El Proyecto de la Cámara 19 eliminaba el derecho a escolta a primeros ejecutivos que hayan renunciado al puesto.
El Proyecto de la Cámara 19 eliminaba el derecho a escolta a primeros ejecutivos que hayan renunciado al puesto. (Xavier Araujo)

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, adelantó hoy que durante la nueva sesión ordinaria que inicia mañana, lunes, dicho cuerpo legislativo irá nuevamente tras la aprobación de legislación que elimine el derecho a escoltas de los exgobernadores.

Una alternativa es que la medida no incluya lenguaje “puntual” dirigido a eliminarle el derecho a ciertos gobernadores y oficiales, sino que “sea para todo el mundo”. “Se va a volver a radicar esa medida, relativamente eliminando las escoltas para todo el mundo, sin ningún tipo de lenguaje limitante”, anticipó el líder cameral.

El gobernador Pedro Pierluisi vetó 40 medidas aprobadas durante la pasada sesión legislativa, entre ellas el Proyecto de la Cámara 19 que eliminaba el derecho a escolta a primeros ejecutivos que hayan renunciado al puesto -como fue el caso de Ricardo Rosselló-, o que no hayan llegado al cargo a través de una “elección popular”.

La medida, de la autoría del representante Orlando Aponte, igualmente, retiraba la discreción que tiene el comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico para asignarle escolta a cualquier persona que haya ocupado el cargo y no cumpliera con los requisitos antes mencionados.

Sin embargo, no afectaba el derecho a escolta que han retenido desde su salida de La Fortaleza los exgobernadores Alejandro García Padilla, Pedro Rosselló y Luis Fortuño cuando están en la isla. Los exgobernadores Aníbal Acevedo Vilá y Sila M. Calderón favorecieron públicamente este proyecto de ley. Ninguno usa el servicio de escolta en la actualidad.

“Todavía quedan un sinnúmero de medidas... que, por ejemplo, se vetaron por parte del Ejecutivo y que todavía los legisladores tienen la intención de sentarse con el Ejecutivo y verificar dónde es qué están las diferencias para darle una segunda vuelta”, expresó Hernández.

Otro tema que podría regresar a la discusión legislativa sería es el de la imposición de una multa de $100 a toda persona contra la que se emitiera una orden de protección al amparo de la Ley 54 de Violencia Doméstica, adelantó hoy más temprano el líder cameral.

La medida que imponía esta reprimenda a los ofensores de la Ley 54 fue vetada por Pierluisi.

Los fondos obtenidos a través del pago de la multa permitían, a su vez, la creación de un fondo para el desarrollo de estrategias de prevención e intervención ante el fenómeno social de la violencia doméstica que sería administrado por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM).

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