Las menores tenían 13, 14, 15 y 16 años. (GFR Media)
Justicia apoya el proyecto de la Cámara.

El Departamento de Justicia expresó su apoyo a un proyecto de ley que facilitaría, según sus proponentes, la rehabilitación de menores procesados como adultos y que cumplen largas condenas carcelarias.

Se trata del Proyecto de la Cámara 467 que, si bien mantiene los términos mínimos para que un menor procesado como adulto sea elegible para los beneficios de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP), sí dispone que para que se llegue a ese cálculo solo se utilizaría como base el término de la sentencia mayor cuando el menor tenga que cumplir sentencias consecutivas.

Actualmente un adulto convicto por un delito por asesinato en primer grado, que conlleva una pena de 99 años, puede cualificar para los beneficios de la JLBP tras cumplir 35 años de sentencia o 15 años si se trata de un menor sentenciado como adulto. En el caso de sentencias cuyo tiempo de reclusión sea de 50 años, la persona podría cualificar para la JLBP al cumplir 20 años o 10 años si se trata de un menor procesado como adulto.

La ley actual excluye del beneficio de libertad bajo palabra a cualquier convicto por el asesinato de un agente del orden público o de un guardia de seguridad privado, fiscal, de un procurador de menores, de un procurador de asuntos de familia o de un juez u oficial de custodia que se encuentre en el cumplimiento de su deber.

El PC 467 mantiene los términos inalterados, pero sus autores, Denis Márquez Lebrón, Orlando Aponte Rosario y José Enrique Meléndez incluyeron lenguaje que dispone que, en el caso de que un menor sentenciado como adulto tenga que cumplir sentencias consecutivas, el término para cualificar será calculado tomando solamente como base la pena del delito mayor. En caso de que la pena más alta a cumplirse sea idéntica para dos o más delitos, se utilizará el término de uno solo de ellos.

La pieza legislativa tiene aplicación retroactiva, lo que significa que menores juzgados como adultos actualmente en prisión se beneficiarían del lenguaje propuesto.

Defensores de la medida plantean, entre otras cosas, que el proyecto no necesariamente libera “antes de tiempo” a convictos de todo tipo, incluyendo asesinos convictos y que solo acelera el proceso para que cualifiquen para libertad bajo palabra y que esos requisitos no han sido eliminados de la ley de la JLBP. Además, entre estos requisitos se incluye la consulta a las víctimas o sobrevivientes.

En una ponencia firmada por el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, y enviada a la Comisión de lo Jurídico del Senado, el titular sostiene que la tendencia moderna y la jurisprudencia tanto en Puerto Rico como en Estados unidos reconoce que existe un interés apremiante a la rehabilitación y la reinserción a la comunidad de los menores convictos y procesados como adultos.

“El Departamento de Justicia se reafirma en que nuestro sistema de justicia juvenil es uno que protege los intereses de los menores trangresores”, indicó Emanuelli al recordar que ya existe jurisprudencia que establece que los menores deben ser tratados de manera distinta debido a factores psicosociales que van de la mano con la adolescencia como la falta de madurez, la susceptibilidad a influencias negativas y presiones de terceros y la falta de desarrollo emocional.

Al Emanuelli favorecer el PC 467 hizo la salvedad de que la agencia que dirige insiste en que se trate a un menor “de manera distinta a un adulto”.

El PC 467 fue referido a la Comisión de lo Jurídico del Senado, dirigida por la senadora Gretchen Hau, el pasado 28 de junio y la medida no fue atendida en la sesión ordinaria que acaba de concluir. Sin embargo, Hau y la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve son autoras de una medida, el Proyecto del Senado 437, al que sí se le dio paso en la cámara alta y que reduce los términos que tienen que cumplir tanto adultos como menores para ser elegibles para libertad bajo palabra.

El Departamento de Justicia se opone a dicha medida, en que también figuran como coautores el senador penepé William Villafañe y el popular Ramón Ruiz Nieves.

La reducción en los términos para cualificar para libertad bajo palabra no aplicaría a convictos por agresión sexual o pornografía infantil y tampoco a reincidentes en delitos violentos.

Justicia avaló la sección de la medida en que se reducen los términos mínimos para cualificar para libertad bajo palabra, pero rechazó otros elementos, como su aplicación retroactiva a convictos adultos que ya han sido sentenciados y que, al computarse el mínimo de la sentencia a cumplir para cualificar para el beneficio, igualmente en el caso de adultos, solo se tome en consideración el delito con la sentencia más larga cuando el convicto esté cumpliendo sentencias consecutivas.

El PS 437 de 35 años a 25 años –y de 15 años a 10 años en el caso de menores sentenciados como adultos- el tiempo mínimo a cumplirse en la cárcel en caso de sentencias por asesinato en primer grado antes de cualificar para libertad bajo palabra. En delitos graves cuya sentencia fija sea de 50 años -como es el caso de asesinato en segundo grado-, el convicto podrá ser considerado para los beneficios de libertad bajo palabra tras cumplir 15 años en cárcel y no 20 años como se dispone actualmente. En el caso de menores sentenciados como adultos, se reduce esa cantidad de 10 años a cinco años.

“No avalamos el lenguaje con respecto a que las personas que son convictas a cumplir sentencias consecutivas por varios delitos tengan que cumplir solamente con el término concerniente a la pena mayor recibida por alguno de estos delitos. Consideramos que esta propuesta derrota el propósito de la sanción de consecutividad de las penas, y además incide con los componentes de proporcionalidad, naturaleza de los hechos, sanción, retribución a las víctimas y a la sociedad, entre otros elementos importantes dentro de la compleja maquinaria del ordenamiento penal”.

Los criterios utilizados por la JLBP para conceder el privilegio de libertad bajo palabra no son modificados en la medida y son los siguientes: la naturaleza y circunstancias del delito o delitos, las veces que el convicto haya sido convicto o sentenciado, una relación de liquidación de la sentencia o sentencias que cumple el confinado, la totalidad del expediente penal, social y los informes médicos e informes de salud mental, el historial de ajuste institucional, el historial social y psicológico del confinado, el historial médico y psiquiátrico del confinado, la edad del confinado, los tratamientos para condiciones de salud que reciba el confinado, la opinión de la víctima o víctimas, planes de estudios, adiestramiento vocacional o estudios y trabajo del confinado, lugar en el que piensa residir el confinado y la actitud de dicha comunidad.

💬Ver comentarios