La resolución fue referida a la Comisión de Gobierno del Senado. (GFR Media)

El senador Eduardo Bhatia radicó hoy, viernes, una resolución para que se investigue la labor realizada por varias compañías y consultores externos de la Autoridad deEnergía Eléctrica (AEE).

De aprobarse la medida, la investigación se centrará en el trabajo hecho por la empresa Filsinger Energy Partners y su director ejecutivo Todd Filsinger, la firma Ankura Consulting Group y sus socios Juan Carlos Batlle, Fernando Batlle y Jorge San Miguel, y el ingeniero José Pérez Canabal.

Filsinger se desempeña como principal oficial financiero de la AEE y cobra $842 por hora. Desde diciembre de 2017 al presente, su compañía ha sido contratada por $32,050,000.

Mientras, Ankura Consulting Group ofrece asesoría financiera, particularmente, en lo relacionado con el proceso de reestructuración de deuda bajo el Título III de la ley Promesa. Desde junio de 2017 al presente, la empresa ha pactado con la AEE por $28,370,000.

Pérez Canabal, por su parte, fue reclutado como “consultor estratégico” en áreas tan diversas como infraestructura, finanzas y regulación, entre otras. Desde octubre pasado hasta el presente, sus contratos totalizan $317,800, a razón de $150 por hora. Pérez Canabal fue vicepresidente de la Junta de Gobierno de la AEE bajo la gobernación de Luis Fortuño. Dejó el puesto en medio de señalamientos de conflicto de interés y fraude, que no prosperaron en los tribunales.

Esta es una resolución importante porque parte de lo que tiene que empezarse a discutirse en el país es para qué son estos contratos”, dijo Bhatia a El Nuevo Día.

“Tiene que haber una transparencia total. Tiene que haber una forma de medir si estos contratos fueron buscados, cabildeados o exigidos por algunas de las personas que se han convertido en los cabilderos de Puerto Rico, o si realmente amerita que los tengamos porque el ciudadano está pagando por ellos”, agregó el portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado.

La resolución fue referida a la Comisión de Gobierno del Senado, que deberá rendir un “informe detallado”, con hallazgos, conclusiones y recomendaciones, en o antes de mayo de 2020, cuando culmina la séptima sesión ordinaria. Además, la Comisión deberá recomendar acciones legislativas y administrativas para adopción.

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