Agente de la Policía de Puerto Rico
La FUPO atribuye a la agencia el que se registre una disminución en el patrullaje preventivo. (GFR Media)

Representantes del Negociado de Bomberos, el Sistema de Emergencias 9-1-1 y el Frente Unido de Policías Organizados (FUPO) señalaron la aprobación de la Ley 20-2017, que creó el Departamento de Seguridad Pública (DSP), como la raíz de buena parte de los problemas que enfrentan tres componentes de la sombrilla, por lo que solicitaron que se apruebe al Proyecto de la Cámara 295, que deroga la agencia.

Por ejemplo, en una ponencia firmada por José Tirado García, presidente del Sindicato de Bomberos, se planteó ante la Comisión de Seguridad Pública y Tecnología de la Cámara de Representantes que se necesita eliminar el DSP, regresar al estado de derecho previo y limitar la agencia a componentes que atienden la seguridad pública y no la protección ciudadana.

“No es momento de seguir llevando a cabo investigaciones. Es un hecho, que el DSP ha tenido cuatro años para demostrar y acreditar que su rol es de importancia dentro de la administración pública del país. Ese no ha sido el caso. Ante las grandes pruebas de desastres naturales que hemos enfrentado en estos últimos años, la respuesta del Departamento ha sido pobre y no atribuibles a los Negociados, ya que estos no tienen el comando y los poderes necesarios para ejecutar”, sostuvo Tirado García en una ponencia.

“No hay nadie en el país que diga que el DSP vino a traer beneficios al país. Todo lo contrario, su ineficiencia ha sido palpable en las crisis que ha tenido que enfrentar el pueblo de Puerto Rico como ha sido el huracán María, los terremotos, la pandemia de COVID-19, entre otros. Esa crisis se agudiza con la realidad de que el Departamento nunca ha podido completar su cuadro administrativo y operacional, en los pasados cuatro años y ha tenido tres secretarios”, señaló en una vista presidida por el representante popular Ramón Luis Cruz Burgos.

El líder sindical planteó que la ley del DSP faculta al Secretario a llevar a cabo la administración y la supervisión inmediata e indelegable del DSP, mientras las operaciones diarias de los Negociados están a cargo de cada Comisionado. Según él, este arreglo ha limitado las ejecutorias y la calidad de los servicios públicos prestados.

“Este cuadro administrativo establece que los Negociados no tienen autoridad y ni comando en sus operaciones, la autoridad la tiene el Secretario”, señaló.

Tirado García ofreció el ejemplo de cómo el DSP no pudo manejar las muertes y las estadísticas de esta muertes en el contexto del huracán María. Además, señaló que la burocracia limitó la prestación de los servicios de otros Negociados como lo fue la Policía.

“Durante los terremotos, también, las ejecutorías no han sido las adecuadas, ni siquiera han podido efectivamente llevar la ayuda a los ciudadanos necesitados por una coordinación defectuosa y niveles de supervisión que colapsan. Durante la crisis de la pandemia por COVID-19, hemos visto que no se ha podido dar la atención de cuidado y protección necesaria a la ciudadanía y a los propios empleados públicos. Estos hechos demuestran que ya contamos con datos para actuar”, dijo.

Pérdida de fondos “sustancial”

En el caso de FUPO, su presidente Diego Figueroa señaló que la creación del DSP ha provocado una pérdida de fondos “sustancial” de cada negociado y coincidió con Tirado García en el sentido de que los comisionados han perdido autoridad con la creación de la figura del Secretario.

De hecho, el secretario del DSP, Alexis Torres Ríos, ha insistido en que planifica devolverles a los comisionados gran parte de la autoridad perdida.

“Se incurrió en gastos para sustentar todo el andamiaje administrativo, se desmantelaron las estructuras administrativas que envolvieron los recursos humanos de las agencias integradas, se incurrieron gastos para la creación de una nueva estructura de puestos de confianza, asesores, gastos de renta, alquiler y compra de equipo que redundaron en una carga adicional del gasto público”, sostuvo Figueroa.

El líder gremial describió el escenario administrativo en el DSP como un “descalabro administrativo y fiscal” que ha afectado la prestación de servicios a la ciudadanía. Figueroa atribuye la creación del DSP, en el caso de la Policía, el que se registre una disminución en el patrullaje preventivo, la vigilancia de las costas, aeropuertos y una reducción tanto de investigadores como de la tasa de esclarecimiento.

Figueroa también destacó una serie de informes negativos a la función policiaca que fueron presentados por el exmonitor policiaco Arnaldo Claudio.

“Ha quedado demostrado que, con la creación del DSP, la integración de estos siete negociados (ahora seis) no han podido descargar sus responsabilidades y funciones para las cuales fueron creados, bajo el control y dirección del DSP”, sostuvo Figueroa.

Sin “justificación” para el Departamento

Aramis Cruz Domínguez, presidente de la Local 3010 de la AFL-CIO, unión que agrupa a los empleados del Sistema de Emergencias 9-1-1, indicó que la ubicación de este organismo en el DSP ha provocado que el gobierno viole leyes y reglamentos federales.

“No existe argumento alguno, para que el 9-1-1 permanezca dentro del DSP. Tampoco existe justificación para que permanezca vigente dicho Departamento”, indicó.

Según Cruz Domínguez, el Sistema de Emergencias 9-1-1 dejó de ser una agencia de seguridad pública independiente, con una estructura que le sirvió con excelencia al país, “para convertirse en parte de una sombrilla que ha demostrado ser incontrolable y burocrática llamada Departamento de Seguridad Pública (en adelante DSP), esto, luego de la aprobación de la Ley 20 de 10 de abril de 2017”.

Cruz Domínguez señaló que el Sistema de Emergencias 9-1-1 ha incumplido con varias leyes federales, la última del 2008, que dispone que sus ingresos solo pueden ser utilizados para los fines establecidos en su misión de trabajo.

“El 9-1-1 estuvo en cumplimiento hasta que se transfirieron sus fondos ($24 millones) al Fondo General que se utilizaron en otros gastos no relacionados al 9-1-1. Esto se hizo no solo en clara violación a los estatutos federales, sino que esta acción llevó a que el 9-1-1 dejara de pagarle a los municipios integrados y a las agencias de respuesta, algo que advertimos. Por tal razón el 9-1-1 perdió elegibilidad a la hora de competir y solicitar ayudas federales y tampoco cumplió con los programas de mejoras como Next Generation 9-1-1 (NG9-1-1)…”, sostuvo el líder sindical.

Según Cruz Domínguez, el Sistema de Emergencias 9-1-1 no ha podido cumplir con una serie de exigencias tecnológicas dispuestas por ley precisamente “por la desviación de fondos y la burocracia del DSP”.

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