Con la oposición de las minorías legislativas –así como de miembros de la sociedad civil y gremios periodísticos–, el Senado aprobó este martes un proyecto de ley que, según sus críticos, impondría obstáculos adicionales al proceso para acceder a información en poder de las agencias gubernamentales.

En el último momento, previo a la votación, el Proyecto del Senado (PS) 63 recibió enmiendas que dificultarían todavía más el ya complejo proceso de solicitud de información, ya que ahora no se podría obligar a una entidad pública a generar un documento inexistente.

“Bajo ninguna circunstancia, este proyecto limita el acceso a la información. Bajo ninguna circunstancia, le quita ningún derecho a ningún periodista, a ningún ciudadano. Sencillamente, trae un escenario donde la razonabilidad debe ser la orden del día”, defendió el presidente del Senado y autor de la medida, Thomas Rivera Schatz.

“Derrotados los independentistas, derrotadas las minorías”, clamó Rivera Schatz, justo antes de aprobar la legislación a viva voz.

La medida recibió 18 votos a favor y nueve en contra de las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el Partido Popular Democrático (PPD), Proyecto Dignidad y el senador independiente, Eliezer Molina. La legislación pasa ahora ante la consideración de la Cámara de Representantes.

Durante la discusión en el hemiciclo, desde las gradas, un grupo de periodistas y ciudadanos observaba el proceso. Horas antes, parte de ese grupo había advertido –en conferencia de prensa– que el derecho del pueblo a conocer cómo opera el gobierno estaba bajo amenaza.

“Cualquier elemento que vaya a enmendar la Ley de Transparencia se debe realizar por medio de la celebración de vistas públicas”, afirmó el portavoz de la Pava en el Senado, Luis Javier Hernández.

“Aquí nadie se puede hacer el inocente y decir que esto realmente no pone trabas y que esto es lo mismo. Esto está perfecta y cuidadosamente diseñado... para que a la gente se le haga más difícil, para que no se presuma el carácter público de la información que genera el gobierno de Puerto Rico”, aseveró, por su parte, la portavoz del PIP, María de Lourdes Santiago.

La legislación enmienda la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141-2019) para imponer requisitos adicionales a las solicitudes de información. Entre otras cosas, elevaría a 20 días laborables el término para la entrega de información, en lugar de los 10 días actuales, y 20 días más como prórroga, para un total de 40. Al sumar días feriados y fines de semana, el tiempo real sería de dos meses.

Asimismo, exige notificar a los jefes de agencia cada petición para considerarse “no defectuosa” y ordena incluir la dirección postal y el correo electrónico en las solicitudes, lo que, han advertido algunas entidades, perjudica a ciudadanos sin acceso a estos recursos, además de que expone a los solicitantes a “carpeteo” o actos de persecución al interior de las agencias.

“Si la entrega de la información requerida implica un gasto extraordinario, la entidad gubernamental divulgará la misma en el formato disponible o de menor costo”, dispone el proyecto, que agrega que se dará por cumplida una petición si “se da acceso al expediente o al espacio donde se encuentren esos documentos”.

Al ser abordada sobre el tema previo a la sesión del Senado, la gobernadora Jenniffer González respondió este martes que no había leído el proyecto de ley y recordó que la Asamblea Legislativa “tiene la potestad de radicar medidas”. “Cuando llegue a Fortaleza, estaré en decisión (posición) de opinar, si es que llega acá”, expuso la primera ejecutiva.

Los grupos opositores han cuestionado también las sanciones -a su juicio insuficientes- que contempla la medida contra las agencias que incumplan, la erradicación del derecho a recibir información en formatos específicos como Excel o CSV, lo que entienden puede imposibilitar el análisis de los datos, y la eliminación de la discreción judicial para acortar términos en los tribunales, “lo que prolongarla innecesariamente los procesos legales”.

“Cada gasto público y cada contrato del gobierno tiene un impacto directo en nuestras comunidades y en nuestra gente. Debemos aspirar a conocer la información de cómo funciona el gobierno de forma oportuna. La transparencia no puede verse como un obstáculo, sino como la base de la democracia y la garantía de que los recursos del país se usen con sentido y justicia”, manifestó, durante la rueda de prensa, Issel Masses, directora ejecutiva de Sembrando Sentido.

Las agencias que incumplan podrán ser sancionadas con una multa de hasta $100 diarios. La totalidad de las sanciones no podrá exceder los $18,000, dispone la medida en su Artículo 10.

Al igual que ocurrió con la Ley 141-2019, el PS 63 fue aprobado sin vistas públicas, o sea, su evaluación se hizo a través de siete memoriales explicativos y sin discusión. De las siete entidades que sometieron sus posturas a la Comisión de Gobierno del Senado, seis se opusieron.

“En pocas palabras, aumenta la lentitud y la impunidad. Recordemos que, gracias a ese derecho, hemos podido revelar el verdadero número de las muertes tras el paso del huracán María, conocer quiénes compran nuestras escuelas cerradas y qué hacen con ellas... y documentar abusos institucionales que, de otro modo, permanecerían ocultos”, destacó Masses.

Desde 2020, la organización Sembrando Sentido –entidad que fiscaliza el gasto público, mediante sistemas y estrategias que promueven la transparencia, la gobernanza efectiva y acción colectiva– ha realizado más de 32 solicitudes formales a agencias gubernamentales con “resultados inconsistentes”. Mientras algunas cumplen con los plazos, otras tardan meses o no responden, plantearon. Bajo la Ley 141-2019, las dependencias tardan -en promedio- 20 días en contestar.

Masses indicó que la organización solicitó al Centro para la Ley y la Democracia que evaluara el impacto que tendría la legislación. El análisis reveló que Puerto Rico caería -en su índice global de derecho a la información- del puesto 94 al 106, de 140 países, precisó.

El segundo vicepresidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), Kevin Rivera Medina, expresó particular preocupación por el efecto que tengan estas nuevas restricciones sobre la confianza en el proceso, particularmente entre las comunidades cuyos espacios están en riesgo.

Tal y como fue redactado, dijo, evitaría que las comunidades obtengan la información necesaria sobre las obras, ordenanzas municipales y cualquier dato que les sirva para conocer y reaccionar oportunamente a las propuestas que se anuncian en sus pueblos o regiones.

“Nos preocupa muchísimo que esto realmente sea un subterfurgio para perseguir, porque lo hemos visto antes”, aseveró Rivera Medina, en respuesta al requisito de que, como parte de toda petición, el solicitante incluya su dirección postal.

Para Modesta Irizarry, líder comunitaria de Loíza, la aprobación de las nuevas cortapizas complican el ya difícil paranorama que, dijo, enfrentan al solicitar información, no solo a nivel estatal sino también a nivel municipal. “Ahora mismo, en mi pueblo pronto se van a construir unos proyectos de vivienda de los cuales se ha solicitado información, y no la hay”, denunció.

Por su parte, la presidenta saliente del Overseas Press Club, Gloria Ruiz Kuilan, expresó que la pretensión de querer armonizar los procesos, como dice la exposición de motivos del proyecto, se traduce en “más excusas, más demoras y más silencio oficial”.

“La transparencia no es una concesión del Estado, es un derecho constitucional, y así lo reconoce el Tribunal Supremo, lo confirman los organismos internacionales y lo exige una democracia madura y responsable... El gobierno no puede seguir escondiéndose detrás de tecnicismos, ni de leyes maquilladas de eficiencia“, apuntó Ruiz Kuilan.

Mientras, la presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), Nydia Bauzá, afirmó que, con la aprobación del proyecto, “el pueblo se queda sin los derechos democráticos por los que tanto ha luchado”.

“Se castiga aún más a la ciudadanía que tiene que procurar información en oficinas regionales, pues, en estos casos, los plazos para las respuestas son mucho mayores... Hace más oneroso el proceso al ciudadano común y limita el trabajo de los periodistas”, subrayó Bauzá.

En tanto, GFR Media, LLC, que publica los periódicos El Nuevo Día y Primera Hora, expresó preocupación con la legislación. Así lo dejó establecido también la editora en jefe de Metro PR, la periodista Aiola Virella.

“Cualquier cambio que tenga como resultado dilatar el acceso a información pública puede tronchar o frustrar los fines para los que, precisamente, se ha reconocido tal derecho constitucional”, estableció GFR Media en un memorial explicativo enviado a la Comisión de Gobierno del Senado.

GFR Media alertó que eliminar la obligación de proveer los datos en el formato solicitado “abre la puerta a que se obstaculice y se dilate el acceso a la información... sin justificación válida alguna”. Mientras, el hecho de que las solicitudes sean notificadas al jefe de agencia “se aparta de la agilidad, rapidez y sencillez” a la que aspiraba la Ley 141-2019.

Virella, por su parte, escribió que las enmiendas “ponen en riesgo el derecho de los ciudadanos a saber cómo actúa su gobierno”. “Quienes impulsan esta medida parecen olvidar que las barreras contra la transparencia, tarde o temprano, terminan afectando a todos los sectores, sin importar quién gobierne”, apuntó.