Antonio Medina junto a David Skeel y John Nixon.
Antonio Medina junto a David Skeel y John Nixon. (Xavier J. Araújo Berríos)

Antonio Medina, miembro de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), no pudo precisar esta tarde por qué el ente fiscal entiende que las enmiendas incluidas por el Senado al proyecto que crea la ley habilitadora del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) costarían “decenas de miles de millones de dólares”, argumento que ha utilizado el ente para rechazar la pieza legislativa.

En entrevista con El Nuevo Día, Medina dijo desconocer cuándo la JSF enviaría a la Legislatura el escrito en que respondería “en detalle” al Proyecto de la Cámara 1003. Sin embargo, insistió en la necesidad de que se retome el diálogo.

También señaló que la insistencia de la JSF en recortar las pensiones a los empleados públicos, ya sea las que superen los $1,500 mensuales o los $2,000 mensuales “no es un issue monetario” y sí de “equidad”.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez, fue quien esta mañana levantó, en entrevista con El Nuevo Día, la preocupación sobre la falta de precisión de la JSF al objetar los cambios al PC 1003 y la importancia de recibir algún documento detallando las objeciones para que los cuerpos legislativos puedan responder de cara a una posible reunión a efectuarse este próximo fin de semana entre el Ejecutivo, la JSF y representantes de la Cámara y el Senado.

Preliminarmente, Santa Rodríguez calculó que las propuestas del Senado podrían costar entre $600 y $700 millones anuales, mientras el gobierno espera inyectar -y por lo tanto tener dinero suficiente- al Fondo General cerca de $2,000 millones cada año producto de lo generado por una serie de impuestos al ron, el combustible, entre otros.

“Eran $14,000 millones guardados y quedan $12,000 millones porque se sacaron $2,000 millones por María. Ese dinero no ha llegado al Fondo General y han sido constante (los recaudos) por más de 10 años. Si se hace una emisión de $7,400 millones, con el pago anual van a sobrar como $1 billón. Por eso estamos diciendo que si vas a hacer el intercambio de deuda puedes comprometer dinero que va a sobrar”, dijo Santa Rodríguez.

Las propuestas del Senado incluyen detener los recortes del plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico fijando una asignación tope de $500 millones por los próximos cinco años, la creación de un Fondo de Inversión de Desarrollo Económico ($300 millones durante cinco años), dinero para los municipios ($62 millones anuales), cero recortes a las pensiones (entre $44 millones y 90 millones anuales) y evitar los recortes a las aportaciones del plan de los empleados públicos.

Otra iniciativa, por un lado, señala que se asignaría $1 millón para evaluar la posibilidad de crear un sistema de salud universal, pero en el mismo texto se establece como “meta” que el 100% de la población tenga cubierta médica. Se desconoce el costo de una iniciativa que le garantice cubierta médica al 100% del país.

“Hay un número de gastos nuevos que no están contemplados en el plan fiscal… básicamente cambian los números en cuanto al plan fiscal. Cuando empiezas a sumar eso, y el plan fiscal es a 40 años, hablan de un plan de salud nuevo para cubrir a las personas que no tienen un plan de salud y hablan de aumentar los beneficios en cuanto a los planes médicos. Cuando sumas y restas estamos hablando de cientos, billones de dólares”, afirmó Medina.

El Senado incluyó un lenguaje que dispone que, si esas iniciativas no son aceptadas por la JSF, la totalidad de la propuesta ley se iría abajo y, con eso, la autorización que necesita la JSF para el intercambio de bonos valorados en $7,400 millones.

“El plan fiscal no es un documento arbitrario, es un documento de números y tenemos que calcular cada medida. Nos estás diciendo: si no incluyes estas 10 cosas las transacciones de reestructuración de deuda están condicionadas a eso”, afirmó Medina, quien describió el lenguaje utilizado por el Senado como “ambiguo y sujeto a mucha interpretación”.

“Incluir todas esas cosas con mucha ambigüedad y condicionar el intercambio de bonos a eso imposibilitad la implementación de la ley”, insistió. “Necesitamos sentarnos a dialogar… invito al diálogo para que entendamos qué se puede hacer y qué no se puede hacer. No podemos tener contingencias en una ley para sacar a Puerto Rico de la bancarrota cuando hay un intercambio de bonos sujeto a condiciones ambiguas”.

Las pensiones

Medina indicó, a preguntas de El Nuevo Día, que el recorte a las pensiones no es un “issue monetario” que costaría entre $44 millones y $90 millones, dependiendo del umbral al que se le aplique la reducción.

“La Ley de Quiebras tiene la expectativa de que cuando se negocie con los acreedores, y los pensionados son acreedores, haya un principio de equidad, que si se le recorta a uno se les recorta a todos. No puedes tratar a un grupo preferencialmente y la JSF entiende que hay que respetar el principio de equidad”, dijo Medina.

La propuesta original en el PC 1003 avalada por la JSF incluía elevar el umbral a $2,000 mensuales y crear un fondo de restitución –sujeto a la disponibilidad de fondos de Medicaid- para compensar a cualquier pensionado afectado por el recorte de 8.5%. El lenguaje fue eliminado de la media por petición del Ejecutivo y de los sindicatos.

¿Alguien más, aparte de la JSF, propone el recorte a las pensiones?, se le preguntó.

“No puedo responder eso”, contestó Medina. “Lo que no podemos es poner un lenguaje que no sea claro”.

La viabilidad del pago de la deuda

Aunque se trata de un recorte sustancial de la deuda de $33,000 millones a $7,400 millones e igualmente una reducción en el pago anual de la deuda, expertos economistas han señalado que el PAD no será viable y que, a partir del 2036 –y así lo ha consignado la JSF- el país podría regresar a déficit. Este escenario provocaría que los nuevos bonos tendrían que ser pagados a expensas del dinero necesario para servicios esenciales de todo tipo, según advertencias de expertos.

Medina no rechazó ese escenario y sostuvo que básicamente le toca a todo el país asegurarse de reactivar la economía para evitar que se cumplan esos pronósticos. Igualmente indicó que economía crecerá con el supuesto ahorro en el pago de la deuda. Si bien la cifra alcanza $1,150 millones al combinado Cofina y Obligaciones Generales, no se toman en cuenta los $2,000 millones del PayGo, un gasto que ahora sale del Fondo General cuando ese no era el caso cuando Puerto Rico cayó en la quiebra.

“El plan fiscal está disponible y es cierto que, en algún lugar, entre el 2034 o el 2035 terminan los superávits o el crecimiento económico”, dijo Medina al aludir a cómo la economía durante los próximos 15 años sería boyante con la inyección de miles de millones de fondos federales de todo tipo, como fondos CDBG-DR y fondos Medicaid. “Mi posición desde que empecé en la JSF es que el futuro de Puerto Rico depender de nosotros y los puertorriqueños tenemos que crear iniciativas de desarrollo económico para que la economía crezca a largo plazo”.

“De aquí a 15 años van a pasar muchas cosas… pero al final es nuestra responsabilidad tener un desarrollo económico sostenible y que no necesitemos más fondos CDBG por terremotos, huracanes o pandemias. Vamos a tener un periodo estable a corto plazo”, abundó.

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