La práctica ilegal o no autorizada de la dermatología en la isla ha provocado un alza “alarmante” de complicaciones en la piel, que van desde infecciones severas y quemaduras hasta el diagnóstico erróneo de enfermedades graves, alertó este miércoles la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico.

“Estos actos no solo constituyen una práctica ilegal de la medicina, sino que también ponen en grave riesgo la salud de los ciudadanos, especialmente cuando utilizan productos que no están aprobados por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos)”, advirtió la doctora Marely Santiago Vázquez, expresidenta de la Sociedad, durante una vista pública de la Comisión de Salud del Senado.

“Esto genera no solo sufrimiento para el paciente y sus familias, sino también un costo innecesario y evitable al sistema de salud”, añadió.

Actualmente, indicó la dermatóloga, personas que se hacen llamar “especialistas en la piel” están realizando tratamientos médicos, como la remoción de lesiones en la piel y cirugías menores, sin la debida preparación y autorización de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica.

“Hay barberos que se están promocionado para reparar lóbulos de oreja y reparaciones de ‘piercing’ en la lengua. Están operando en mucosa cuando, para tú operar en mucosa, tienes que tener toda la esterilidad del mundo”, expuso.

“La publicidad engañosa y la falta de control han permitido que personas sin la más mínima capacitación médica pongan en riesgo nuestros ciudadanos”, puntualizó ante la Comisión, que investiga el asunto. “Todo lo que tenga que ver con una intervención en la piel debería ser supervisado por un médico dermatólogo”.

Según la Sociedad, en estos espacios no regulados, se realizan, además, procedimientos láser, “peelings” químicos e inyecciones de rellenos no autorizados por la FDA. Igualmente, se promueven las cremas para aclarar la piel con mercurio, el “botulax”, cuyo uso no está aprobado localmente, y terapias de células madre.

“Muchas veces, se anuncian que están dando tratamientos con células madre y lo que le están dando es un suero rico en plaquetas... las líneas de células madre son extremadamente costosas y no están aprobadas para cosas cosméticas; están aprobadas para el tratamiento de algunas condiciones degenerativas”, aclaró, por su parte, el dermatólogo Luis Ortiz Espinosa.

A pesar de que la “Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica” (Ley 139-2008) define y penaliza la práctica ilegal de la medicina, la fiscalización y la intervención de las agencias concernientes, como es el Departamento de Salud, “ha sido insuficiente”, sostuvo la Sociedad. “Las víctimas quedan completamente desprotegidas, obligadas a acudir al Departamento de Justicia cuando el daño ya está hecho”, expuso Ortiz Espinosa.

La Ley 139, en su Artículo 8, faculta a la Junta de Licenciamiento a “iniciar acciones de investigación ‘motu propio’ e imponer multas por violaciones a las leyes de la práctica de la medicina”.

Ortiz Espinosa sostuvo que, si bien hay espacios que abordan el cuidado integral o “wellness” que cuentan con médicos, otros carecen esa supervisión. “Vemos ofertas donde ofrecen un relleno en la boca por $100, $200, pero sabemos, como especialistas que usamos eso todos los días, que un relleno apropiado y aprobado, el material nada más cuesta el doble que eso”, alertó.

Los dermatólogos expresaron preocupación ante la alegada inacción que han visto por parte de Salud, a pesar de que compartieron con su secretario, Víctor Ramos, un listado con la información sospechosa agrupada por la Sociedad por los pasados años.

Ante ello, indicaron, la respuesta inicial de Ramos fue que Salud no tenía jurisdicción sobre el asunto, ya que las personas que estaban incurriendo en la supuesta práctica ilegal no eran médicos. “Lo que nos comentó fue que, dentro del mismo Departamento, iba a averiguar si esto realmente les competía a ellos”, dijo Santiago Vázquez.

Añadieron que Ramos también les comentó que “posiblemente” el próximo paso era referir el asunto a Justicia.

Al respecto, la fiscal auxiliar Rosa Molina Pérez sostuvo que Justicia no solo viene obligado a investigar cualquier querella, sino que, además, en la División de Delitos Económicos existe un convenio con Salud para pesquisar casos relaciones con temas de la agencia.

El presidente de la Comisión de Salud, el senador Juan Oscar Morales, opinó, sin embargo, que Salud tiene jurisdicción sobre las clínicas que operan ilegalmente, y sostuvo que debe ser la agencia la primera en intervenir en estos procesos.

Morales anticipó que realizarán un informe parcial sobre los hallazgos para referirlo a Justicia. “Yo quiero que del Senado de Puerto Rico salga un referido al Departamento de Justicia para que inicien una investigación”, subrayó.