María Conte Miller favorece el proyecto, que fue aprobado en la Cámara de Representantes durante la pasada sesión ordinaria, pero su jefe inmediato, el secretario del DSP Pedro Janer, se opone a la medida. (Teresa Canino Rivera)

El gremio que agrupa a los empleados del Negociado de Ciencias Forenses (NCF) optó por apoyar los esfuerzos de la comisionada de la agencia, María Conte Miller, de cabildear a favor de un nuevo proyecto de ley que separaría a la dependencia del Departamento de Seguridad Pública (DSP).

La medida será discutida como parte de la agenda legislativa de la sesión extraordinaria ordenada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

Conte Miller favorece el proyecto, que fue aprobado en la Cámara de Representantes durante la pasada sesión ordinaria, pero su jefe inmediato, el secretario del DSP Pedro Janer, se opone a la medida al indicar que, precisamente, el andamiaje administrativo del DSP ha permitido que el NCF haya alcanzado supuestos logros durante el cuatrienio.

El proyecto, supo El Nuevo Día, debió discutirse ayer, viernes, durante un caucus de la mayoría senatorial, pero el encuentro no se concretizó. La medida es atendida en el Senado por Henry Neumann, presidente de la Comisión de Seguridad Pública.

En una ponencia de la local 2099 de Servidores Públicos Unidos dirigida a Neumann, se sostiene que el antiguo Instituto de Ciencias Forenses tuvo autonomía fiscal, operacional y administrativa, pero que tras la creación del DSP en el 2017 “hemos perdido en su totalidad dicha autonomía, siendo esto el causante principal en las demoras de las compras de materiales y equipos especializados, pagos a suplidores y la incapacidad administrativa para gestionar y autorizar documentos importantes para estos procesos, entre otras necesidades fundamentales y esenciales”.

Según la unión, la integración al DSP, a la que se opuso desde que fue propuesta, ha sido un “total fracaso”, ha complicado los procesos administrativos y ha provocado escasez de materiales en el área de los laboratorios.

El gremio planteó, entra otras cosas, que el NCF es una agencia especializada, con un alto volumen de trabajo que necesita autonomía presupuestaria y, por esto, es necesario que el propuesto Instituto de Ciencias Forenses pueda manejar su propio presupuesto para agilizar pagos a suplidores y tener acceso a más fondos federales que faciliten el reclutamiento de personal.

“Este modelo organizacional solo nos ha retrocedido y traído más problemas que soluciones”, lee la ponencia. “Esta integración no nos permite escoger ni evaluar el nuevo personal, el cual tiene que ser uno debidamente preparado, y tampoco nos ha ayudado en la unificación de los servicios con la misma Policía”.