Entidades gubernamentales favorecieron este martes una legislación que impondría a las hospederías la responsabilidad de enviarles mensajes de alerta a sus huéspedes sobre condiciones peligrosas en el mar, un reclamo que cobra fuerza cada vez que ocurre una tragedia en las playas del país.

Sin embargo, la presidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico, Clarisa Jiménez, expresó preocupación no solo porque la medida, a su juicio, impondría una carga operacional adicional sobre las hospederías, sino también por el limitado alcance que la iniciativa tendría sobre los alquileres a corto plazo que operan sin estar registrados.

“Las hospederías no pueden controlar las decisiones individuales de los huéspedes, lo que subraya la necesidad de medidas complementarias de seguridad”, estableció Jiménez.

Según datos del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), entre el 1 de enero y el 25 de agosto, 21 personas murieron por ahogamiento en la isla. Del total de fatalidades, 10 ocurrieron en playas; nueve, en ríos o charcas; y dos, en piscinas.

El grupo de edad más afectado, de acuerdo con el ICF, es el de 60 a 69 años, con siete casos.

Además de la aplicación de un sistema digital de mensajería, el Proyecto del Senado 661 dispone la imposición de multas de $100 –por cada violación– a las plataformas de alquiler a corto plazo, hoteles o paradores que no cumplan con informar a sus huéspedes sobre las condiciones de las playas, ya sea a través de mensaje de texto, correo electrónico u método escogido.

La Asociación sugirió que, para ampliar el alcance de la legislación, el gobierno debe asignar salvavidas certificados a las playas más frecuentadas, instalar boyas para demarcar las áreas seguras, exigir el registro obligatorio de los alquileres a corto plazo ante la Compañía de Turismo y desarrollar campañas educativas.

Jiménez agregó que la Asociación, a través de su comité de seguridad, envía un correo electrónico todos los días a los hoteles miembros sobre las condiciones del tiempo para que sea compartido con los huéspedes. La entidad cuenta con más de 400 socios corporativos, incluyendo restaurantes y otras empresas turísticas.

Por otro lado, la medida también propone enmendar la composición de la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico, creada en virtud de la Ley 293-1999, a fin de aumentar la seguridad de los bañistas y velar por el buen manejo y mantenimiento de estos espacios públicos.

El organismo, no obstante, ha estado prácticamente inoperante desde su creación hace más de 25 años, pese a esfuerzos por poner en marcha sus objetivos, como trascendió durante la evaluación del proyecto.

“La Asociación de Hoteles y Turismo es miembro de la Junta Interagencial y tenemos que hacer la observación de que la misma no es consistente en la celebración de reuniones. Muchas veces, las reuniones surgen como respuesta a algún accidente o asunto mediático”, expuso Jiménez.

A la Junta Interagencial, según la medida, se integrarían el comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Desastres, el principal ejecutivo de Innovación e Información del Gobierno, un representante del sector turístico y otro de una organización ambiental sin fines de lucro.

El ente, asimismo, debería crear una aplicación móvil, que se conocería como “Playa Segura PR/Safe Beach PR”, que contendría la ubicación de las playas y balnearios, imágenes y “ratings”, información actualizada de las mareas y corrientes marítimas, índice UV y altura de las olas y los horarios, entre otros datos.

En tanto, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) recomendó la implantación de un sistema de alerta estándar, sencillo y claro, que tome en cuenta, entre otros factores, las necesidades de usuarios con discapacidad auditiva y visual.

“Las características de esta medida se encuentran alineadas con tendencias globales hacia una mayor transparencia, regulación y responsabilidad compartida en el sector de alquileres a corto plazo”, sostuvo el secretario del DRNA, Waldemar Quiles, al favorecer la legislación.

La medida también fue avalada por el Departamento de Seguridad Pública.