El gobierno de Puerto Rico tiene, al menos, 931 propiedades en desuso, incluyendo 105 espacios de oficina, 27 almacenes, 579 terrenos y 181 edificios, según datos de la Junta Revisora de la Propiedad Inmueble.

¿Podrían convertirse estos espacios públicos en vivienda para las miles de familias que están en la búsqueda de un hogar? Esa, precisamente, es la pregunta que el Senado busca responder a través de la evaluación de una medida legislativa dirigida a amortiguar la crisis de vivienda asequible que el país enfrenta.

Las 931 propiedades incluyen, también, 11 locales, 12 estacionamientos y 26 espacios bajo la clasificación de “otros”. A este inventario, se suman 64 escuelas en desuso, según datos publicados en la página de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, indicó este martes la licenciada Suzette Suárez, directora del Área de Asesoramiento Legal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

El Proyecto del Senado (PS) 483 dispone que, una vez identificadas las propiedades inmueble disponibles para disposición, sean evaluadas por el Departamento de la Vivienda, que se encargaría de definir cuáles espacios pueden ser transformados en unidades residenciales.

La legislación –de la autoría de la senadora popular Ada Álvarez Conde– dispone, asimismo, que las propiedades a reutilizarse serían distribuidas equitativamente entre las familias en espera de un apartamento en un residencial público o a través del programa federal Sección 8, así como para primeros compradores, jóvenes y personas por debajo del umbral de una vivienda de interés social.

Según datos ofrecidos recientemente por el jefe de la Administración de Vivienda Pública, Juan A. Rosario, unas 34,000 familias están a la espera de un apartamento en un residencial público o a través de Sección 8. Mientras, el Censo de 2022 determinó que, en Puerto Rico, existen 1.6 millones de viviendas, de las cuales 309,259 (19%) están desocupadas.

“Estas viviendas vacías, sumadas a estructuras gubernamentales en desuso, como son algunas escuelas, por ejemplo, representan una oportunidad significativa para aumentar el inventario de vivienda asequible y las opciones de alquiler a corto plazo”, reconoció, por su parte, el licenciado Omar Figueroa Vázquez, en representación de la secretaria de la Vivienda, Ciary Y. Pérez.

“Se trata, en esencia, de maximizar el patrimonio inmobiliario público para cumplir una función social apremiante”, agregó Figueroa Vázquez, quien, de momento, no pudo especificar a cuánto asciende el inventario de unidades de vivienda disponible. “Nos encontramos depurando el mismo”, señaló, a preguntas de la senadora Jamie Barlucea, presidenta de la Comisión de Vivienda y Bienestar Social.

Si bien acogió la iniciativa legislativa de abordar la crisis de hogares asequibles mediante el rescate de propiedades en desuso, Vivienda condicionó su apoyo a que se identifiquen las fuentes de financiamiento que permitan la reutilización de los espacios.

El proyecto ubica en Vivienda la responsabilidad de identificar los fondos –estatales o federales–, transformar y habilitar las edificaciones en desuso. Al respecto, Figueroa Vázquez sostuvo que corresponde a la Legislatura asignar el presupuesto para llevar a cabo los trabajos.

No obstante, dijo que, de aprobarse la medida, algunas de estas obligaciones podrían ser incluidas en propuestas federales futuras. “Sugerimos condicionar la transferencia de cada propiedad a que el Departamento certifique la disponibilidad de recursos para costear las obras y administrar las unidades resultantes”, expuso.

Otra enmienda traída por Figueroa Vázquez fue establecer parámetros de prioridad en la selección de las propiedades a transformar. Por ejemplo, comenzar con las ubicadas en regiones con mayor déficit de viviendas.

Asimismo, recomendó fomentar la colaboración con municipios y cooperativas de vivienda en la identificación y rehabilitación de las propiedades. “Estos cambios garantizan que la transformación de bienes inmuebles en desuso se haga de forma eficaz, justa y conforme a derecho”, apuntó.

La OGP y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) presentaron objeciones similares en términos presupuestarios. Pero, la AEP también trajo a consideración que, según redactado, el proyecto “pasa por alto” la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal” (Ley 26-2017) que le otorga la “responsabilidad exclusiva” sobre los bienes inmuebles de la Rama Ejecutiva al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles.

“El PS 483 propone procesos paralelos que podrían resultar inconsistentes con la política pública vigente generando incertidumbre legal”, expuso Gabriel Hernández, director de la Oficina de Servicios Legales de la AEP.

Previo a culminar los trabajos, Barlucea sostuvo que analizarán las enmiendas sugeridas en vías a viabilizar la aprobación del proyecto.

“No estamos para presentar una legislación más. Sabemos que, en muchas ocasiones, se legisla por legislar y lo que queremos es que este proyecto vaya con esa sustancia y atienda todos esos aspectos que sean apremiantes y se puedan implementar”, expuso la senadora.