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Jenniffer González presenta legislación que permitiría el tránsito de vehículos todoterreno en las vías públicas

La propuesta forma parte de un paquete de 19 medidas radicadas por la gobernadora al inicio de la tercera sesión ordinaria del cuatrienio

16 de enero de 2026 - 12:04 PM

El Proyecto de la Cámara 2044 establecería restricciones al uso de vehículos todoterreno en zonas urbanas y expresos. (GFR Media)
La medida permitiría a conductores autorizados manejar este tipo de vehículos en autopistas, expresos y carreteras de acceso controlado.

Tan pronto inició esta semana la tercera sesión legislativa del cuatrienio, la gobernadora Jenniffer González radicó un paquete de 19 medidas y, aunque al momento la discusión pública ha sido dominada por la reforma contributiva y la tipificación como asesinato de la muerte del concebido, entre las propuestas, también hay una que permitiría el tránsito de vehículos todoterreno por las vías públicas.

El Proyecto del Senado 916 establece un registro, bajo el nombre de “VTT Street-Legal”, que permitirá a los conductores –que cumplan con el mismo– manejar este tipo de vehículos en las carreteras del país, incluyendo autopistas, expresos y vías de acceso controlado.

“La ausencia de un sistema uniforme para el registro, inspección y circulación de estos vehículos ha limitado la capacidad de las agencias de seguridad y transportación para atender esta problemática de manera eficaz. Del mismo modo, la falta de un registro digital integrado ha dificultado el control sobre la compraventa, traspaso y uso de estos vehículos”, lee la medida.

La legislación, según presentada, define el término “vehículos todoterreno” (VTT) como “todo vehículo de motor de dos o más ruedas, diseñado para transitar en diversas superficies, incluyendo vías pavimentadas y terrenos no pavimentados, fabricado para uso recreativo, utilitario o de transporte no convencional de personas”.

Según la propuesta de González, los vehículos todoterreno se definirían en cuatro categorías. Las primeras dos son los “All Terrain Vehicle” (ATV), que son aquellos vehículos de motor con dos o más ruedas de baja presión, asiento tipo montura y manubrio, y diseñado para uso individual o con un pasajero; y los “Utility Task Vehicle o Side-by-Side” (UTV), que cuentan con un motor utilitario todoterreno de cuatro o más ruedas, con asientos lado a lado, volante, estructura de protección, capacidad para carga y pasajeros. Estos últimos podrían ser utilizados “en actividades recreativas, agrícolas, industriales o de servicios”.

La tercera categoría sería para los “UTV One-Side”, definidos como vehículos de motor todoterreno de cuatro o más ruedas, con un asiento volante, estructura de protección y con cinturón de seguridad. Este podrá ser utilizado como transporte y actividades recreativas. Y, la cuarta y última, es la “Special Service Vehicle” (SSV), dirigida a vehículos de motor todoterreno de cuatro o más ruedas, con asientos lado a lado, volante, estructura de protección y pasajeros.

“Los vehículos todoterreno en cualquiera de sus clasificaciones, incluyendo los vehículos de baja velocidad o carritos de golf, además de cumplir con sus especificaciones técnicas, deberán estar registrados… inspeccionados, estar cubiertos con una póliza de seguros de responsabilidad pública y con la autorización de circulación ‘VTT Street-Legal’”, dispone el proyecto.

Las personas que incumplan con el registro del vehículo, o no posean la tablilla y marbete electrónico vigente, se expondrían a una multa no mayor de $5,000, reclusión o servicios comunitarios de hasta seis meses, según disponga el tribunal.

Se propone, además, una amnistía de 120 días, prorrogable hasta 180, para que los dueños registren sus vehículos sin penalidades, “incentivando la regularización voluntaria y facilitando al Estado recopilar datos y recaudos contributivos”.

En junio, la gobernadora anunció la creación de un comité de trabajo para ayudarla en el diseño de un marco regulatorio para el tránsito de este tipo de vehículos.

¿Cuáles son algunas de las otras medidas presentadas por la gobernadora? A continuación, un desglose:

  • Proyecto del Senado 912: la llamada reforma contributiva tiene como enfoque la reducción de tasas a los contribuyentes con ingresos anuales de entre $25,000 y casi $90,000. No obstante, aborda áreas como la eliminación de exenciones en la compra de sistemas de placas solares y vehículos híbridos, eléctricos o “plug-in”, lo que ha provocado opiniones divididas.
  • Proyecto del Senado 913: para requerirle a los municipios que cuenten con un “Enlace Municipal de Asuntos de la Mujer y Víctimas de Violencia Doméstica”. Esta disposición estaba contemplada en la Ley 81-1991, pero la derogación del estatuto “ha generado un vacío que debilita los esfuerzos de prevención y respuesta ante la violencia de género”.
  • Proyecto del Senado 914: actualiza múltiples articulados de la Ley 54 de Violencia Doméstica para responder a nuevas dinámicas de violencia, como el acoso digital, el control coercitivo y las violencias económicas o psicológicas. “Un marco legal fortalecido debe ampliar definiciones, agilizar procesos y cerrar vacíos que permiten que muchos casos queden impunes”, lee la medida.
  • Proyecto del Senado 915: enmienda la “Ley contra la Venganza Pornográfica de Puerto Rico” para tipificar como delito grave los casos en que una persona amenace a la víctima de divulgar, difundir, revelar o entregar a terceros materiales explicito que la involucre.
  • Proyecto del Senado 917: para extender a 16 años el término de nombramiento de los fiscales, procuradores de Asuntos de Menores y de Familia, y registradores de la Propiedad.
  • Proyecto del Senado 920: enmienda la “Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas” a los fines de prohibir la influencia económica de personas jurídicas extranjeras en Puerto Rico.
  • Proyecto del Senado 923: enmienda el Código Penal para tipificar como asesinato la muerte de un concebido no nacido. Expertas en derechos reproductivos han advertido que la medida –tal cual redactada– aumenta la confusión en el ordenamiento jurídico y la práctica médica que pudieran costar la vida o la libertad de personas embarazadas. Ya recibió el aval del Senado.
  • Proyecto del Senado 927: para disponer períodos de cinco minutos de reflexión y meditación en las agencias y corporaciones públicas. El tiempo se deberá usar al inicio de la jornada laboral. “La presente medida pretende regular en Puerto Rico un espacio de reflexión para que nuestros empleados públicos puedan tener un tiempo de conexión sin imponer un credo religioso”, lee el proyecto, que también dispone el desarrollo de un proceso de acomodo razonable para aquellos empleados que entiendan que la ley “infringe su libertad de culto”.
  • Proyecto del Senado 928: para que las víctimas de trata humana sean elegibles para recibir compensación –a través de la “Ley de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito”– por daños ocurridos a causa de dicho delito.
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