El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, José “Pichy” Torres Zamora, indicó este jueves que, como delegación mayoritaria, aún no han discutido el futuro del proyecto de administración que enmienda el Código Penal para tipificar como asesinato la muerte de un concebido no nacido, pero reconoció que el lenguaje de la medida es ambiguo, por lo que podría recibir enmiendas.

“Cuando leo el proyecto que llega a mí, tengo un problema de ambigüedad porque se presta para interpretación, y los delitos tienen que ser claros y específicos. El delito tiene que estar en blanco y negro, la intención, la capacidad y el deseo de causar el daño”, afirmó Torres Zamora, en entrevista con El Nuevo Día.

El Proyecto del Senado (PS) 923, que tipifica como asesinato la muerte del concebido “en cualquier etapa de gestación”, fue aprobado el miércoles por ese cuerpo legislativo, a menos de 24 horas de haber sido radicado por la gobernadora Jenniffer González y sin discusión.

Expertas en derecho penal y derechos reproductivos han advertido que la legislación aumenta la confusión en el ordenamiento jurídico y la práctica médica, lo que pudiera costar la vida o la libertad de personas embarazadas por tomar decisiones sobre sus cuerpos.

Torres Zamora explicó que la intención legislativa –a tono con las leyes 166-2025 y 183-2025– fue otorgarle figura jurídica al “nasciturus” para poder encausar a una persona que dé muerte a propósito y con conocimiento a una mujer embarazada, resultando, además, en la muerte del concebido en cualquier etapa de gestación.

El PS 23, sin embargo, no deja clara esa intención legislativa, a juicio de Torres Zamora, ya que la nueva disposición en el Artículo 92 del Código Penal, donde se incluye como parte de la definición de asesinato la muerte del “concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno”,se presta para interpretaciones.

“Añadirle la línea en la forma en que se añadió al delito que existe, que es de asesinato, podría provocar múltiples interpretaciones”, sostuvo el portavoz cameral del PNP. “Si una dama, víctima de Ley 54, es empujada y el feto se pierde, ¿cómo vamos a bregar con eso? ¿Es asesinato? ¿Tuvo la intención? ¿Sabía si estaba embarazada?”, añadió, a modo de ejemplo.

La Ley 166 tipifica como asesinato en primer grado cuando se da muerte a propósito y con conocimiento a una mujer embarazada, resultando, además, en la muerte del concebido en cualquier etapa de gestación. Mientras, la Ley 183, que enmendó el Artículo 67 del Código Civil, reconoce al concebido en cualquier etapa de gestación como persona natural.

“Creo que, si (la medida) llegara (a consideración), es cuestión de modificar las líneas, quitar la ambigüedad y especificar que se tipifica como asesinato cuando quien mata a la dama tenía la intención de hacerlo y de salir del feto.... así se puede encausar por el doble asesinato, como en la jurisdicción federal”, señaló.

El Nuevo Día intentó obtener expresiones del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, pero no estuvo disponible.

Torres Zamora anticipó que la medida podría ser asignada a la Comisión cameral de Jurídico, presidida por el representante José “Che” Pérez.

“Al haber sido aprobado allá (Senado), lo que estamos dilucidando es si trabajar con la medida que pase, que entiendo que es lo más pertinente, e iniciar el trabajo de evaluación”, dijo Pérez, quien prefirió no opinar sobre el contenido de la propuesta, aunque reconoció que tiene “áreas que, realmente, sí habría que atender”.

“Quiero dar el espacio al proceso; no quiero emitir comentarios para dar la apertura que acostumbro a dar en la Comisión”, agregó.

La Cámara vuelve a sesionar el próximo lunes, 19 de enero, a las 11:00 a.m.