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(GFR Media)

Un informe de la Contraloría de Puerto Rico reveló que del 2014 al 2017, el Municipio de Aguas Buenas desembolsó más de un millón de dólares en el servicio de transporte escolar para el cual no había celebrado subasta pública.

La subasta general para la adquisición de bienes y servicios que celebró el municipio en el 2014, no incluyó el transporte escolar, sostiene el informe publicado hoy, jueves.

"Dos proveedores de transportación escolar indicaron a nuestros auditores que decidieron no participar en la subasta porque lo indicado en los pliegos de la subasta no se relacionaba al transporte escolar sino al transporte en general desde Aguas Buenas hacia otros pueblos", indicó la Contraloría, que emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales relacionadas con la adquisición de los servicios de transporte escolar en el Municipio de Aguas Buenas.

Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados. 

De hecho, el 20 de septiembre de 2018 se refirió a la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, la contratación que realizó el exalcalde Luis Arroyo Chiqués con su primo para ofrecer el servicio de transportación escolar, según el informe. Esta situación podría constituir una violación a la Ley de Ética Gubernamental.

La auditoría de tres hallazgos señala que se remitieron con tardanzas de hasta tres meses, seis enmiendas de las nueve que se realizaron al contrato de $1.1 millón para el servicio de transportación escolar. Los municipios deben remitir copia de todos los contratos dentro de los 15 días siguientes a su formalización ya que ninguna prestación se podrá exigir hasta tanto el mismo se haya registrado en la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

"Contrario a la ley y la reglamentación vigente, el Municipio no localizó para examen de nuestros auditores, cinco comprobantes de desembolso y sus justificantes de los años 2014 y 2015. Esta situación puede propiciar que se cometan irregularidades, o que se puedan detectar a tiempo para fijar responsabilidades", señaló la Contraloría.

El informe -que cubre el periodo del 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2018- comenta que Aguas Buenas ha pagado más de medio millón de dólares por acuerdos transaccionales de demandas desde el 2013. Las demandas en contra del Municipio fueron por violación de derechos civiles en despidos por afiliación política, discrimen por incapacidad y por daños y perjuicios a un menor. Al 30 de junio de 2018, estaban pendientes de resolución por los tribunales 10 demandas civiles por $2.2 millones.

Asimismo, la Oficina de Ética Gubernamental le requirió el 17 de enero de 2018, al alcalde de Aguas Buenas Javier García Pérez, que debía rembolsar $16,620 de su pecunia a las arcas municipales, por no solicitar la dispensa requerida en el nombramiento de un funcionario municipal. El alcalde tenía que solicitar una dispensa antes de nombrar al director de auditoría interna, ya que su padre era legislador municipal.

El 19 de enero de 2018 el alcalde prescindió de los servicios del auditor interno y el 18 de mayo de 2018, Ética concedió al alcalde un plan de pago. El acuerdo consistió de un pago inicial de $620, un pago de $2,000 en o antes del 30 de mayo de 2018, y 28 mensualidades de $500 pagaderos en o antes del 30 de cada mes. Dicho plan de pago finalizaría el 30 de septiembre de 2020, pero el 31 de octubre de 2018 el alcalde saldó la deuda. 


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