alejandra Belmar, directora ejecutiva de la SAL, durante una audiencia pública de la Cámara de Representantes.

Actualmente, la Ley 47-2022 dispone, en su Artículo 4A, según enmendado, que, cuando la falta imputada a un menor ocurra en un plantel escolar o sus inmediaciones, la dirección –pública o privada– deberá agotar todo remedio administrativo antes que el tribunal asuma jurisdicción y el asunto sea elevado a lo judicial.

“No podemos seguir dando la espalda a la población de menores que está siendo procesada en los Tribunales de Menores del país y, mucho menos, podemos equiparar la naturaleza ‘sui generis’ que cobija a los procesos de menores”, sostuvo Belmar. “No podemos seguir albergando jóvenes, niños y niñas entre paredes y barrotes”.

Belmar dijo que la respectiva enmienda al Artículo 4A fue insertada hace apenas tres años, y afirmó que sería “prematuro adjudicar ciertos sucesos al fracaso del requisito de agotamientos de remedios administrativos”. Apuntó que las piezas legislativas bajo consideración son “reaccionarias a eventos aislados” en medio de recientes incidentes juveniles.

Godineaux indicó, en tanto, que evaluaciones internacionales revelan reducciones significativas en la reincidencia cuando se aplican mecanismos de justicia restaurativa. En Canadá, por ejemplo, la “Youth Criminal Justice Act” (YCJA) reporta hasta un 27% menos de reincidencia entre jóvenes que participaron en programas restaurativos, comparado con un 36% en el sistema tradicional.

Respecto al PC 807, recomendó reforzar el Artículo 4A, estableciendo plazos perentorios y protocolos uniformes para la resolución de conflictos escolares mediante mediación, orientación y programas de justicia restaurativa. Asimismo, sugirió “filtrar” la renuncia de jurisdicción mediante criterios objetivos y peritajes psicosociales obligatorios, con motivación escrita y evaluación caso a caso; y la implantación de un programa nacional de formación continua en prácticas restaurativas.

“Los proyectos, al pretender ‘armonizar’ la ley con el Código Penal de adultos y eliminar mecanismos restaurativos, desnaturalizan su propósito y vulneran tanto el ordenamiento local como los estándares internacionales de derechos humanos”, subrayó Godineaux.

El director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles, Ever Padilla Ruiz, destacó, de otra parte, que la experiencia de la entidad es que la mayoría de los menores que se enfrentan al sistema de justicia juvenil provienen de contextos marcados por la pobreza, la violencia intrafamiliar y patrones de delincuencia intergeneracional, entre otros.

“Más que criminalizar las conductas de los jóvenes, debemos enfocarnos en fortalecer la permanencia de los jóvenes en las escuelas desde un modelo de atención integral, que incluya aspectos educativos, psicológicos y sociales”, precisó.

El Departamento de Justicia favoreció que el requisito de agotar los remedios administrativos se mantenga en los casos de faltas ocurridas dentro de una escuela relacionadas con alteraciones a la paz o agresiones simples. No obstante, consideró adecuado eliminar la exigencia en instancias en que la conducta constituya un delito grave dentro de un plantel.

“Si bien es cierto que la Ley de Menores el norte es la rehabilitación, también hay que exigirles responsabilidad. También hay que proteger el orden público y hay que atender a las víctimas que también tienen sus derechos”, opinó Luis Ramos Vélez, procurador de Asuntos de Menores de Arecibo.

El licenciado fue cuestionado por los representantes Denis Márquez y Adriana Gutiérrez, del Partido Independentista Puertorriqueño, quienes repudiaron la aprobación de ambos proyectos.

“Estamos de acuerdo con que se debe asumir responsabilidad por los actos que se cometan, siempre dentro del marco de la madurez, de la capacidad de los menores que, precisamente por eso, es que son diferenciados en nuestro sistema de justicia”, planteó Gutiérrez.

El presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, José “Che” Pérez, también expresó reservas con los proyectos. Adelantó que continuará el análisis en vistas públicas. “Puedo entender el deber del Departamento de Justicia de buscar procesar y que haya consecuencias… pero me preocupa que estemos colgando los guantes y que no haya más análisis”, enfatizó.