El cayo Caracoles es muy famoso entre los que tienen lanchas para llegar hasta el y recrearse. (GFR Media) (horizontal-x3)
El cayo Caracoles es muy famoso entre los que tienen lanchas para llegar hasta el y recrearse. (GFR Media)

Cerca de mil personas atestaron el fin de semana pasado el área de Cayo Caracoles, en Lajas, para darle la bienvenida al verano en una actividad que atentó contra la reserva natural de La Parguera. 

Esa acumulación de  bañistas  y lanchas en el área incrementa la preocupación por la conducta negligente de algunos nautas, la falta de educación ambiental y  la incapacidad del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) de proteger los recursos marinos, expresaron expertos consultados por El Nuevo Día.

Vídeos y  fotos aéreas del evento, que  muestran botes aglomerados en una zona  con poca superficie de agua alrededor del cayo,  han circulado por las redes sociales durante toda la semana.      

Algunas de esas imágenes  demuestran gran cantidad de basura acumulada en el fondo marino, pero en la página de Facebook, los organizadores, que no se identificaron y tampoco contestaron una petición de entrevista de El Nuevo Día, han argumentado que dejaron el cayo en “óptimas condiciones” y que se ha tergiversado la actividad.

Agregaron que todo se trató de una fiesta de un “corillo de panas” que gustó tanto que hicieron una convocatoria abierta, en la que se advirtió que solo se permitirían flotadores, lo que no ocurrió. 

La secretaria de Recursos Naturales y Ambientales, Tania Vázquez Rivera, indicó que los organizadores, que convocaron la actividad bajo el nombre de  Floatopia, no cumplieron con el requisito de solicitar un permiso que va de la mano del pago de $500 ni el seguro de responsabilidad pública de $1 millón.

Para el director del programa Sea Grant, Ruperto Chaparro,  y el   investigador del Departamento de Ciencias Marinas del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Julio Morell, eventos como este no son nuevos, pero igual de preocupantes. 

Ambos coincidieron en que el evento constituyó una amenaza a la seguridad de los propios bañistas al estar expuestos a heces fecales, orín y combustible de embarcaciones, sin contar con el contratiempo que hubiera significado sacar en medio de una emergencia a una persona entre tantas embarcaciones. 

“El recurso del agua en La Parguera, ese overloading (sobrecarga) el evento la sobrepasó”, dijo Morell. “Había una gran densidad de gente y de embarcaciones, y eso no es favorable para ningún ecosistema. Infiero que la calidad del agua por las embarcaciones se afectó”, agregó Morell.

Los expertos también señalaron el grave problema de ruidos excesivos   en el poblado de La Parguera y   en los propios manglares y cayos.

Preguntado sobre dónde se traza la línea entre lo que es un uso adecuado ono del recurso natural, Morell dijo que, en eventos masivos anteriores, los organizadores se han identificado y, al solicitar los permisos, se han hecho responsables de cualquier daño ocasionado al medioambiente. 

“Tienes que definir el uso que le vas a dar al recurso. Esto es un área de baño, no puedes entrar con tantas embarcaciones al área de baño. El  otro tema es el anclaje, tienes que anclar en las boyas”, dijo el investigador.

Chaparro, entretanto, opinó que, para los efectos del DRNA, las reservas naturales de Puerto Rico solo aparecen “en los papeles”.

“No se les asigna un presupuesto para vigilancia. Los recursos se manejan solos, es el manejo de los usuarios. Tienes un recurso de gran valor que lo reconoció el gobierno y no le asignas fondos para manejar a los usuarios”, dijo Chaparro, al argumentar que reservas naturales como Isla Verde y Combate se prestan para eventos masivos, ya que no cuentan con tantos recursos sensitivos, como corales.

“Deben tratar de conseguir un presupuesto para manejar las reservas naturales y   marinas, con personal adiestrado y el equipo necesario para que cuando se dé este tipo de evento tengas a alguien velando en la rampa de botes y a alguien en Caracoles velando que, tan pronto se llenan las boyas, no va nadie más”, insistió. 

Los especialistas coincidieron en que el DRNA falló en vigilar las redes sociales, lo que le hubiera dado la oportunidad a la agencia para ser más proactiva. Además, dijeron que la Junta de Calidad Ambiental, también dirigida por Vázquez Rivera, debió haber hecho un muestreo de calidad del agua inmediatamente después del evento.

Critican eventos anónimos

A juicio de Efraín Figueroa, un capitán de bote con  más de 30 años de experiencia en La Parguera, además de comerciante e instructor en el Programa de Ciencias Marinas, los eventos organizados por personas que no se identifican sirven de subterfugios para no pagar los permisos requeridos y violar la ley.  

“Para poder navegar aquí lo que necesitas es el dinero para el bote”, dijo Figueroa, al recordar que la licencia que otorga  el Estado a los nautas se consigue aprobando solamente un examen teórico. 

“Ahora, no hay disciplina en el agua, la gente no sabe. Simplemente compran un sticker y vámonos. Es una cuestión de educación y eso no se logra atender de un día para el otro”.

Con él coincidió la doctora Antares Ramos, directora tanto del programa de arrecifes de coral como del programa de zona costanera de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), quien señaló que la cultura nauta en la isla está “desmedida”.

“Conozco la cultura. Ha cambiado mucho y los usuarios no son educados. Olvidan que, si dañas el ambiente, perdiste tu playa. También hay mucho bullying envuelto entre ellos mismos. Hay mucha actitud de falta de respeto a la autoridad”, dijo Ramos.

Preguntada sobre si el DRNA pudo ser más proactivo, Ramos fue cautelosa. 

“Lo que se puede hacer es educar”, dijo. “Pero si me dejan   cambiar la Ley de Reservas Naturales, la reenfoco a lo marino y cero anclaje. Que sean solo boyas y nada más”, expresó.

Chaparro y Morell coincidieron, por separado, en la necesidad de que el DRNA instale más boyas para anclar botes   y que sea mandatorio para cualquier dueño de embarcación anclar en estas, alejados del área de bañistas.

Mientras tanto, René Esteves, director del programa de extensión marina en Sea Grant, manifestó que el fondo marino sufre con eventos  masivos como Floatopia, que también se repiten en otras fechas del año, particularmente durante fines de semana largos o en Semana Santa.

“El daño viene con las anclas, la contaminación, esos motores prendidos y toda esa gente a la misma vez en el agua pisando el fondo marino, lo que provoca que suba el sedimento”, dijo el también especialista auxiliar del Servicio  de Extensión Agrícola en el Recinto de Mayagüez  de la UPR.

“Cuando hay una concentración bajita (de desperdicios) el ecosistema los acepta, pero en esa concentración tan exagerada no hay manera”, agregó. 

Esteves dijo que el gobierno debe tener la facultad de desalojar áreas marítimas como lo hace el Cuerpo de Bomberos, que  puede ordenar el cierre de una instalación privada si determina que se alcanzó el cupo máximo de personas y se coloca en riesgo la vida de los ciudadanos.

Esteves recalcó  la importancia de que todos los ciudadanos, sean amantes del mar o no, se interesen en la protección de los recursos naturales.

“Los beneficios que nos dan los recursos marinos y costeros de manera directa o indirecta nos favorecen a todos. De la misma manera que un ciudadano de la montaña  le debe importar lo que pasa con el sistema público de enseñanza o el sistema de retiro, le debe importar cómo se utiliza el terreno público. A lo mejor ellos no, pero quizás sus hijos se enamoran del mar y querrán utilizar esos recursos”.


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