El Senado aprobó el lunes, mediante descargue, una legislación para prohibir que una persona imputada de delito y declarada no procesable permanezca sumariada por más de seis meses en una institución carcelaria, en espera de recibir el tratamiento clínico adecuado.

“Esta anomalía jurídica no es inusual. Se trata de un patrón de encarcelación y castigo indefinido que se repite, año tras año, contra personas con diversidad funcional”, sostuvo la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado, María de Lourdes Santiago.

El Proyecto del Senado 655, de la autoría de Santiago y de su correligionario Adrián González, fue aprobado de manera unánime, con 25 votos, el mismo día en que fue radicado.

“Que sea ilegal que el Estado retenga bajo su custodia sin adecuado tratamiento médico o sin evaluación a una persona que, en su día, podría ser decretada no procesable, incapaz de comprender el procedimiento judicial al que está siendo sometida”, expuso Santiago, al defender la medida.

La legislación surge, relató, tras asistir el viernes a una vista judicial, al amparo de la regla de Procedimiento Criminal 240, de un joven con diagnóstico de esquizofrenia que lleva preso más de seis meses por un altercado con los vecinos, quienes, según Santiago, no tienen interés en continuar con la presentación de cargos.

“La jueza tiene manos atadas, no hay peritos suficientes, Assmca (Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción) no tiene las camas necesarias para dar el tratamiento. Una persona que sabemos padece de sus facultades mentales presa sin ningún remedio en derecho”, expuso la senadora. “Es algo que tiene que ofender la sensibilidad, el sentido de justicia de cualquier persona”, expuso.

La Regla 240 de Procedimiento Criminal recoge el trámite para determinar la procesabilidad de una persona imputada de delito.

Actualmente, según Santiago, las personas detenidas en instituciones penales en espera de que se determine si son procesables pueden permanecer más de seis meses y hasta años en este “limbo jurídico”, contrario a lo dispuesto en el ordenamiento vigente, que establece que la detención preventiva no puede exceder los seis meses sin la celebración de un juicio.

Los senadores también avalaron el Proyecto del Senado 190, dirigido a que los confinados puedan realizar trabajo agrícola como parte de su proceso de rehabilitación y reinserción social. “Se trata de dar un beneficio a la persona privada de la libertad para que pueda reducir su sentencia mientras contribuye con la agricultura de la isla“, argumentó Ángel Toledo, autor de la medida.

Durante la discusión, Santiago presentó una enmienda para que, a las personas privadas de la libertad, les cobijaran las mismas condiciones laborales, incluyendo la compensación económica, de los demás trabajadores que realicen las mismas funciones agrícolas. La enmienda fue derrotada.

“La delegación del PNP en su totalidad ha votado en contra de mi enmienda porque entiende, evidentemente, que las personas confinadas, pueden ser tratadas, en términos laborales, de una manera desigual... Eso es lo que ha demostrado la votación sobre mi enmienda”, subrayó Santiago.

“La intención detrás de la medida no es otra que poner al servicio de la industria agrícola mano de obra barata, porque, como total, están presos...”, alegó la legisladora del PIP.

El senador Toledo, sin embargo, sostuvo que él le presentó a Santiago una opción de enmienda dirigida a acoger su planteamiento en aquellas instancias en las que el confinado trabaje para una empresa privada. Santiago no la aceptó, dijo. “La gestión laboral, además de permitirle generar ingresos... también redunda en beneficio de recómputo de sus sentencias, y esa es la realidad”, expuso el senador.

La medida fue aprobada con 23 votos a favor y dos en contra.

La misma suerte corrió un paquete de medidas legislativas del presidente de Senado, Thomas Rivera Schatz, para ofrecer mayores protecciones y oportunidades de desarrollo socioeconómico a la población de adultos mayores.

“Este es el punto de partida de acciones concretas, legislativas y administrativas, como las que aprobamos hoy, que garantizan mayor equidad, protección y oportunidades a nuestros adultos mayores”, reafirmó Rivera Schatz.

Entre la legislación aprobada, está el Proyecto del Senado 650, que le permite a los jueces del Tribunal de Primera Instancia emitir órdenes de protección a favor de adultos mayores en riesgo, y el Proyecto del Senado 648, para el desarrollo de una política de formación en geriatría y gerontología.

Actualmente, Puerto Rico enfrenta una severa escasez de geriatras, con apenas 60 especialistas para más de 880,000 adultos mayores, dijo Rivera Schatz.

También se aprobó el Proyecto del Senado 649, que promueve la construcción y rehabilitación de hogares accesibles y seguros a través del modelo de Alianzas Público-Privadas (APP).