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Proponen conceder un descuento de hasta 50% a los infractores de la Ley de Tránsito que paguen rápido las multas

La medida, a la que el Departamento de Transportación y Obras Públicas se opuso, será considerada en la sesión del Senado de este lunes

13 de mayo de 2024 - 9:00 AM

Dos policía expiden multas. (Archivo)
El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) no favoreció la medida debido a que impactaría el dinero que recauda actualmente la agencia por el pago de multas y que está destinado al mantenimiento de las vías de rodaje.

Una medida legislativa que propone conceder descuentos de hasta un 50% a los conductores que paguen en un término de 90 días sus boletos por faltas administrativas a la Ley de Tránsito (Ley 22 de 2000) será considerada por el Senado en su sesión legislativa del lunes.

“Esto en un justo balance y en reconocimiento a que la mayoría de los puertorriqueños viven con un ingreso mensual que cubre necesidades básicas, pero que se hace difícil cubrir gastos imprevistos”, lee parte del Proyecto de Senado 1361, de la autoría de la senadora Marially González, que busca incentivar un “pago rápido”.

De acuerdo con el estado de derecho actual, los infractores reciben un descuento de 30% al pagar la multa en o antes del día 15 a partir de la fecha de la infracción. El descuento, sin embargo, se reduce a 15% cuando el monto adeudado se paga transcurridos los 15 días, pero antes de los 30 días. Si pasa de los 30 días, se aplica un recargo de $10 y, a partir de ahí, un recargo de cinco $5 adicionales por cada mes de retraso.

La propuesta de González, sin embargo, propone descuentos de 50%, 25% y 15% a las personas que paguen la infracción en los primeros 30 días, 45 días y 60 días, respectivamente.

El período de recargo comenzaría a cobrarse transcurridos los 60 días de otorgada la multa, reza la medida, de aprobarse en la legislatura. En aquellas instancias en las que el conductor solicite una revisión judicial, los términos comenzarán a partir del momento en que la determinación del tribunal “advenga final, firme e inapelable”.

Una “falta administrativa”, según el Artículo 1.45A de la Ley 22, es “cualquier violación, infracción o incumplimiento a las disposiciones de esta Ley”, ya sea directamente cometida por el conductor o por el dueño registral del vehículo. “El Proyecto del Senado 1361 busca ajustar los plazos para el pago de multas de tránsito, reconociendo las diferentes dificultades económicas que enfrentan las familias puertorriqueñas en su vida diaria”, establece en su exposición de motivos el Proyecto del Senado 1361.

Durante el trámite legislativo, según lo que se desprende del informe de la Comisión de Innovación y Tecnología del Senado, la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez, no favoreció la medida debido a que impactaría el dinero que recauda actualmente la agencia por el pago de multas. Este dinero, dijo la funcionaria, está destinado al mantenimiento de las vías de rodaje.

En la sesión del Senado de este lunes también se contempla la discusión del Proyecto del Senado 1320, para prohibir que los operadores de las escuelas de conducción de vehículos se nieguen a atender a ciudadanos con alguna discapacidad física o intelectual. De así hacerlo, el propietario podría ser penalizado con una multa de hasta $5,000 y perder el permiso para funcionar.

En este caso, la titular del DTOP sugirió que solo se penalice a los dueños de escuelas de conducir que se opongan a ofrecer sus servicios a personas discapacitadas, aún teniendo el equipo necesario en el vehículo para así hacerlo. Además, recomienda, como alternativa, que las personas discapacitadas con licencia de aprendizaje soliciten dichos servicios a otras entidades, como Ia Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV), que cuenta con las herramientas necesarias para prestar esa ayuda.

Mientras, el director de la Defensoría de las Personas con Impedimento, Juan José Troche, mencionó que el Estado debe disponer parte de sus recursos para las escuelas de conducir y que su personal pueda capacitarse como instructores de la población con diversidad funcional.

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