El secretario del Tesoro federal, Steve Mnuchin, y su equipo se han reunido con la gobernadora Wanda Vázquez Garced. (GFR Media)

La gobernadora Wanda Vázquez Garced informó ayer que todavía examinan alternativas para sustituir el arbitrio sobre las ventas de las manufactureras foráneas, tal como sugirió el Departamento del Tesoro estadounidense, agencia que próximamente dejará de honrar el crédito que estas empresas reciben por lo que pagan por este tributo en la isla.

La mandataria indicó que la intención es que los tributos que sustituyan el arbitrio, que fue creado por la Ley 154 de 2010, no impliquen un aumento en las contribuciones de los consumidores o los trabajadores puertorriqueños.

“Se están examinando las alternativas. Vamos a buscar aquellas que no perjudiquen al pueblo. Es un dinero que forma parte del plan fiscal. Ese dinero tiene que estar disponible”, dijo a El Nuevo Día.

El problema es que este arbitrio provee alrededor de $1,940 millones al año al gobierno. Esa cifra representa alrededor del 20% de los ingresos que, en un año, recibe el gobierno central. Gravámenes como la contribución sobre ingresos que pagan los trabajadores y el Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) son de los pocos que generan recaudos en este orden.

Vázquez Garced indicó que, por el momento, no tienen un tiempo específico para completar el análisis, determinar cómo se sustituirán los recaudos y proceder con un proceso de transición. Sostuvo que tiene la expectativa de regresar a Washington, D.C. para reunirse nuevamente con el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, y su equipo de trabajo para, entre otras cosas, discutir este tema.

El crédito estadounidense por el que las manufactureras foráneas pagan en arbitrios aquí fue establecido en 2010 como una medida para darles alivio a las maltrechas finanzas públicas que, para aquel entonces, ya sufrían las consecuencias de la depresión económica que todavía vive la isla. Este crédito dejó de ser compatible con el esquema contributivo estadounidense a partir de 2017, cuando se reformó la manera en que tributan las empresas estadounidenses con operaciones en el exterior. Para efectos contributivos, Puerto Rico es una jurisdicción extranjera para Estados Unidos.


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