La Legislatura no tiene un plan concreto para identificar partidas en el presupuesto del Fondo General que ayuden a mitigar el recorte de $94 millones a la Universidad de Puerto Rico, impuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a través de su Plan Fiscal.

Así se desprende de una entrevista de El Nuevo Día con el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza. Unas de las alternativas identificadas para ayudar al centro docente giraba en torno a unos $60 millones en cuentas por cobrar que tiene la UPR, pero Zaragoza reconoció que, al mirar los números en detalle, esa cifra no llega a la cantidad anunciada por el presidente de la UPR, Jorge Haddock.

El presidente del primer centro docente indicó a la Comisión de Hacienda en una vista pública la semana pasada que la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico le debe $39 millones a la institución, mientras el Departamento de Salud tiene una deuda de $18 millones y la Compañía de Turismo de $3 millones.

“Tiramos números ayer (el jueves) y parece que los $60 millones no llegan a $60 millones. Hay cuentas que corren para los dos lado, o sea, le deben a la UPR, pero la UPR también debe dinero”, señaló Zaragoza a El Nuevo Día al precisar que las comisiones de Hacienda de los cuerpos legislativos se han dividido temas del presupuesto y que él maneja el de la universidad.

“Podríamos acabar así”, respondió cuando se le preguntó si, aún en el mejor de los casos, la Legislatura solo pudiera sumarle a la UPR $60 millones producto de las deudas por cobrar.

El presidente de la UPR ha dicho que en el año fiscal 2019-2020, la UPR no recibió $16.1 millones en virtud de la merma en ingresos por juegos de azar; el Plan de Práctica Médica Intramural (PPMI) no recibió $16.2 millones; tampoco $4.4 millones en servicios de educación y $5.2 millones en lo que llamó “comisiones”. El impacto acumulado fue de $43.97 millones.

En este año fiscal, la UPR no ha recibido $15 millones por los Juegos de Azar, el PPMI ha dejado de recibir $11.3 millones y en contratos e iniciativas no-gubernamentales se dejaron de ingresar $6.9 millones. Junto con otras partidas, el impacto ha sido de $45.6 millones en pérdidas.

Zaragoza, de otra parte, recalcó la importancia de que el Recinto de Ciencias Médicas reciba $5 millones adicionales para el Programa de Neurocirugía.

La Legislatura puso su ojo sobre una serie de partidas en el presupuesto que totalizan $766 millones y que podrían ser fuentes para recortar fondos y ser redirigidos a otras prioridades. Sin embargo, las esperanzas de Zaragoza y del presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, penden de un hilo luego de que el jueves la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal le dijera al senador en una reunión que todo ese dinero tiene “nombre y apellido”.

“Queríamos saber si ese dinero era para nutrir reservas o si tenían nombre y apellido, esto con la intención de saber si se podía usar el dinero para otra cosa. Ella indicó que tienen nombre y apellido”, dijo Zaragoza a El Nuevo Día.

En una carta a la JSF, Santa Rodríguez y Zaragoza habían identificado algunas de esas partidas en que, indicaron, querían aclarar dudas. Algunas son: $202.9 millones para gastos operacionales de la Autoridad de Carreteras y Transportación, $200.5 millones en abogados para Título III (proceso de quiebra), $59.5 millones para el presupuesto de la JSF, $59.2 millones bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para mejoras permanentes, $19.5 millones en servicios profesionales, $32 millones del seguro paramétrico y $31 millones bajo Aafaf para “gastos de reestructuración”.

Santa Rodríguez y Zaragoza ya habían recibido otra mala noticia cuando el Ejecutivo les indicó que no había dinero disponible para ser inyectado al presupuesto de fondos CDBG-DR, Ley Cares y fondos FEMA.

La Legislatura ha delineado algunas de sus prioridades como la insuficiencia por $120 millones para cubrir el salario de los empleados de la AEE que no pasen a LUMA y el recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación de los municipios. También solicitan $120 millones para reclutar cadetes en la Policía, $56 millones para equipo en la Policía, $2 millones para el Centro de Diabetes de Puerto Rico y más dinero para el presupuesto de la Asamblea Legislativa.

Ayer surgieron otros varios temas de preocupación en el presupuesto durante una vista pública con el Departamento de Justicia: el dinero necesario para la contratación de fiscales y personal de apoyo, la contratación de personal para cumplir con ciertos mandatos de la Orden Ejecutiva sobre Violencia de Género y $3.8 millones para que dicha agencia pueda pagar el salario de empleados heredados de la Autoridad de Energía Eléctrica.

La insuficiencia presupuestaria de Justicia asciende a $20 millones.

En entrevista por separado, Santa Rodríguez indicó que está manejando el recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación de los municipios. Al tratarse de una disposición contenida en el Plan Fiscal del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, Santa Rodríguez enfrenta el reto identificarles fondos adicionales a los ayuntamientos sin modificar la partida en el presupuesto para el Fondo de Equiparación.

En días recientes, el legislador, así como el también representante Juan José Santiago y el presidente de la Cámara Rafael “Tatito” Hernández Montañez, radicaron una serie de medidas para allegarle fondos a los gobiernos municipales por trabajos que ya realizan, como el mantenimiento de carreteras secundarias y terciarias y el mantenimiento de algunas escuelas e instalaciones deportivas.

“A principios del cuatrienio se hizo una conferencia de prensa anunciando que estábamos buscando la manera de hacerle transferencias a los municipios por actividades que realizan y no les pagan. Esa es nuestra política pública, así que los proyectos radicados no son una respuesta, necesariamente, al presupuesto”, advirtió Santa Rodríguez. “Los proyectos pueden ser una alternativa (al recorte presupuestario) para ingresar fondos.

Otra medida radicada, que incluye enmiendas técnicas a la ley del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) eliminaría la exención de cinco años legislada el pasado cuatrienio y que aplica a la compra de residencias nuevas, independientemente de su valor.

El Nuevo Día publicó a principios de mayo que un estudio realizado por el CRIM reflejó que la entidad dejó de ingresar por lo menos $16.3 millones en impuestos sobre la propiedad inmueble como resultado de la aprobación de la Ley 169-2020, una ley que ha objetado la JSF. Dicho estatuto, en síntesis, extendió ese beneficio otorgado temporalmente por una ley del 2011 y aplica independientemente del valor de la casa.