El gobernador Pedro Pierluisi.
El gobernador Pedro Pierluisi. (Ramón "Tonito" Zayas)

El gobernador Pedro Pierluisi defendió ayer, miércoles, su decisión de vetar el Proyecto de la Cámara 19 que eliminaba el derecho a escolta a primeros ejecutivos que hayan renunciado al puesto -como fue el caso de Ricardo Rosselló, o que no hayan llegado al cargo a través de una “elección popular”.

“Mi criterio es que no se le debe privar al comisionado de la Policía y al secretario de Seguridad Pública la potestad de decidir quién debe tener seguridad y protección. Eso es un asunto muy serio y no se debe limitar la discreción que siempre ha tenido tanto el secretario de Seguridad Pública como el comisionado de la Policía a esos efectos”, respondió a El Nuevo Día a su salida tras una conferencia de prensa en La Fortaleza.

Tras el cierre de la sesión legislativa en noviembre, el gobernador vetó 18 medidas legislativas, entre estas el Proyecto de la Cámara 19, que fue aprobado en Cámara y Senado y enmendaba la Ley 2-1965, conocida como la “Ley para Conceder una Anualidad Vitalicia y otras Facilidades a Ex-Gobernadores”.

La medida eliminaba la discreción que tiene el comisionado de la Policía para asignarle escolta a cualquier persona que haya ocupado el cargo y no cumpliera con los requisitos mencionados.

Rosselló abandonó el cargo el 2 de agosto, convirtiéndose así en el primer mandatario puertorriqueño que sale de La Fortaleza sin que medien unas elecciones. La renuncia ocurrió en medio de semanas de reclamo del pueblo y protestas multitudinarias tras publicarse el contenido de un chat entre él y 11 allegados en el que vertían comentarios homofóbicos, misóginos e insultantes.

El proyecto no afectaba el beneficio de escolta que han retenido desde su salida de La Fortaleza los exgobernadores Alejandro García Padilla, Pedro Rosselló y Luis Fortuño cuando están en la isla. Los exgobernadores Aníbal Acevedo Vilá y Sila M. Calderón favorecieron públicamente este proyecto de ley. Ninguno usa el servicio de escolta en la actualidad.

El presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, Orlando Aponte Rosario, lamentó el veto de bolsillo, término que se aplica cuando el gobernador no toma acción al recibir un proyecto aprobado por la Legislatura y se vence el término para ser firmado. No obstante, si la Asamblea Legislativa quiere insistir en el proyecto, puede volver a radicar la medida.

En comunicado de prensa, Aponte Rosario, de la delegación del Partido Popular Democrático, señaló que “con el problema que tenemos en la grave alza en la criminalidad, el ausentismo en las filas policiales y la limitación de recursos en el gobierno, es insólito que el gobernador Pedro Pierluisi le haya dicho al país que prefiere seguir destinando fondos públicos y oficiales del Negociado de la Policía para brindarle proyección a Ricardo Rosselló, quien no pudo terminar su mandato y renunció por razones harto conocidas”.

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