La Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) expresó este viernes reservas con la viabilidad de implantar, en agencias del gobierno central, un plan piloto de una jornada laboral semanal de 32 horas sin afectar la compensación salarial del trabajador, como propone el Proyecto del Senado (PS) 308.

Aplicar una jornada reducida sin impacto sobre la compensación atentaría contra el principio de igual paga por igual trabajo, argumentó la dependencia en vista pública senatorial.

“Somos de opinión que el permitir que determinados empleados con la misma clasificación puedan trabajar, según propone la medida, cuatro días, devengando el salario sin reducción alguna vis a vis que a otros en puestos similares se les requiera completar la jornada regular semanal de 37.5 horas para recibir el mismo salario, no responde a la política pública de la Ley 8-2017, ni a las garantías y protecciones constitucionales que provee nuestro ordenamiento jurídico”, expuso la ponencia del director ejecutivo de la OATRH, Facundo Di Mauro, leída por el abogado principal de la agencia, Marcos Andrade Ravelo.

Bajo la Ley 8, conocida como la Ley del Empleador Único, los trabajadores de las agencias cubiertas por el estatuto son considerados empleados del gobierno central, puntualizó la OATRH, lo que incluye la aplicación de los planes de clasificación y retribución uniformes que entraron en vigor en 2023.

“Mediante este mecanismo, los empleados que realizan las mismas funciones son clasificados y compensados a tenor con ello, indistintamente la agencia en la que trabajen”, apuntó Andrade Ravelo, aludiendo también al principio de movilidad entre dependencias que se procuró por medio de la Ley 8.

La OATRH señaló, además, que el PS 308, de los legisladores pipiolos María de Lourdes Santiago y Adrián González Costa, propone enmendar la Ley para Establecer la Jornada de Trabajo en Puerto Rico de 1948, un estatuto que no cubre a servidores públicos.

De otra parte, a preguntas del presidente de la Comisión de Trabajo y Relaciones Laborales del Senado, Luis Daniel Colón La Santa, y la senadora popular Marially González, el funcionario afirmó que, para la OATRH, sería complejo liderar un plan piloto de jornada reducida, como propone el PS 308, toda vez que son las agencias las que tienen conocimiento directo de los servicios que ofrecen y las posibilidades de establecer prácticas laborales alternas.

En ese aspecto, Andrade Ravelo apuntó que la centralización de las bases de datos de recursos humanos del gobierno –un proyecto que se comenzó en la pasada administración– ofrecerá mucha mayor visibilidad de las condiciones de cada agencia.

“Cada agencia, por la particularidad de los servicios que ofrece, tendría que analizar y evaluar cómo puede, con los empleados que cuentan, establecer las jornadas laborales, con turnos rotativos y sin impactar los servicios”, dijo Andrade Ravelo a la pregunta de González sobre si, con una medida como el PS 308, se facilitaría la implantación gubernamental del “flexitime”, como se le conoce a la práctica que permite a un empleado distribuir su jornada semanal completa –de 37.5 o 40 horas– en cuatro días.

Colón La Santa, del Partido Nuevo Progresista, sostuvo, en un aparte con El Nuevo Día al finalizar la vista, que, además de analizar el impacto fiscal que tendría, le preocupa el posible efecto del PS 308 sobre los servicios de las agencias en momentos en que, a su juicio, el gobierno debe maximizar su capacidad para operar fuera de los horarios tradicionales.

“Yo creo más en lo que son los empleos rotativos, para que el servicio no se pierda. Ahora mismo, en la empresa privada, hay veces que uno no tiene la oportunidad de trabajar hasta tarde y tener el servicio gubernamental que se necesita, como sencillamente una certificación, un servicio básico que podemos tener en las plataformas digitales. Pero, aunque tengamos la tecnología, debemos tener una agencia que dé el servicio directamente a la persona”, comentó.

Por otro lado, la OATRH tampoco recomendó la aprobación del PS 140, de la senadora González, para crear una plataforma gubernamental para realizar entrevistas de trabajo virtuales con personas interesadas en buscar empleo en Puerto Rico, por entender que ya existen mecanismos que cumplen ese propósito; ni el PS 287, del senador popular José Luis Dalmau, que concedería licencias pagas para empleados que se encuentren estudiando grados universitarios, aludiendo a su impacto fiscal.