Henry Neumann arremetió contra Justicia por oponerse a la medida. (Teresa Canino Rivera)

El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y el Departamento de Justicia levantaron esta mañana objeciones en torno a un proyecto de ley que crea nuevos beneficios que disfrutarían los policías, además de los que ya gozan a través de leyes aprobadas durante los pasados años.

El Proyecto del Senado 77 (PS 77), del expresidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, agrupa bajo una ley los beneficios consignados en múltiples leyes en el área de los derechos de los cónyuges e hijos, derechos laborales y educación continua. Sin embargo, también legisla nuevos beneficios contributivos objetados por el CRIM y Justicia.

La pieza legislativa se atiende, precisamente, en la Semana de la Policía.

En una ponencia firmada por el director ejecutivo del CRIM, Reinaldo Paniagua, se trae a colación la propuesta de que todo policía disfrute de una exención -adicional a la que ya disfruta- al pago de contribuciones sobre la propiedad de hasta $10,000 de su valor de tasación. Alexis Acevedo Colón, director de asesoría legal del CRIM, señaló que la entidad no tiene manera manera en estos momentos de identificar a los policías que cualificarían para este beneficio, que sería retroactivo hasta tres años si la medida se convierte en ley.

El PS 77 también propone una exención a toda casa construida, adquirida o remodelada, o que incluso remodele en un futuro, por un policía incapacitado. Igualmente libera del pago de aranceles las certificaciones del CRIM solicitadas por uniformados.

Acevedo Colón le planteó al senador Henry Neumann que el CRIM, como entidad cubierta por la Ley Promesa, está bajo un plan fiscal.

“Promover exenciones a contribuciones sobre la propiedad inmueble, adicionales a las ya establecidas, va en contra de las iniciativas y proyecciones establecidas en el plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)”, dijo Acevedo Colón, quien también advirtió que la legislación propuesta abriría la puerta a que otros grupos de servidores públicos reclamen beneficios similares.

En la ponencia entregada por el Departamento de Justicia, firmada por el secretario Domingo Emanuelli, se recalca en la necesidad de que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) debe ser consultada sobre el contenido de la medida

En otra ponencia, esta del Departamento de Hacienda, se levanta la preocupación en cuanto al impacto financiero de la intención de que toda certificación de radicación de planillas contributivas y de deudas por contribución sobre ingresos se emitan libre de costos.

Neumann, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, tronó tanto contra Acedo Colón como contra Wildalis Figueroa, quien acudió a la vista en representación de Justicia, por oponerse a la medida.

“No noto un deseo de ayudar a la mano derecha de su departamento. No se desprende un entusiasmo por ayudar a los policías. Hablan de errores, contradicciones, definiciones y que hay que clarificar, pero no veo de parte el Departamento de Justicia un reconocimiento y un entusiasmo por querer hacer cosas a favor de la Policía”, le dijo Neumann a Figueroa.

En el caso de Acevedo Colón, Neumann le dijo que él no anticipaba que una agencia del gobierno o el propio CRIM se opusieran a la medida. Según el senador penepé, eso le toca a “Promesa”, en alusión a la Junta de Supervisión Fiscal.

“Que Promesa diga que no al final, que al fin y al cabo vienen con una función anti-demócratica, pero que no sea mi agencia de gobierno que no reconoce la necesidad”, dijo Neumann.

Acevedo Colón sostuvo que la medida tiene un impacto fiscal sobre el CRIM.

“Nosotros como entidad encargada de recaudar dinero de los municipios, prácticamente cuando se hacen medidas como esta no tenemos ni voz ni voto, pero surge lo siguiente: cada vez que se propone una medida de esta índole, de exenciones o exoneraciones, que hemos analizado hasta ahora cinco (en el cuatrienio), tienen un efecto colateral o directo y recibimos unas inquietudes de parte de la banca y de parte de los bonistas en estos casos. Se ponen inquietos en estos casos”, dijo Acevedo Colón.

“Con la aprobación de los recientes planes fiscales ya no recibimos del Fondo General las subvenciones para otorgar exoneraciones a residencias principales”, agregó.

Acevedo Colón reconoció que no se pudo hacer un cálculo, ni siquiera aproximado, del impacto fiscal de la medida ya que necesita cierta información del Departamento de Seguridad Pública, como la cantidad de policías dueños de sus residencias principales. Luego, calculó que pueden ser seis de cada diez policías los que caigan en esta categoría.

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