La eliminación de la Oficina del Fiscal Especial Independiente (Opfei) y del Departamento de Seguridad Pública (DSP), así como uniformar los procesos de contratación en el gobierno y fortalecer la Oficina del Contralor son las propuestas de la Cámara de Representantes para atender el problema de corrupción pública, uno de los cuatro “pilares” de la tercera sesión ordinaria del cuatrienio que empieza mañana.

Los otros tres pilares son: alinear la educación a la economía, estabilizar y aumentar la participación empresarial y la responsabilidad y disciplina fiscal como mecanismo para evitar que Puerto Rico vuelva a caer en quiebra. No obstante, dijo, que la Cámara continuará con “la fiscalización, la rendición de cuentas y la búsqueda de transparencia en los procesos de las corporaciones públicas, instrumentalidades y las agencias de gobierno”.

“La pandemia vino para quedarse, así que no podemos seguir improvisando como ha sido la dinámica en los últimos dos años, especialmente en los últimos meses que hemos tenido cambio de órdenes ejecutivas, hasta dos por días”, expresó Hernández.

Específicamente sobre la propuesta de la eliminación de la Opfei, Hernández explicó que el personal que integra el organismo sería reasignado a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia para su fortalecimiento. “Esto requiere una legislación, no solamente de eliminar la figura, sino un debate de cómo vamos a garantizar esa autonomía en ese ente...”, señaló.

“Lo que queremos eliminar es el costo operacional de mantener toda esta estructura a pesar de que no se estén investigando querellas”, añadió Hernández al reafirmar que lo más importante es mantener la autonomía de la División de Integridad Pública.

En el caso de la Oficina del Contralor, esta se fusionaría con la Oficina del Inspector General con el fin de mejorar su eficiencia y una intervención proactiva para evitar actos de corrupción. Mientras, con la eliminación del DSP vendría la transferencia de su presupuesto operacional para mejorar y motivar al cuerpo policial.

A través de una conferencia de prensa virtual, Hernández añadió que en el tema de educación buscarán establecer política pública que garantice el regreso a la educación presencial a través de inversión en tecnología y el establecimiento de procesos salubristas “permanentes y estandarizados”.

“No podemos seguir con un cambia y cambia cada semana con el tema de la educación de nuestros hijos. Hay que darle estabilidad al sistema”, expuso.

Retomar la reforma universitaria y fomentar la educación en áreas de alta demanda también son parte de la agenda.

La agenda de desarrollo económico incluye: legislar un protocolo uniforme para garantizar la operación comercial del país, ofrecer un incentivo salarial a las microempresas y los “microagricultores” para mitigar el incremento del salario mínimo, analizar la efectividad Código de Incentivos y su impacto en el sector económico y uniformar la otorgación de permisos.

El último pilar, la responsabilidad y disciplina fiscal, implicará ajustes al presupuesto vigente, darles seguimiento a las decisiones de la jueza Laura Taylor Swain y como estas perjudican los pagos y las obligaciones del gobierno y enmendar el Código de Rentas Internas para concederle justicia contributiva a los empleados. “Obviamente, continuaremos con nuestras investigaciones”, agregó.

Hernández reconoció que no ha discutido la agenda legislativa de la Cámara con el presidente del Senado, José Luis Dalmau, para ver si en el cuerpo hermano existe el ambiente para discutir estos temas. “Ahora se tiene que dar, como siempre se da, una reunión... y unir esfuerzos, llegar a unos acuerdos de qué se va a aprobar o qué no se va a aprobar”, expresó el líder cameral.