Un auto eléctrico mientras se carga.
Un auto eléctrico mientras se carga. (Shutterstock)

Un proyecto de ley radicado en la Cámara de Representantes obligaría a las administraciones de condominios existentes a instalar estaciones para recargar de vehículos eléctricos, utilizando como regla una por cada módulo de vivienda o cinco pisos.

La propuesta ley también aplicaría a nuevas construcciones.

La pieza legislativa radicada por petición del representante Ángel Matos García, no contempla la inversión inicial que significaría para los condómines la instalación de estas estaciones.

Una búsqueda en la internet revela que el costo de estas estaciones puede fluctuar entre $7,000 y $50,000.

La medida fue solicitada por Karenis González, una interna del programa de internados legislativos Jorge Alberto Ramos Comas y quien trabajó en la oficina de Matos García.

La pieza legislativa enmienda la Ley 81-2014, conocida como la “Ley para el Fomento de los Vehículos Impulsados Mayormente por Electricidad” . El estatuto, hasta ahora, declara ilegal cualquier cláusula o condición que restrinja o limite que cualquier titular de un apartamento que instale o utilice una estación de recarga de este tipo, pero no mandata su instalación. Con el lenguaje propuesto, se dispone que estas estaciones serán instaladas en estacionamientos comunes y también incluye reglas a seguir para fijar el costo que incurriría el residente por su uso.

La Exposición de Motivos alude a la deseabilidad de que cualquier condominio de nueva construcción sea edificado con estaciones de recarga, pero en el texto decretativo no se contempla como un mandato de ley y solo menciona condominios existentes. Matos García aclaró que la intención es que aplique a nuevos edificios y que si la medida no está clara en ese sentido, puede ser enmendada.

“El condominio tendrá la obligación de instalar al menos un puerto de carga por cada módulo o cinco pisos de condominio para tales vehículos híbridos y ‘plug in’, reza la medida donde se deja intacta la capacidad que tiene la administración del condominio en reglamentar el uso de estos aparatos.

Sobre el costo por hora para utilizar la estación de recarga, se indica que se utilizará como métrica “el costo existente en el mercado con relación a las demás estaciones de recargar para estos vehículos”. La medida no establece cómo se le facturaría ese costo al ciudadano.

La medida establece que las estaciones de recarga estarían conectadas a un contador comunal, se menciona la facultad que tendría la administración para cobrar por el uso del la estación, pero omite otros elementos como la inversión inicial para la compra de los equipos, si serían cargados a una especie de derrama y si un titular con un vehículo que funcione con gasolina estaría obligado a pagar por la instalación de la estación.

La Ley de Condominios incluye los pasos a seguir para que los titulares autoricen gastos por mejoras comunales.

“Esta pieza legislativa pretende que los titulares de los condominios de Puerto Rico tengan acceso a estaciones de recarga en estacionamientos comunes para su uso y disfrute dentro de un marco que garantice su instalación y manejo de forma razonable para toda la comunidad. Por lo cual, para los nuevos condominios en construcción o planes de construcción se debe tomar en consideración esta medida para regular el fomento de tales estaciones de recarga dentro del mismo”, lee la medida.

Matos García indicó a El Nuevo Día que la fórmula sobre estaciones de recarga por cantidad de pisos módulos puede ser modificada y que igualmente se puede incluir lenguaje que le permita a la administración hacer una especie de censo para conocer la necesidad en el momento.

“Muchos condominios no están diseñados para eso”, dijo el legislador mientras rechazaba que la propuesta ley represente un costo adicional para desarrolladores.

“No es como que un apartamento que valga $100,000 va a subir a $200,000″, dijo.

Matos García indicó que también se puede modificar el texto de la medida para atender la preocupación de ciudadanos que no quieran pagar una derrama que conlleve la adquisición de un equipo que no planifican utilizar.

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