Doriel Pagán Crespo dijo que, como nueva presidenta ejecutiva de la AAA, dará continuidad a la gestión de Elí Díaz Atienza. (David Villafañe)

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) está en negociaciones con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dirigidas a reducir o eliminar el aumento en la tarifa de agua, que está pautado para entrar en vigor el próximo 1 de julio y al inicio de cada año fiscal hasta 2023.

Sin embargo, el éxito de esas negociaciones depende de dos factores que no están bajo el control de la corporación pública, reconocieron hoy Elí Díaz Atienza, renunciante presidente ejecutivo de la AAA, y Doriel Pagán Crespo, quien a partir de mañana es la nueva jefa.

En una mesa redonda con periodistas con motivo del cambio de mando en la AAA, Díaz Atienza y Pagán Crespo mencionaron que el futuro del alza está atado, en primer lugar, a los ahorros y nuevos ingresos que genere el proyecto de instalación de metros (contadores) inteligentes. La ejecución de dicho proyecto está retrasada y se supone que arranque en algún momento del año.

En segundo lugar, la AAA está a la expectativa de cuántos fondos federales reciba como parte de la recuperación luego del paso de los huracanes Irma y María, en 2017, y tras la reactivación de su Programa de Mejoras Capitales (PMC), que estuvo cinco años paralizado. La AAA tiene varias fuentes de fondos, entre estas, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), el Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR, en inglés), la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) y el Programa de Desarrollo Rural de Utilidades (RUS, en inglés) del Departamento de Agricultura de EE.UU.

El plan fiscal certificado de la AAA contempla una “asignación garantizada” de $700 millones en fondos federales, dijo Díaz Atienza, quien señaló, no obstante, que “la meta” es recibir $4,000 millones.

“A medida que se puedan sustituir los ingresos para que lleguen de otro lado, no se necesitará que vengan de la tarifa. Por eso es que el plan fiscal es un documento dinámico, que se recertifica todos los años”, dijo el ingeniero, que presentó su renuncia el pasado 14 de febrero.

Precisamente, el plan fiscal certificado es el que establece que la tarifa de agua subirá todos los años hasta 2023, como parte de la intención de la AAA de empezar a autofinanciar su PMC.

Si las negociaciones con la JSF no prosperan, a partir del 1 de julio, los clientes residenciales percibirán un aumento de 2.5%, que equivale –más o menos– a 59 centavos adicionales. Para los abonados comerciales, industriales y del gobierno, el alza será de 2.8%, 3.5% y 4.5%.

“Mi punto de vista es que se continúe con el plan fiscal como está establecido, a menos que surja algo que nos aleje (del aumento) o nos ponga en una mejor posición económica que la que estamos. Nosotros siempre vamos a tratar de que el aumento afecte lo menos posible a la ciudadanía”, dijo Díaz Atienza. “En este momento, no podemos responder otra cosa porque hay variables importantes (pendientes). Hay fondos (federales) tramitados y solicitados que, si se reciben, harían una diferencia”, añadió Pagán Crespo.

Para mitigar el impacto del aumento tarifario, la AAA ofrece un descuento de $1.00 a los clientes que se acojan a la facturación electrónica.

Proyecto retrasado

Por otro lado, Díaz Atienza admitió que el proyecto de contadores inteligentes está retrasado, lo que atribuyó, entre otras cosas, a los huracanes Irma y María, a la sequía que le subsiguió y a la reciente actividad sísmica. El proyecto no es liderado por la AAA, sino por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP).

“Usamos el mecanismo de alianza público-privada para traer tecnología a nuestro sistema, porque no tenemos dinero para invertir en este tipo de contadores”, dijo Díaz Atienza, quien refirió a la AAPP las preguntas sobre la evaluación y escogido de las empresas en carrera.

Una de esas compañías es IBT, que, según el liderato de la Unión Independiente Auténtica (UIA), ha sido cuestionada por malas prácticas en distintos países de Latinoamérica. Díaz Atienza aseguró que “las preocupaciones” del sindicato fueron atendidas, y que su liderato se reunió con personal de la AAPP y La Fortaleza.

“Todo eso se ha canalizado al Comité de Alianza, que eventualmente rendirá un informe sobre cómo se atendieron los señalamientos y reclamos, tanto de la UIA como de cualquier otra persona. Pero prefiero no hablar de cosas que no me competen. No tengo certeza de la confidencialidad de los procesos en la AAPP”, acotó.

Díaz Atienza reconoció que su intención era completar el proyecto a mediados del año pasado. En esta ocasión, se abstuvo de dar una nueva fecha “para que después no digan que fallamos”.

BLU Water y Suez Group serían las otras dos compañías en carrera por el proyecto de los metros inteligentes.

“No están contemplados”

Pagán Crespo indicó, entretanto, que –por el momento– “no están contemplados” cambios administrativos en la AAA.

“Claro está, siempre en el camino uno establece sus reglas de trabajo y todo va a depender del desempeño que se obtenga”, dijo la ingeniera, que tiene 27 años de experiencia en la corporación pública.

Cuestionada sobre sus prioridades en la dirección ejecutiva, mencionó que sus dos enfoques serán darle continuidad al plan fiscal certificado y optimizar las operaciones internas.

“Si seguimos optimizando los procesos internos, la eficiencia operacional será cada vez mayor y eso, como consecuencia, trae oportunidades financieras”, subrayó Pagán Crespo.


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