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Los centros judiciales de Aguadilla, Bayamón y Guayama sufrieron daños severos en sus estructuras, por lo que sus funciones podrían trasladarse a otras zonas por un término más prolongado. (horizontal-x3)
Los centros judiciales de Aguadilla, Bayamón y Guayama sufrieron daños severos en sus estructuras, por lo que sus funciones podrían trasladarse a otras zonas por un término más prolongado. (Juan Luis Martínez)

La crisis institucional, económica y social que vive el país tras la destrucción causada por el huracán María se refleja en los casos que llegan a la Rama Judicial, que en las pasadas tres semanas ha atendido 442 peticiones de órdenes de protección por violencia de género y 305 solicitudes de relocalización de menores.

Estos dos asuntos, además de las vistas de causa para arresto (Regla 6), han acaparado la atención de los jueces y fiscales que han estado activos después del paso del ciclón, según estadísticas oficiales de la Rama Judicial.

“Vimos muchos asuntos de familia relacionados a la remoción de menores y la petición de uno de los padres para trasladar a sus hijos fuera de Puerto Rico, pero había desacuerdo entre las partes respecto a este tema”, explicó el juez Sigfrido Steidel, director de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT).

El tema de la emigración tras el ciclón volvió a discutirse públicamente ayer cuando el gobernador Ricardo Rosselló alertó que el Departamento de Educación ha perdido entre 3,700 y 3,800 alumnos que se fueron a Estados Unidos.

Anteriormente, funcionarios y portavoces de escuelas y universidades en el estado de Florida habían hablado de la cantidad de puertorriqueños que han migrado y de las ayudas que necesitan.

Respecto a los casos de violencia de género, ya diversas organizaciones habían anticipado un alza debido al aumento en el desempleo y la falta de viviendas.

Normalizar labores

Las órdenes de protección y las solicitudes de relocalización de menores se ven en las salas municipales, que tuvieron prioridad en el plan para retomar las operaciones de la Rama Judicial luego del paso del huracán María el pasado 20 de septiembre.

También el las salas municipales se ven las denuncias, las peticiones por acecho y solicitudes de ingreso voluntario. Incluye también la Ley 140, que atiende asuntos que pueden cobrar resonancia durante desastres naturales, como controversias sobre colindancias, custodia de menores y disputas entre arrendadores y arrendatarios.

“Eso nos parecía que era lo urgente, porque son los asuntos que llegan a lo que son las salas de investigaciones, que son como las salas de emergencia de los tribunales”, señaló Steidel.

Activaron, además, al personal del Programa de Acceso para Litigantes por Derecho Propio (Pro Se) y la división de mediadores. “Queríamos que estuvieran disponibles para atender asuntos que, por su naturaleza, pudieran ser mediados, como controversias entre vecinos por el manejo de escombros o el ruido de las plantas eléctricas”, señaló.

La acción inmediata –justo el domingo después del azote del huracán– fue habilitar el Centro Judicial de Caguas, que se convirtió en una especie de “refugio” desde donde se atendían los asuntos municipales y recursos extraordinadios de 10 regiones judiciales, con excepción de Aguadilla, Mayagüez y Arecibo.

Posteriormente, las funciones se fueron ampliando hasta llegar a un modelo similar al que se tiene hoy día, donde están operando las 13 regiones judiciales, tres de ellas en salas alternas ante los daños estructurales que sufrieron los centros judiciales.

Steidel indicó que con energía eléctrica están operando los centros judiciales de Arecibo, Ponce, Mayagüez, Carolina y San Juan. Estos últimas dos con intermitencias en el servicio. “En las regiones que están operando con plantas, hemos establecido un horario apropiado para nosotros y para los demás componentes, como Fiscalía”, agregó.

Activación inmediata

Ante los primeros reportes de que María impactaría directamente a Puerto Rico, el Departamento de Justicia –componente esencial del sistema judicial– diseñó un plan de trabajo que iba desde proteger toda la data sensitiva que conservan en sus archivos hasta determinar desde dónde trabajaría cada uno de sus componentes para evitar la paralización de las labores.

Justicia tiene una plantilla de sobre 700 empleados, entre los que hay más de 90 abogados y 300 fiscales. La sede de la agencia, en Miramar, en San Juan, quedó destruida, por lo trabajan en identificar un nuevo edificio.

“Fiscalía fue el personal que estuvo trabajando 24/7 en, durante y después de María. Tenían un plan bien estructurado”, detalló la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez.

Varias de las oficinas de fiscalías –la mayoría de ellas ubicadas en los centros judiciales– fueron afectadas por los vientos y lluvias. La alternativa inmediata fue trasladar sus funciones a las comandancias policiacas, desde donde algunos aún trabajan, a cuatro semanas del huracán.

“Fue un proceso bien curioso y colaborativo, porque en la comandancia estuvo la Policía y los jueces y allí se vieron los casos”, señaló Vázquez.

Ese escenario se dio, por ejemplo, en las comandancias de Aibonito, Guayama, Ponce, Humacao y Bayamón. “Así seguimos funcionando, investigando y procesando los casos a nivel criminal con los jueces y fiscales de turno”, expresó la jefa de Justicia.

Mientras, el personal que no estaba de turno se reactivó el lunes posterior al huracán para iniciar labores conducentes a conocer el paradero de los compañeros de trabajo y determinar sus necesidades. El paso siguiente fue asignarlos a tareas relacionadas con la recuperación y distribución de alimentos.

A paso seguro

Regresar a un calendario regular –después de más de un mes de atraso– no solo tomará tiempo, sino que dependerá grandemente de la recuperación del país y de las necesidades particulares de cada región judicial.

Los centros judiciales de Aguadilla, Bayamón y Guayama sufrieron daños severos en sus estructuras, por lo que sus funciones podrían trasladarse a otras zonas por un término más prolongado. Aún no hay un estimado global de a cuánto ascienden los daños.

“Cada región va a tener un paso distinto, porque los daños en las regiones son diferentes, la cantidad de casos son diferentes y, por lo tanto, las dinámicas de las regiones en términos jurídicos son distintas”, estableció Steidel.

“Yo lo que les puedo decir es que hay un compromiso enorme de parte de todos los jueces, funcionarios, el equipo gerencial y la jueza presidenta para tratar de que la normalidad llegue lo antes posible con el menor disloque posible”, puntualizó el juez.


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